<p>El volumen total de ventas de combustible al público en febrero de 2025 fue de 1.309.505 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que representa un retroceso del 4,0% en comparación con igual mes de 2024. Con este resultado, el sector acumuló quince meses consecutivos de caída en las ventas, reflejando una sostenida merma en el consumo.</p><p>Asimismo, el despacho de combustibles también registró una contracción del 7,9% respecto a enero de 2025, según datos proporcionados por la consultora Politikon Chaco en base a información de la Secretaría de Energía de la Nación.</p><p>Del total comercializado en febrero, las naftas representaron el 58% del volumen total y el gasoil el 42%.</p><h2><strong>Desempeño interanual por tipo de combustible</strong></h2><p>A nivel nacional, la nafta se contrajo un 1,1% interanual. Esta caída estuvo impulsada por la reducción en el consumo del segmento súper (-4,8%), mientras que el segmento premium experimentó un alza del 11,3%, aunque en volúmenes menores.</p><p>Por su parte, el gasoil presentó una caída más pronunciada del 7,7% en comparación con febrero de 2024. Mientras que el gasoil premium mostró un leve repunte del 5,8%, el gasoil común retrocedió un significativo 14,7%.</p><h2><strong>Heterogeneidad en el comportamiento por provincias</strong></h2><p>El análisis del desempeño por jurisdicciones revela una marcada disparidad en los resultados interanuales.</p><p>Seis provincias lograron incrementar sus ventas totales de combustibles en comparación con el mismo mes del año anterior. Formosa lideró el ranking con una suba del 3,1%, seguida por Chubut con un 2,4%. Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco y San Juan también presentaron alzas, aunque inferiores al 1%.</p><p>Por el contrario, dieciocho distritos registraron descensos en sus ventas interanuales. Los mayores retrocesos se dieron en la Ciudad de Buenos Aires (-12,8%), Río Negro (-13,0%) y Tucumán (-15,1%).</p><p>En la mayoría de las provincias, la nafta fue el combustible más comercializado, con predominio en 22 de las 24 jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires, representó el 76% del total de ventas. Sin embargo, La Pampa y Mendoza fueron las únicas provincias donde el gasoil superó en volumen de ventas a la nafta.</p><h2><strong>Variaciones en la venta de nafta y gasoil por provincias</strong></h2><p>En el segmento de naftas, nueve provincias registraron aumentos interanuales en las ventas. Mendoza encabezó el listado con un crecimiento del 4,3%, seguida por Neuquén (3,1%) y Chaco (3,0%). En el otro extremo, Tucumán sufrió la mayor caída, con un retroceso del 12,5%.</p><p>Al analizar los segmentos de nafta, la variante súper solo mostró alzas en Chaco y Formosa (0,6% en ambos casos), mientras que la premium creció en 23 distritos, liderados por Catamarca. La Ciudad de Buenos Aires fue la única jurisdicción donde la venta de nafta premium cayó.</p><p>En cuanto al gasoil, solo tres provincias registraron incrementos interanuales en las ventas: Tierra del Fuego, Formosa y Chubut. Por otro lado, Santa Fe experimentó la baja más pronunciada en la comercialización de gasoil, con un desplome del 19,4%.</p><p>Por segmentos, el gasoil común solo aumentó en Chubut y Tierra del Fuego, mientras que el gasoil premium tuvo subas en veinte provincias, lideradas por San Luis.</p><p>Los datos de febrero de 2025 confirman la persistente caída en el consumo de combustibles a nivel nacional. Si bien algunas provincias lograron mostrar signos de crecimiento, la tendencia general refleja una merma en la demanda, con diferencias marcadas según el tipo de combustible y la ubicación geográfica.</p><p>La diversidad económica y los patrones de consumo de cada región explican parte de las diferencias observadas en los volúmenes de venta. No obstante, el descenso sostenido del consumo de combustibles sigue siendo una señal de alerta sobre el comportamiento de la economía en los distintos sectores productivos del país.</p>

Continúa la caída en las ventas de combustibles: febrero marcó el décimo quinto mes consecutivo de descenso

