Sector regulatorio energético (eléctrico) de Entre Ríos: Enigmas por resolver

Entre Ríos se ha caracterizado por ser, desde hace mucho tiempo, una de las provincias que propone una tarifa eléctrica muy por encima del promedio nacional y, más aún, resultando ser una de las más altas del país. Esto ayuda, en gran medida, a explicar la poca evolución y desarrollo que han tenido los sectores productivos con mayor requerimiento energético, siendo un ejemplo de ello, la industrial local, sin olvidarnos de las que han emigrado a otras provincias, como es el caso de las arroceras, acaso una de las más electrodependientes. 

La política provincial, a través de esa arbitraria definición de sostener tarifas eléctricas entre las más altas del país, se negó, de hecho, a permitir la posibilidad de desarrollar su industria, insistiendo en evolucionar socialmente de la mano de una economía agro pastoril, cada vez más primarizada, optando por un camino que, hasta el momento, no ha dado resultados funcionales, sino todo lo contrario.

La política local pretendió -sin jamás explicar los motivos de ello- dar la espalda a la resultante de esa definición política de sostener tarifas eléctricas inviables para el desarrollo. O sea, efectos de segunda ronda, donde las tarifas eléctricas ingresan en la matriz de costos de las empresas y, por lo tanto, en la conformación de precios de bienes y servicios, lo cual nos condenó a “importar” manufacturas desde otras provincias. 

Al conjunto de observaciones anteriores sumariamente expuestas, le debemos agregar que: tarifas eléctricas altas, no significan infraestructura sólida ni inversiones energéticas de envergadura, ni básicas de mantenimiento. Por ende, queda al descubierto que la mediocre calidad del servicio de provisión de energía, no está directamente vinculado a las tarifas.

Muy a pesar de esta definición política trazada por todos los últimos gobiernos provinciales, de sostener en Entre Ríos una tarifa entre las más altas del país, se detecta una insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación (inversiones) de las redes y su ampliación.

Se advierten niveles de reserva operativos limitados en días y horas de alta exigencia, junto con desconfianza en el sistema que, al no ser robusto en términos de confiabilidad y operación, genera riesgo de restricciones en el suministro ante hechos imprevistos.

Debemos señalar que, en nuestra provincia, NO existe planificación energética; NO hay ningún organismo provincial encargado del sector energético que brinde información adecuada, completa, oportuna y veraz sobre cuáles son y cómo se llega a los costos de distribución, por ende, el ente regulador de la energía (EPRE), se convirtió en una suerte de escribanía que convalida a libro cerrado cada pedido hacen desde ENERSA para aumentar las tarifas, requerimientos que, a juzgar por su temeridad, parecerían ser manifiestamente arbitrarios e irrazonables. En consecuencia, al desconocerse cómo se arriba a los valores requeridos por la empresa distribuidora, las tarifas no reflejan el costo real del suministro.

Lo que permitió el EPRE

Para aclarar el panorama actual, debemos señalar que la quita de subsidios energéticos dispuestos por el Gobierno Nacional, no se ha aplicado a la fecha. En consecuencia, la afirmación de funcionarios provinciales de que los aumentos de tarifas en Entre Ríos se deben a la política del gobierno nacional por la quita de subsidios, RESULTA FALSO.

Sin perjuicio de lo anterior, este nuevo gobierno provincial, a partir de un ingenioso “procedimiento de adecuación de costos”, ha generado las condiciones perfectas para que se desencadenen ominosos tarifazos a repetición, castigándose severamente a la ciudadanía toda y a los sectores productivos y del comercio, sin olvidar de que este azote económico, ha llegado a clubes y entidades sin fines de lucro, donde el consumo de energía es una necesidad vital e insustituible para el desarrollo de sus actividades específicas.   

En efecto, el nuevo procedimiento de adecuación de los costos de distribución como consecuencia de la Resolución EPRE N°71/24, es mensual (dejó de ser trimestral), lo que significa que, a partir del mes de mayo, todos los meses habrá aumentos de tarifas sin ningún tipo de tope.

Los aumentos en las tarifas eléctricas en la Provincia de Entre Ríos, desde enero a abril 2024 (inclusive), se han dado por dos aspectos:

a) Aumentos del precio mayorista del costo de energía y potencia (MEM) fijados por el Estado Nacional mediante Resolución SEN N°7/24 de fecha 02/02/2024, y b) Por el aumento del valor agregado de distribución (VAD) determinado exclusivamente por el EPRE.

Este aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD), aprobado por el EPRE, es el que explica en mayor grado el salvaje tarifazo que hoy puede verificarse. La VAD, muy sencillamente, es el costo medio de inversión, mantenimiento y funcionamiento de una empresa (ENERSA). Más sencillo todavía, el VAD corresponde al costo de tomar la energía eléctrica desde las redes de transmisión y llevarla a industrias, comercios y residencias, computándose también los gastos de comercialización, atención de equipos, medición, facturación, etc.

Lo que nadie quiere mostrar

Lamentablemente tenemos que informar que se advierte desde febrero de 2024, un notable incumplimiento por parte de las tres distribuidoras agentes MEM de la Provincia en lo que respecta a sus obligaciones de pago para con CAMMESA. 

En efecto, el último informe de cobranzas (29/02/2024) de CAMMESA demuestra que la Cooperativa de Gualeguaychú abona un 92% de sus compras, la Cooperativa Concordia un 54% y la ENERSA tan solo un 31% (ésta ultima o demanda, además, a cancelar obligaciones con plan espejo). Es decir que, hacen una retención indebida de fondos que recaudan y deben ser transferidos directamente por el principio de pase directo al Estado Nacional. Agregamos que es el EPRE el encargado de controlar el cumplimiento de esta obligación, conforme lo establece el propio marco regulatorio.

En este sentido, hay en nuestra provincia una falta de jerarquización del ente regulador (que conlleva un fuerte debilitamiento institucional), quien se encuentra apartado de su función fundamental de control de la actividad regulatoria. 

Sus máximas autoridades deben ser elegidas por concurso público y no estar conducido por ciudadanos “políticos” que nada conocen del sector ni se comprometen siquiera a formarse/capacitarse para ocupar tales cargos. Se advierte una falta total de independencia frente al poder político de turno (y/o de los pedidos de ENERSA). 

En estas cuestiones, como la energética, no se debe improvisar (aunque está visto que se puede), porque si no, los magros resultados están a la vista, resultandos irrefutables, al igual que las quejas y enojo de los ciudadanos y ciudadanas.

Se adjuntan, para su observación y análisis, planillas oficiales de Excel relativas a deudas mantenidas por estos ítems y que debería verificar el EPRE.

Autores del trabajo presentado por Paralelo 32: Alejandro Di Palma, Roberto Domingo y Rubén Pagliotto.
Abril 2024.