Este miércoles se llevará a cabo la prueba Aprender en el marco del Plan Nacional de Alfabetización, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei. La evaluación, que tiene como objetivo medir el nivel de competencia lectora de los estudiantes, se aplicará a 105.863 estudiantes de 3er. grado en 4.292 escuelas de todo el país. El examen se llevará a cabo en instituciones de distintos contextos, abarcando escuelas rurales, urbanas, tanto de gestión estatal como privada.<h2>Objetivo: Evaluar y mejorar la lectoescritura</h2>El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, informó que la prueba se enfocará en evaluar los aprendizajes en Lengua del primer ciclo de la primaria. La evaluación está diseñada para medir la competencia lectora de los estudiantes, un aspecto clave en el desarrollo de habilidades fundamentales para el resto del proceso educativo.“Esta evaluación permitirá analizar y mejorar los índices de lectoescritura en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, indicó el ministerio en su comunicado oficial. La prueba tiene como propósito generar información precisa sobre el desempeño de los alumnos en lengua, contribuyendo así a la mejora del sistema educativo argentino.<h2>La estructura de la prueba</h2>La prueba Aprender se llevará a cabo mediante tres cuadernillos. En los dos primeros, los estudiantes resolverán ejercicios de lectura y responderán preguntas de opción múltiple sobre diferentes tipos de texto. En el tercer cuadernillo, se les solicitará contestar preguntas sobre su experiencia escolar y el entorno en el que viven, brindando una visión integral del contexto de aprendizaje.Además, se incluirá una encuesta dirigida a directores y docentes, quienes también responderán preguntas que permitirán obtener información sobre las características de las escuelas, los recursos disponibles, las estrategias de enseñanza implementadas y el clima escolar en cada institución.<h2>La importancia de la evaluación para la educación</h2>Desde el Ministerio de Capital Humano, se destacó que los resultados de esta prueba serán fundamentales para el diagnóstico del estado de los aprendizajes en el país. Con esta información, se podrán tomar decisiones orientadas a fortalecer el Plan Nacional de Alfabetización y los planes jurisdiccionales de alfabetización."La prueba Aprender es una herramienta esencial para generar el cambio que buscamos en el sistema educativo", subrayó el comunicado del ministerio, resaltando la importancia de contar con datos claros sobre el progreso de los estudiantes para implementar mejoras en la educación en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Capital Humano realiza la prueba Aprender dentro del Plan Nacional de Alfabetización

El Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1,4 millones de turistas y un gasto de $196.233 millones

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La condena, emitida originalmente en diciembre de 2022, se dio tras considerar que la exmandataria direccionó licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones y cercano al círculo familiar de los Kirchner.La resolución fue confirmada este miércoles por la Sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La defensa de Cristina Kirchner presentó un escrito informando que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, agotando así la última instancia judicial. La expresidenta no estuvo presente en la audiencia y siguió la lectura en forma remota.La sentencia, emitida en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, declaró a Kirchner autora responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el mismo fallo, se dispuso su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, aunque fue absuelta por mayoría del cargo de asociación ilícita, ya que solo el juez Basso se pronunció a favor de condenarla por este delito adicional.A pesar de la confirmación de la condena, la expresidenta no será detenida de inmediato, ya que el Código Procesal Penal Federal establece que la sentencia se ejecuta solo cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales. Esto implica que, si la Corte Suprema rechaza el recurso de apelación, se iniciaría la ejecución de la pena, un proceso que podría extenderse durante años.Cristina Kirchner, quien actualmente no tiene fueros que la protejan de un arresto, podría solicitar el cumplimiento de su condena en prisión domiciliaria dado que supera los 70 años de edad. Además, si el proyecto de la ley de “ficha limpia” prospera en el Congreso, esta condena confirmada impediría que se postule a cargos públicos.En la misma causa, la Cámara de Casación ratificó también las condenas de otros exfuncionarios y de Lázaro Báez, quien ya cumple prisión domiciliaria en Santa Cruz por otros delitos, como enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de un arma de fuego.