<p>El secretario adjunto del Sindicato de Dragado y Balizamiento a nivel nacional, Hugo Godoy, confirmó que el próximo 10 de abril se llevará a cabo un paro de 24 horas con cese total de actividades y movilización al Congreso de la Nación. "No somos para nada optimistas porque tenemos un gobierno que no apuesta al diálogo", sentenció el dirigente sindical, quien también criticó a la oposición por "no estar a la altura de las circunstancias".</p><p>La medida de fuerza se enmarca en un plan de lucha definido por el Consejo Directivo de la CGT, que contempla una serie de actividades previas al paro general. Entre ellas, se destaca la reunión del 21 de marzo con organizaciones de Derechos Humanos, la participación en la movilización por el Día de la Memoria el 24 de marzo y un plenario con delegaciones regionales de la CGT el 27 de marzo. "Es importante porque vamos a darle participación a las regionales del interior para que se expresen", destacó Godoy. Finalmente, el 9 de abril se iniciará una jornada de protesta con movilización en defensa de los salarios y los jubilados, culminando con el paro del día siguiente.</p><h3>Falta de diálogo y críticas a la clase política</h3><p>El dirigente sindical cuestionó con dureza la falta de diálogo por parte del Gobierno de Javier Milei. "Creo que la CGT se ha manejado con mucha prudencia en este año, respetando la decisión de la gente que votó un cambio, pero este cambio no llega. Lo único que pasa es que vuelven a perder los que siempre han perdido: los trabajadores y los jubilados".</p><p>En este sentido, hizo hincapié en la situación de los jubilados, asegurando que el problema no se origina solo en la actual gestión. "Hace más de 20 años que todos los gobiernos han hecho macanas con los jubilados. Todos les han metido la mano en el bolsillo, sin importar el color político", remarcó.</p><h3>"Un Congreso arreglado"</h3><p>Godoy también cuestionó el accionar del Congreso Nacional, calificando de "bochornoso" la forma en que se negocian las leyes. "Se sigue arreglando por debajo de la mesa para votar leyes que van contra el pueblo, los trabajadores y los jubilados. Y esto lo vamos a terminar pagando nosotros".</p><p>Asimismo, admitió errores dentro del sindicalismo y llamó a una reflexión interna. "No es solo la política, nosotros como dirigencia sindical también debemos hacer una autocrítica. No son los trabajadores los que cometen errores, sino sus dirigentes. Hoy nos toca estar al frente de una lucha justa y necesaria", subrayó.</p><h3>"La lucha de los jubilados nos debe unir"</h3><p>El referente gremial resaltó la importancia de defender los derechos previsionales y convocó a una acción unificada. "Podés ser kirchnerista, peronista, radical, del PRO o libertario, pero todos, tarde o temprano, vamos a ser jubilados. Y nadie puede resignar esa bandera", enfatizó.</p><p>En cuanto a la necesidad de continuar con el plan de lucha, Godoy destacó que "con un paro solo no se arregla nada, pero es un llamado de atención al gobierno". Además, aseguró que no buscan que Milei fracase: "Queremos que el país no fracase, pero nos están llevando de la nariz a otro desastre. Lo pagan los que salen a laburar todos los días y los jubilados que ya no pueden comprar remedios".</p><h3>"No hay reactivación, solo una inflación mentirosa"</h3><p>Consultado sobre la economía, el dirigente descartó cualquier señal de reactivación y aseguró que la baja inflacionaria se debe a la recesión. "¿Cómo no va a bajar la inflación si no hay consumo porque la gente no tiene dinero? Esto ya lo vivimos y terminó en fracaso. El gobierno solo tiene para mostrar una inflación mentirosa".</p><p>Finalmente, cuestionó la falta de renovación en la dirigencia política y sindical. "Los partidos tienen mucha responsabilidad. No puede ser que sigan las mismas figuras que nos llevaron a este fracaso. Necesitamos nuevos dirigentes y una participación activa de los trabajadores para exigir respuestas".</p>

Hugo Godoy confirma paro y movilización al Congreso: "No somos para nada optimistas"

<p>El Gobierno Nacional determinó que varios peajes en importantes rutas y conexiones viales serán gratuitos durante las próximas semanas, tras la decisión de no renovar el contrato de concesión con la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA). Esta medida impactará en la Autovía Mercosur y en los puentes Rosario-Victoria y Zárate-Brazo Largo, generando consecuencias tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector.</p><h2><strong>Peajes que dejarán de cobrar</strong></h2><p>Desde el 8 de abril, cuando finalice la prórroga otorgada a CRUSA en abril de 2024, las barreras serán levantadas en los peajes de Zárate, Yerúa, Isla La Deseada, Colonia Elía y Piedritas. La concesión abarcaba las Rutas Nacionales 14, 174 y 12, tramos clave para la conectividad y el transporte de mercancías y pasajeros.</p><h2><strong>Un interregno de seis meses sin cobro</strong></h2><p>Según las disposiciones gubernamentales, esta situación se extenderá por al menos seis meses, hasta que finalice el proceso de licitación para adjudicar nuevamente la operación de estos corredores a otra empresa privada. CRUSA, que obtuvo la concesión en la década de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem, se verá obligada a prescindir de sus empleados debido al cese de su actividad.</p><h2><strong>El reclamo por los despidos</strong></h2><p>El impacto laboral de esta medida genera preocupación, ya que al menos 500 trabajadores podrían quedar desempleados. Gustavo Rossi, presidente del Partido Laborista Argentina, expresó su inquietud en una entrevista con Canal E: "El Gobierno Nacional decidió no prorrogar la concesión y esto deja a 500 trabajadores en la calle". Si bien reconoció que "la decisión de no renovar es política y respetable", criticó que "el Estado no tiene la infraestructura ni el personal adecuado para hacerse cargo" de la operación de los peajes, señalando que "Vialidad Nacional se ha convertido en una gran oficina sin operatividad".</p><p>Rossi también puso el foco en la incertidumbre laboral que enfrentarán los empleados de CRUSA en el periodo de transición, ya que la nueva licitación recién estaría lista en septiembre u octubre. "¿Qué pasa con esos trabajadores en ese lapso?", cuestionó, sin una respuesta clara sobre si podrán ser absorbidos por la próxima empresa que se haga cargo de la concesión.</p><p>Mientras tanto, los usuarios del corredor víal verán una reducción en sus costos de viaje, aunque la falta de una administración clara podría generar problemas en el mantenimiento de las rutas afectadas.</p>

Peajes gratuitos en importantes rutas tras el fin de concesión: incertidumbre laboral para 500 trabajadores