Casación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por el caso Vialidad

Confirman la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por el caso Vialidad

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo ayer una reunión con dirigentes nacionales del Partido Justicialista (PJ) en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este encuentro marcó el primer encuentro de trabajo entre CFK y los dirigentes que la acompañarán en el nuevo consejo del PJ, luego de la proclamación formal de la lista Primero la Patria como la conducción del partido a nivel nacional.La reunión, que comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana, reunió a una importante representación política del PJ, con figuras destacadas como el Ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, el senador José Mayans, el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin, el intendente de Lomas de Zamora, Gustavo Menéndez, y representantes sindicales como Ricardo Pignanelli, líder de SMATA. Además, participó el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien se convirtió en consejero titular de la Mesa Directiva del Consejo Nacional Federal del PJ tras la decisión de la Junta Electoral del partido.Fuertes, quien integra la lista encabezada por CFK, se convirtió en el primer villaguayense en formar parte de la mesa de conducción del PJ nacional en los últimos 40 años, desde el retorno a la democracia. Esto lo posiciona como una figura clave dentro de la estructura del partido, que agrupa a más de tres millones de afiliados, según datos de la Universidad Di Tella de 2022.A través de sus redes sociales, Fuertes compartió una imagen del diploma recibido de manos de las autoridades de la Junta Electoral del partido, acompañada de un mensaje que convocaba a la unidad dentro del PJ, reforzando el compromiso de trabajo conjunto para el futuro político del país.

Cristina Kirchner reunió a la nueva dirigencia del PJ en busca de unidad y fortaleza

El Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (Conaduv) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) expresaron su firme rechazo a la nueva Red Federal de Concesiones presentada por el gobierno nacional.&nbsp;A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones calificaron la implementación del sistema de peaje directo con cabinas de cobro como un "fracaso y una estafa vial", aludiendo al modelo implementado en los años 90 y reiterando su oposición a la extensión del mismo en la nueva licitación que incluye, entre otros tramos, la Conexión del Puente Rosario – Victoria.El gobierno tiene previsto licitar aproximadamente 9.000 kilómetros de corredores viales nacionales bajo este sistema, en dos etapas. La primera de ellas contempla el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la Conexión del Puente Rosario – Victoria y RN 174, con un llamado a licitación que se realizará en diciembre de 2024 y una adjudicación estimada para abril de 2025. La segunda etapa involucra los tramos I a X, que actualmente son operados por la empresa Corredores Viales S.A., y se licitarán en febrero de 2025 con una adjudicación prevista para julio de 2025.Sin embargo, para Conaduv y AP, el sistema de concesión por peaje directo está lejos de ser una solución adecuada para las necesidades viales del país. Según expresaron, este modelo de financiamiento vial favorece a los concesionarios, quienes obtienen grandes ganancias sin realizar prácticamente ninguna inversión en infraestructura, lo que representa un "riesgo cero" y "casi inversión cero" para ellos, mientras que los usuarios y la sociedad en general cargan con los perjuicios sociales y económicos.Además, ambas entidades destacaron que el gobierno está considerando un ajuste mensual en las tarifas de peaje actuales, con un incremento de hasta un 200% cuando entren en funcionamiento los nuevos concesionarios, lo que agrava aún más la situación de los usuarios. También señalaron que las nuevas concesiones solo exigirían a las empresas mantener la infraestructura existente, como la señalización, el corte de pasto y los trabajos básicos de mantenimiento, sin contemplar la realización de nuevas obras de ampliación de la red vial, como la conversión de rutas en autovías o autopistas.En este contexto, Conaduv y AP hicieron un llamado urgente al gobierno para que convoque a una Audiencia Pública con la participación de todos los actores involucrados: usuarios viales, funcionarios públicos, gobernadores, intendentes y legisladores nacionales y provinciales. Las organizaciones enfatizaron que, si la política vial definida por el presidente es realmente una política de Estado, los caminos deben ser considerados bienes de dominio público, financiados íntegramente por los usuarios. Por lo tanto, antes de tomar una decisión "apresurada y arbitraria", pidieron que se escuchen las propuestas de quienes pagan los peajes y quienes sufren las consecuencias del sistema actual."Es imperativo que se escuche a los ciudadanos antes de seguir adelante con un modelo que, en su forma actual, no beneficia a nadie más que a los concesionarios", concluyeron.

El Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial rechaza la nueva Red Federal de Concesiones

En medio de un año marcado por una fuerte suba de la inflación en la primera parte del año y la recesión económica, los precios de la nafta y el gasoil en Argentina han alcanzado los niveles más altos en dólares en los últimos seis años, según un informe reciente de la consultora Economía y Energía. Esta escalada de precios ha provocado una caída en la demanda de combustibles, lo que se refleja en una reducción en las ventas y en un cambio en el comportamiento de los consumidores, quienes buscan alternativas más económicas.Desde diciembre pasado, cuando el Gobierno de Javier Milei decidió liberalizar los precios de los combustibles, los surtidores experimentaron un fuerte incremento de valores. Aunque los precios en pesos constantes se ubicaron en promedio un 7% por debajo de los registrados entre 2019 y 2023, el cálculo en dólares muestra una realidad distinta: los valores actuales son un 25% superiores al promedio de esos mismos años.<h3>Ajuste de precios en el mercado local y su impacto en las ventas</h3>El informe señala que los precios en octubre estuvieron un 20% por debajo de los de enero de 2024, cuando el aumento inicial fue más fuerte. Además, el precio del crudo en el mercado local se ha alineado con el valor de exportación, en línea con una antigua demanda de las petroleras y la estrategia del Gobierno. Este alineamiento responde también a una baja en el precio internacional del petróleo, que ronda los USD 70 por barril, el nivel más bajo desde 2021.La liberalización de precios y el alza de valores en dólares tuvieron un impacto notable en el consumo. En los primeros nueve meses del año, la venta de combustibles cayó un 6% en comparación con el mismo período de 2023. La caída más pronunciada se dio en las naftas premium, cuyas ventas disminuyeron un 21% interanual, evidenciando que los consumidores están optando por opciones más accesibles. En contraste, la venta de nafta súper tuvo una merma más moderada del 2%.<h3>Caída en el gasoil y el comportamiento de los consumidores</h3>El gasoil, que suele tener una demanda más estable debido a su uso en el sector productivo y el transporte, también experimentó una disminución en ventas del 6% en el mismo periodo de nueve meses. Esta caída está relacionada tanto con la situación económica general del país como con el aumento de precios, que ha llevado a muchos usuarios a reducir el consumo y optar por combustibles de menor costo.Con este panorama, el sector de combustibles en Argentina enfrenta un desafío importante, ya que los precios elevados en dólares y la contracción del consumo doméstico han impactado de manera directa en la actividad económica y en las estrategias de las petroleras, que ahora ajustan sus expectativas a un mercado recesivo y con una alta presión inflacionaria.

Precios de combustibles en dólares alcanzan su nivel más alto en seis años, afectando las ventas en medio de la inflación

Precios de combustibles en dólares alcanzan su nivel más alto en seis años, afectando las ventas