<p>La reciente visita de Iñaki Arreseygor a la Terminal Puerto Rosario y su paso por la Bolsa de Comercio rosarina dejaron definiciones clave sobre el futuro de la Hidrovía y las próximas decisiones de la administración de Javier Milei en materia portuaria. Entre los anuncios, el más polémico gira en torno a las modificaciones en la ley de marina mercante, una medida que despierta tanto apoyo como rechazo en distintos sectores.</p><p>Desde una postura nacionalista, sectores que respaldaron a La Libertad Avanza advierten que el cambio en la normativa podría atentar contra los intereses nacionales e incluso afectar la defensa territorial. Sin embargo, desde la gobernación de Santa Fe, encabezada por Maximiliano Pullaro, y de otras provincias con intereses en la Hidrovía, consideran que la reforma es necesaria para permitir que embarcaciones de bandera extranjera puedan realizar cargas y descargas en distintos puertos nacionales, impulsando así el comercio fluvial.</p><h2><strong>Desregulación sin inversión estatal</strong></h2><p>Uno de los puntos más resonantes del discurso de Arreseygor fue su afirmación: “El gobierno viene a desregular la actividad y lo va a hacer, pero obras no van a haber”. Esto implica que cualquier infraestructura o mejora en la navegabilidad quedará en manos del sector privado, mientras que la desregulación se concretará mediante decretos, siguiendo la línea de gestión del gobierno de Milei.</p><p>Dentro de este marco, se descartó la posibilidad de un dragado más profundo al norte del puerto de Timbúes, en el departamento de San Lorenzo. Según el funcionario, el tráfico en esa zona es mayoritariamente barcacero, por lo que no se justificaría una inversión de tal magnitud para facilitar la navegación de grandes buques.</p><h2><strong>Modificaciones en la ley de marina mercante</strong></h2><p>Las reformas en la ley de marina mercante podrían implementarse en el corto plazo, generando tensiones en el sector logístico e industrial. Desde algunos gremios y cámaras empresariales señalan que la competencia con embarcaciones de bandera paraguaya sería desleal, ya que estas cuentan con menores costos impositivos y laborales. No obstante, desde la gestión provincial de Santa Fe ven con buenos ojos la posibilidad de abrir el sector a inversiones extranjeras.</p><p>El ministro de Desarrollo provincial, Gustavo Puccini, afirmó en declaraciones a <i>Rosario3.com</i> que “es clave trabajar en la apertura del sector para que puedan operar embarcaciones nacionales y extranjeras bajo ciertas condiciones, maximizando el tráfico comercial proveniente de Brasil, Paraguay y Bolivia”. Esto, según el funcionario, permitiría incrementar la actividad portuaria en Rosario y la capital provincial.</p><h2><strong>Diferencias entre Nación y Santa Fe</strong></h2><p>El instrumento jurídico que implementará las reformas también es motivo de divergencias entre la Casa Rosada y la Casa Gris. Mientras que el gobierno de Milei apunta a una desregulación inmediata vía decreto, la administración de Pullaro prefiere impulsar una nueva ley de cabotaje nacional que regule la actividad con mayor previsibilidad y contemple el impacto en empresarios y trabajadores argentinos.</p><p>Con el escenario definido, la Hidrovía se perfila como un nuevo foco de tensión entre el gobierno nacional y las provincias involucradas. Mientras algunos ven en la desregulación una oportunidad para potenciar el comercio fluvial, otros temen que las reformas perjudiquen a la industria nacional y favorezcan a competidores extranjeros. La próxima tanda de decretos podría ser clave para determinar el rumbo que tomará el sector en los próximos meses.</p>

Las nuevas medidas del Gobierno de Milei para la Hidrovía generan tensión y expectativa

<p>A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional actualizó la Ley de Tránsito, una normativa con casi 30 años de antigüedad. Las medidas fueron oficializadas hoy mediante el Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial.</p><p>El principal objetivo de esta modernización es agilizar trámites administrativos y reducir costos tanto para conductores particulares como profesionales. Entre los cambios más relevantes se encuentran la digitalización de la licencia de conducir, la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y la implementación de peajes sin barreras en las rutas nacionales.</p><h2>Licencia de conducir digital y renovaciones más ágiles</h2><p>Uno de los cambios más destacados es la incorporación de la licencia nacional de conducir en formato digital, con validez en todo el país. La renovación será más ágil, ya que los conductores deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica de manera online. Los plazos de renovación serán de cinco años para menores de 65 años, tres años para mayores de 65 y anualmente a partir de los 70 años.</p><p>En caso de que el conductor tenga antecedentes por infracciones graves, deberá aprobar un examen teórico y práctico para revalidar su licencia. Asimismo, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros seis meses y, si cometen faltas graves en los primeros dos años, la licencia será suspendida.</p><p>Los cursos teórico-prácticos y los exámenes de aptitud psicofísica podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y privados, con estándares regulados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, la digitalización permitirá que los certificados sean presentados en línea.</p><section class="noteSuggested" data-id="131096" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Cambios para conductores profesionales de transporte</h2><p>Otro aspecto clave de la reforma es la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). A partir de ahora, las licencias nacionales de conducir de las categorías C, D y E (profesionales) serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.</p><h2>Nueva regulación de la VTV</h2><p>Se modificaron los plazos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Los vehículos 0 km de uso particular ahora deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de la fecha de patentamiento, mientras que los de uso no particular deberán someterse a la inspección en un plazo máximo de un año. Para los vehículos usados de hasta 10 años de antigüedad, la VTV tendrá una vigencia de dos años, y para aquellos con más de 10 años, la revisión será anual.</p><h2>Implementación de peajes sin barreras</h2><p>El decreto establece que todas las rutas nacionales deberán implementar el sistema de peajes sin barreras, conocido como "free flow", antes de junio de 2027. La Dirección Nacional de Vialidad deberá desarrollar un cronograma de implementación para garantizar una transición eficiente hacia este modelo que busca agilizar el tránsito y reducir demoras.</p><h2>Regulación para vehículos autónomos y trailers</h2><p>Por primera vez, la Ley de Tránsito incorpora el concepto de "vehículo autónomo", estableciendo los requisitos técnicos y de seguridad según su nivel de automatización.</p><p>En cuanto a los trailers y casas rodantes categoría O1 (con peso de hasta 750 kilos), podrán ser trasladados por cualquier vehículo, eliminando la necesidad de tramitar un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) por cada unidad. Ahora bastará con un solo CSV, lo que permitirá reducir costos y trámites burocráticos para los usuarios.</p>