El Ministerio de Economía está considerando un cambio significativo en el esquema de subsidios para la energía eléctrica y el gas en Argentina, que podría simplificar las categorías de beneficiarios y reducir gradualmente las ayudas económicas. Fuentes de la Secretaría de Energía informaron que el Gobierno estudia prorrogar por otros seis meses el sistema de transición, reduciendo progresivamente los subsidios hasta llegar a dos tipos de usuarios: con o sin subsidio.Actualmente, rige un sistema de segmentación en tres niveles, diseñado en su momento por el exministro de Economía, Martín Guzmán, y puesto en práctica bajo la gestión de Sergio Massa. Este esquema, que clasifica a los usuarios según los ingresos de sus hogares, está previsto que finalice el 30 de noviembre, aunque el decreto 465/2024, que regula esta política, contempla una extensión de seis meses. Sin embargo, desde el Gobierno ya anticiparon que esta segmentación en tres niveles podría abandonarse.<h3>El esquema actual de segmentación y subsidios</h3>El sistema actual clasifica a los consumidores de gas y electricidad en tres niveles, basándose en los ingresos familiares:Usuarios de bajos ingresos (N2): en gas, reciben una bonificación del 64% sobre un bloque de consumo, pagando el precio de referencia solo en el excedente. Para electricidad, el bloque subsidiado es de 350 kWh mensuales, con una bonificación del 72%.Usuarios de ingresos medios (N3): para gas, reciben una bonificación del 55% sobre un bloque de consumo. En electricidad, el subsidio cubre hasta 250 kWh mensuales, con una bonificación del 56%.Usuarios de ingresos altos (N1): las industrias, comercios y hogares de este grupo pagan el valor de referencia sin bonificaciones adicionales, aunque este valor ya incluye un subsidio estatal.En el caso del gas, el precio de referencia se ha mantenido por debajo del costo real. Actualmente, equivale a unos USD 3,08 por millón de BTU, mientras que el costo promedio en el país ha sido de USD 4,77. En electricidad, el valor de referencia subsidiado es de $63.187 por MWh, en comparación con el costo total de $68.016 por MWh.Por lo tanto, las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos (N1) también reciben transferencias y pagan el 64% del costo del gas. Con las bonificaciones sobre un valor de referencia ya subsidiado, los N2 cubren el 23% del costo del gas y los N3, el 29%. El resto lo financia el Ministerio de Economía con subsidios.En electricidad, los usuarios N2 y N3 tienen un consumo bonificado hasta un bloque máximo, que es de 350 kwh por mes para los hogares de ingresos bajos y de 250 kwh para los de ingresos medios. Hasta ese tope de consumo, los usuarios N2 tienen una bonificación de 72% y los N3, el 56%.Al igual que en gas, como el valor de referencia también está subsidiado (es $63.187 el MWh de un costo sin subsidios de $68.016), las industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras que los usuarios residenciales N2 pagan el 26% hasta 250 kwh de consumo por mes y 93% sobre el excedente, y los N3, el 41% por el consumo bonificado hasta 350 kwh y 93% sobre el excedente.

El Ministerio de Economía evalúa eliminar la segmentación de tarifas para usuarios de energía eléctrica y gas