El Gobierno moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales, VTV más flexible y peajes sin barreras

<p>En el marco de la desburocratización de trámites y la desregulación del transporte automotor, el Gobierno Nacional ha decidido que las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) tendrán la facultad de otorgar la Licencia Nacional de Conducir para los conductores de transporte profesional de carga y pasajeros. Esta medida implica la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), un cambio significativo en la normativa vigente.</p><h2><strong>Canje de licencias</strong></h2><p>Los conductores que actualmente poseen licencias emitidas bajo legislación municipal o provincial junto con la LiNTI podrán canjearlas por una única Licencia Nacional de Conducir en las categorías C, D o E. Este trámite deberá realizarse en cualquier Centro Emisor de Licencias de Conducir antes de la entrada en vigencia de las modificaciones, establecida dentro de 60 días. Solo aquellos conductores con estas licencias estarán habilitados para realizar transporte interjurisdiccional.</p><h2><strong>Extensión de la vigencia de las licencias profesionales</strong></h2><p>Uno de los cambios más importantes es la ampliación del período de validez de la licencia profesional. A partir de ahora, los conductores de entre 21 y 65 años tendrán una licencia con vigencia de 5 años. Para los mayores de 65 años, el período se reducirá a 2 años, mientras que los conductores mayores de 70 deberán renovarla anualmente. Anteriormente, la validez máxima era de solo 2 años.</p><h2><strong>Obtención y renovación de la licencia profesional</strong></h2><p>Los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional establecen que los conductores deberán tener al menos 21 años y contar con un año de antigüedad en la categoría B (automóviles). El trámite podrá realizarse en cualquier jurisdicción adherida al sistema nacional.</p><p>Además, será obligatorio realizar un examen psicofísico y un curso teórico-práctico de un mínimo de 20 horas, según la categoría y el tipo de vehículo correspondiente, seguido de una evaluación final. Previamente, el requisito de capacitación era de 16 horas. Al obtener la licencia, inicialmente se otorgará con la categoría de aprendiz.</p><p>Para la renovación, también se requerirá un examen psicofísico y un curso de actualización en la clase y subclase respectiva, con una carga mínima de 20 horas. Este requisito representa un incremento significativo en comparación con la normativa anterior, que establecía solo 3 horas de formación.</p><h2><strong>Modernización del trámite y nuevo sistema de prestadores</strong></h2><p>El proceso de solicitud y renovación de la licencia profesional comenzará de manera remota, con la carga de datos y documentación, y finalizará de forma presencial en los prestadores de formación y médicos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Estos prestadores deberán estar registrados en un sistema único, gratuito y digital.</p><p>Las instituciones formativas y médicas encargadas de las capacitaciones y evaluaciones psicofísicas de los conductores deberán cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos por la ANSV. Aquellos prestadores que previamente operaban bajo el Sistema LiNTI tendrán un plazo de 90 días para adaptarse a la nueva normativa.</p><p>Otro cambio relevante es que el Estado ya no regulará los valores de las tarifas para estos servicios, a diferencia del esquema anterior.</p>

Nuevas disposiciones para la Licencia Nacional de Conducir profesional

<p>Un informe del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral reveló que, a lo largo de la historia, el Congreso Nacional nunca ha rechazado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado a la deuda pública. Esta práctica institucional permite al Poder Ejecutivo tomar decisiones clave sobre financiamiento sin una revisión legislativa efectiva.</p><p>El estudio se centra en el DNU 179/2025, recientemente emitido por el gobierno nacional, que aprueba un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central. En los próximos días, el decreto comenzará a ser tratado por la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo del Congreso.</p><div class="raw-html-embed"><iframe class="scribd_iframe_embed" title="El Congreso y la deuda: un informe revela la falta de control sobre los DNU" src="https://www.scribd.com/embeds/839527656/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-l4Plh22IPl4csfsJy442" tabindex="0" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe> <p style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; display: block;"> <a title="View El Congreso y la deuda: un informe revela la falta de control sobre los DNU on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/839527656/El-Congreso-y-la-deuda-un-informe-revela-la-falta-de-control-sobre-los-DNU#from_embed" style="text-decoration: underline;"> El Congreso y la deuda: un informe revela la falta de control sobre los DNU </a> by <a title="View Paralelo 32's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/290594975/Paralelo-32#from_embed" style="text-decoration: underline;"> Paralelo 32 </a> </p> </div><h2><strong>Claves del informe</strong></h2><p>El análisis histórico y normativo realizado por el ODCL expone cómo esta estrategia ha sido utilizada por distintos gobiernos a lo largo del tiempo y plantea interrogantes sobre el rol del Congreso en el control de la deuda pública.</p><p><strong>El DNU 179/2025 y su alcance:</strong> el decreto autoriza un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, con un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de 4 años y 6 meses, bajo el argumento de mejorar la estabilidad monetaria y financiera.</p><p><strong>Un patrón institucional consolidado:</strong> el informe destaca que ningún DNU sobre deuda pública ha sido rechazado por ambas Cámaras del Congreso, lo que confirma una tendencia histórica en la que el Legislativo no ha ejercido un control efectivo sobre estas decisiones.</p><p><strong>El uso de DNU en cifras:</strong> desde la reforma constitucional de 1994, se han dictado 943 DNU, con Néstor Kirchner (237), Alberto Fernández (179) y Eduardo Duhalde (152) liderando el uso de esta herramienta. En poco más de un año de gobierno, Javier Milei ya ha emitido 63 DNU.</p><p><strong>Una ley que limita el control legislativo:</strong> la Ley 26.122 establece que un DNU solo puede ser derogado si ambas Cámaras lo rechazan expresamente, lo que en la práctica ha generado un control laxo que permite la continuidad de estas medidas sin mayor debate parlamentario.</p><p>"Este informe muestra cómo, a lo largo del tiempo, el Congreso ha acompañado las decisiones de endeudamiento sin ejercer un verdadero contrapeso institucional", explicó el Dr. Enrique Veramendi, coautor del estudio.</p><p>Por su parte, Luis Vivacqua, también autor del informe, señaló: "Existe una arraigada práctica institucional de DNUs en materia de deuda pública y modificaciones al Presupuesto que en muchos casos son avalados por el Congreso. Esto es fruto de la Ley 26.122, que exige que las dos Cámaras del Congreso rechacen el DNU para que pierda sus efectos. En ese sentido, si se mantienen los precedentes, todo indica que el Congreso terminará acompañando".</p><h2><strong>Un análisis histórico y normativo</strong></h2><p>El informe del ODCL revisa el impacto de los DNU en la historia reciente de Argentina, desde el acuerdo con el FMI de Mauricio Macri en 2018, aprobado sin una ley especial del Congreso, hasta la cancelación de deuda con el organismo en 2005 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se modificó por decreto la Ley de Convertibilidad para habilitar el uso de reservas del Banco Central.</p><p>Además, expone cómo la creación de la Comisión Bicameral Permanente en 2006, que debía fortalecer el control legislativo sobre los DNU, no ha logrado frenar la práctica del Ejecutivo de manejar la deuda pública a través de decretos.</p><h2><strong>¿Qué sigue ahora?</strong></h2><p>El DNU 179/2025 ya fue enviado al Congreso y la Comisión Bicameral Permanente deberá dictaminar sobre su validez en los próximos diez días. Sin embargo, el informe anticipa que si continúa el patrón institucional, el decreto no sería invalidado por el Congreso, consolidando una vez más la tendencia de falta de control efectivo sobre los DNUs en materia de deuda pública.</p>