Con la publicación del Decreto 955/24, el gobierno nacional ha establecido que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga ya no estarán obligadas a aceptar a monotributistas y pequeños contribuyentes en sus servicios de cobertura de salud. La nueva medida crea un “Registro de Agentes de Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes”, donde las entidades que deseen brindar cobertura podrán optar por inscribirse, sin que sea un requisito obligatorio. Esta disposición ha generado una rápida reacción de los sectores afectados, en particular de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), quienes expresaron su rechazo a esta medida.Noelia Villafañe, titular de MARA, se mostró crítica frente a este decreto impulsado por el presidente Javier Milei, señalando el impacto negativo que tendrá para el sector. Villafañe describió esta iniciativa como “sumamente perjudicial” y alertó sobre la posible eliminación del régimen de monotributo en 2025, cuando los contribuyentes podrían ser trasladados al régimen general de impuestos, implicando mayores costos y menos beneficios.“La inacción de la sociedad frente a esta situación es alarmante”, advirtió Villafañe, quien estima que, de eliminarse el monotributo, aproximadamente 4,9 millones de personas se verían afectadas. Este traspaso al régimen general conllevaría el pago de impuestos como IVA y Ganancias, así como la pérdida de beneficios actuales, incluyendo la cobertura de salud y asignaciones familiares. MARA ha manifestado formalmente su preocupación al presidente, solicitando claridad sobre el futuro del monotributo y la cobertura de salud para este segmento de contribuyentes.<h3>Un ajuste esperado en las obras sociales y prepagas</h3>La implementación de este decreto era esperada por muchas entidades de salud, según MARA, ya que las obras sociales y prepagas temían un aumento masivo de monotributistas en sus padrones. “Las prepagas ya habían expresado a la Superintendencia de Servicios de Salud que no querían recibir más monotributistas”, explicó Villafañe. Como respuesta a este reclamo, el decreto permite que las obras sociales y prepagas decidan si desean inscribirse en el nuevo registro, eliminando así la obligatoriedad de recibir pequeños contribuyentes.Villafañe también destacó que los monotributistas y sus familias, de ser aceptados en el registro, solo contarían con el Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), el cual es considerablemente más limitado en comparación con la cobertura actual. “Esta decisión empuja a los monotributistas a una situación de extrema vulnerabilidad”, enfatizó.<h3>Efectos sobre los afiliados actuales</h3>Una de las principales preocupaciones para quienes ya están afiliados a una obra social o prepaga es el riesgo de perder esa cobertura. Desde MARA informaron que, en algunos casos, las obras sociales estarían alegando deudas por parte del Ministerio de Capital Humano respecto del monotributo social, lo cual ha llevado a que algunos contribuyentes sean dados de baja a pesar de estar al día con sus pagos mensuales.“La maniobra de algunas obras sociales ya comenzó”, advirtió Villafañe. En paralelo, la dirigente destacó que las prepagas están aumentando los coseguros y reduciendo las cartillas de prestaciones para desalentar a los monotributistas.<h3>Riesgo de clandestinidad y pérdida de derechos</h3>Si bien MARA reconoce las limitaciones del monotributo, consideran que el régimen es una herramienta fundamental para mantener a millones de personas dentro de la formalidad. “Empujar a los monotributistas al régimen general los llevará a una situación de clandestinidad”, indicó Villafañe. Los contribuyentes que pasen al régimen general deberán enfrentar una carga impositiva más elevada y perderán el acceso a ciertos derechos como la obra social y las asignaciones familiares.La dirigente recordó que el diputado nacional José Luis Espert se refirió al monotributo como “una estafa”, apoyando la idea de que todos los contribuyentes deben ser responsables inscriptos. Sin embargo, Villafañe cuestiona esta postura, argumentando que desmantelar el sistema de monotributo sería devastador para millones de personas que no podrían costear las obligaciones del régimen general.<h3>Un futuro incierto para los monotributistas</h3>El Decreto 955/24 marca un cambio sustancial en el sistema de cobertura de salud para pequeños contribuyentes, que podría tener consecuencias de gran alcance para los monotributistas. Desde MARA seguirán buscando alternativas legales para contrarrestar la medida, pero Villafañe advierte que, sin una intervención directa del Ejecutivo, el futuro de los monotributistas en el sistema de salud parece cada vez más incierto.

Gobierno habilita a prepagas y obras sociales a optar por no recibir monotributistas y pequeños contribuyentes

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una medida destinada a agilizar los trámites de la administración pública, estableciendo el "silencio administrativo positivo" en ciertos procedimientos, según lo dispuesto en el Decreto 971/2024. Este cambio significa que, si la administración no responde en el plazo estipulado, la falta de resolución se interpretará automáticamente como una aprobación del trámite en cuestión.<h3>¿Qué implica el "Silencio Administrativo Positivo"?</h3>El Decreto 971/2024 introduce el silencio administrativo positivo como un mecanismo para reducir los tiempos de espera en los trámites públicos. Esta medida se basa en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, actualizada por la Ley de Bases N° 27.742, que establece que la inacción de la administración podrá considerarse una aprobación en ciertos casos. Así, los ciudadanos podrán continuar con sus solicitudes sin requerir una respuesta explícita de las autoridades, lo que representa un cambio significativo hacia la simplificación administrativa.<h3>Excepciones en Áreas Sensibles</h3>Sin embargo, el nuevo sistema no será universal. Los trámites relacionados con la salud pública, el medio ambiente, los servicios públicos y los derechos sobre bienes de dominio público están excluidos de esta modalidad, ya que requieren una supervisión específica y no se permite una aprobación tácita. En estos casos, la falta de respuesta no implicará una resolución favorable automática.<h3>Digitalización para una Gestión Eficiente</h3>Para aplicar el silencio administrativo positivo de forma eficaz, el Gobierno ha impulsado la digitalización de todos los trámites a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y otros sistemas digitales de cada organismo. Esta estrategia busca eliminar la necesidad de acudir a una oficina física, promoviendo una gestión más accesible y transparente para los ciudadanos.La implementación se realiza de forma progresiva: el sistema de silencio positivo ya rige en la Administración Pública Central desde el 1 de noviembre de 2024 y se extenderá a los organismos descentralizados a partir del 1 de diciembre de 2024.<h3>¿Qué Trámites están Alcanzados y cuáles Excluidos?</h3>El Decreto 971/2024 se complementa con dos anexos que detallan los trámites a los que aplica el silencio positivo y aquellos excluidos de la medida. El Anexo I incluye los trámites exceptuados, tales como autorizaciones en sectores sensibles y servicios esenciales, mientras que el Anexo II abarca los trámites en los que sí se aplicará el silencio positivo. Entre estos, se encuentran permisos turísticos y registros de datos personales, áreas en las que la agilidad es fundamental y la aprobación automática no implica riesgos significativos.<h3>¿Qué Cambios traerá esta Medida para los Ciudadanos?</h3>El sistema de silencio positivo representa una ventaja para quienes esperan respuestas rápidas en sus gestiones cotidianas. De acuerdo con fuentes oficiales, este cambio permitirá reducir la burocracia y facilitará la obtención de autorizaciones en sectores no críticos. Para los interesados, los detalles sobre qué trámites aplican a este nuevo sistema pueden consultarse en los anexos del Decreto 971/2024, disponibles en la web del Boletín Oficial de la República Argentina.

El Gobierno Nacional implementa el "Silencio Administrativo Positivo" para agilizar los trámites públicos

La tarifa de electricidad experimentará una suba del 2,5%, mientras que la de gas aumentará en un 2,7%, de acuerdo con la resolución que será publicada en el Boletín Oficial este viernes. Este ajuste llega luego de que el Gobierno decidiera posponer los aumentos programados para julio, en un intento de proteger el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, las tarifas volvieron a incrementarse en septiembre, con un promedio de aumento del 4%.Según explicaron fuentes oficiales en septiembre, estas subas tienen como objetivo asegurar la sustentabilidad del suministro energético, evitar el desabastecimiento y mantener la viabilidad económica del sector. Dado que las temperaturas suelen moderarse en primavera y la demanda de gas y electricidad disminuye, se espera que el incremento en las tarifas se vea compensado en los hogares con una reducción en el consumo.<h2>Plan de Contingencia 2024-2026 para enfrentar meses críticos</h2>En paralelo, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía continúa con la implementación del Plan de Contingencia para enfrentar los meses críticos de 2024 a 2026. Esta semana, se llevó a cabo la segunda reunión del Comité de Seguimiento del Plan, que busca resolver problemas clave en la infraestructura eléctrica antes de la llegada del verano. En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Energía, la Jefatura de Gabinete, CAMMESA, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las asociaciones ATEERA, AGEERA y AGUEERA, así como las empresas distribuidoras Edesur y Edenor.Uno de los principales temas discutidos fue la identificación de nodos críticos en la red energética del país y el avance de las soluciones para reducir su impacto. Como resultado, se acordó con las empresas distribuidoras y de transporte incorporar nuevos transformadores en varias estaciones, lo que permitirá repotenciar la red y asegurar la estabilidad del servicio en zonas de alta demanda, informaron fuentes oficiales.Este plan, que apunta a mejorar la infraestructura energética en meses de alto consumo, es parte de una estrategia de mediano y largo plazo del Gobierno para enfrentar las deficiencias del sistema y asegurar un suministro confiable y seguro para la población.

Nuevas subas en las tarifas de luz y gas para noviembre

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) ha consolidado seis meses consecutivos de recuperación, según el más reciente informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc). Esta racha positiva sugiere que la economía argentina podría haber dejado atrás la recesión, aunque persisten desafíos en sectores clave como el consumo y el empleo, esenciales para consolidar el crecimiento.<h2>Recuperación sostenida</h2>El ICA-ARG reporta un incremento del 0,5% en septiembre, alcanzando un acumulado de 3,1% desde abril. Este avance logra recuperar casi toda la caída registrada en el primer trimestre, colocando a la actividad económica en niveles comparables a los de diciembre de 2023. Sin embargo, a nivel interanual, la economía aún muestra una contracción del 3,5%, evidenciando que, si bien los indicadores apuntan hacia la recuperación, algunos sectores aún enfrentan dificultades para alcanzar los niveles previos a la recesión.El análisis del CICEc se ve complementado por el Índice de Difusión de Series Coincidentes (IDSC-ARG), que alcanzó el 74,3% en septiembre. Históricamente, este nivel se ha asociado con períodos de expansión económica, lo que refuerza la hipótesis de una tendencia hacia el crecimiento.<h2>Sectores claves en la recuperación</h2>La recuperación económica ha sido impulsada por el desempeño positivo de varios sectores, aunque cada uno enfrenta sus propios desafíos y variaciones. El informe del CICEc subraya:Agricultura: Pese a los problemas en cultivos como el maíz tardío, el sector agrícola mostró un rendimiento positivo durante el segundo trimestre, lo que ha sido clave para apoyar el repunte general de la actividad económica.Producción industrial: La industria muestra signos de recuperación moderada con un incremento del 0,4% en septiembre, aunque en comparación interanual la actividad sigue en terreno negativo.Construcción: Este sector continúa destacándose como uno de los motores del crecimiento, con un alza del 2,5% en septiembre y un acumulado de 8,6% en los últimos seis meses.Importaciones: Las importaciones registraron un crecimiento significativo de 5,1% en septiembre, favorecidas por una reducción de las restricciones comerciales.Ventas minoristas y sector automotriz: Las ventas minoristas sufrieron un leve retroceso en septiembre, pero el mercado automotor mostró un crecimiento mensual del 3,5%, alcanzando niveles similares a los de 2019. Este repunte en el sector automotriz es una señal alentadora de la recuperación del consumo.<h2>Perspectivas y desafíos</h2>Paralelamente, el Índice Líder de Actividad Económica (ILA-ARG), que anticipa cambios de ciclo, también ha registrado una variación positiva por sexto mes consecutivo, sugiriendo que la economía continúa en un camino de expansión. Sin embargo, el informe del CICEc advierte que, para que el crecimiento se consolide en el mediano plazo, se requiere una recuperación más robusta en el consumo y el empleo. Estos sectores, que han mostrado signos de estancamiento, resultan fundamentales para asegurar que la economía argentina logre una expansión sostenida y estable en el futuro próximo.

Economía argentina: Seis meses de crecimiento continuo, aunque persisten desafíos estructurales

La Secretaría de Coordinación de Energía y Minería actualizó este martes los precios de los biocombustibles que deben mezclarse obligatoriamente con naftas y gasoil. Esta medida, establecida a través de las Resoluciones 2 y 3/2024 en el Boletín Oficial, podría derivar en un ajuste en los precios de los combustibles en noviembre, luego de una leve reducción promedio del 1% en octubre, impulsada por la baja en el precio internacional del petróleo.Con esta actualización, el precio mínimo de adquisición del biodiésel para su mezcla con gasoil se fijó en $1.004.562 por tonelada para las operaciones de octubre y hasta nuevo aviso. Además, se estableció que el plazo máximo de pago no podrá exceder los siete días desde la fecha de la factura correspondiente.Por otra parte, el precio mínimo del bioetanol a base de caña de azúcar quedó en $670,564 por litro, mientras que el bioetanol a base de maíz se fijó en $614,596 por litro. En este caso, el plazo de pago no podrá superar los 30 días desde la emisión de la factura.La normativa enfatiza que estos valores mínimos son obligatorios para las operaciones de comercialización en el mercado interno. Además, la Secretaría de Energía podrá ajustar los precios de los biocombustibles en caso de que se detecten desfasajes con los costos de producción o si los precios generan distorsiones en los combustibles fósiles.Este ajuste en los precios de biocombustibles, sumado al incremento de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono dispuesto en septiembre, ejercerá presión en los surtidores en noviembre. También influirán factores como la devaluación mensual del 2% y las variaciones en el precio internacional del crudo Brent, que mostró un repunte a inicios de octubre pero luego retornó a valores de fines de septiembre.Esta serie de factores plantea un escenario de posibles aumentos en el precio de los combustibles, una tendencia que seguirá de cerca tanto el sector energético como los consumidores en el cierre del año.

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