El Congreso y la deuda: un informe revela la falta de control sobre los DNU

<p>El Gobierno nacional oficializó una reforma en el régimen de liquidación de inmuebles estatales, ampliando los mecanismos de tasación y subasta mediante la incorporación de entidades bancarias públicas en estas operaciones. Los cambios fueron introducidos a través del Decreto 176/2025, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el Decreto 2670/2015.</p><p>Al respecto, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la medida busca eliminar el monopolio del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) en las valuaciones. Según el funcionario, esta iniciativa "agiliza la venta de inmuebles estatales y da mayor flexibilidad a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para administrar estos bienes".</p><p>A través de su cuenta en la red social X, Sturzenegger señaló que el nuevo esquema permitirá que las tasaciones sean realizadas por entidades con mayor conocimiento del mercado local. "Por ejemplo, el agente financiero de Salta tendrá más criterio para tasar un inmueble en Salta que el TTN desde Buenos Aires. Este cambio facilita el proceso, ahorra costos al Estado y libera al TTN para concentrarse en casos de mayor complejidad", afirmó.</p><h2><strong>Predios en Entre Ríos a la espera de ser vendidos</strong></h2><p>Dentro de los inmuebles estatales sujetos a este proceso, figuran dos predios en Entre Ríos que el Ejecutivo nacional incluyó en el programa de transferencia al sector privado en 2024. Se trata del Destacamento de Vigilancia en Crespo, donde funcionan el Club Atlético Unión de Crespo y la Asociación Deportiva y Cultural, así como el terreno donde opera el Batallón de Ingenieros Blindados 2 en Concepción del Uruguay.</p><p>Estos predios aún permanecen en la plataforma de la AABE bajo la categoría de "subastas futuras", sin precio de referencia, a la espera de ser tasados. El terreno de Crespo tiene una superficie de 309.631,64 metros cuadrados, mientras que el de Concepción del Uruguay abarca 19.104,00 metros cuadrados.</p><h2><strong>Nuevas disposiciones normativas</strong></h2><p>Según la normativa actualizada, el canon base será determinado por el TTN, entidades bancarias públicas o agentes financieros del Estado a nivel nacional, provincial, municipal o internacional. Estas mismas entidades serán responsables de fijar y actualizar los montos del canon correspondiente.</p><p>Se estableció, además, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá recibir autorización del Poder Ejecutivo para gestionar y vender inmuebles. Asimismo, sus autoridades podrán aprobar contratos de venta firmados antes de la entrada en vigencia del nuevo reglamento.</p><p>El precio base de los inmuebles subastados será fijado por la Agencia de acuerdo con la tasación realizada por el TTN o la entidad competente. En ciertos casos, se podrá prescindir de una base previa siempre que haya una valuación oficial al momento de aprobar la operación.</p><h2><strong>Opciones de contratación directa</strong></h2><p>El decreto prevé la posibilidad de vender inmuebles mediante contratación directa en los siguientes casos:</p><p>Si el inmueble ha sido ocupado por más de cinco años con destino a vivienda única, comercio o industria.</p><p>Si una cooperativa de vivienda u otra entidad sin fines de lucro solicita el inmueble para proyectos de vivienda social y acredita viabilidad técnica y financiera.</p><p>Si una asociación o fundación ocupa el inmueble y ha realizado obras de infraestructura.</p><p>La Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá la facultad de aplicar o no este mecanismo, sin que ello implique derechos adquiridos para el solicitante.</p><h2><strong>Criterios para la venta de inmuebles</strong></h2><p>El precio de venta directa se determinará mediante la valuación del TTN o de entidades bancarias y financieras públicas en los distintos niveles del Estado. Asimismo, se establecieron requisitos para convenios extraordinarios de regulación de ocupación, como la no afectación del inmueble a proyectos estratégicos del Estado y que el ocupante sea una persona física sin contrato vigente o con contrato vencido.</p><p>En los considerandos de la norma, el Gobierno argumenta que la ampliación de los mecanismos de tasación y subasta permitirá agilizar la gestión de los bienes estatales, ajustándose a las normas de valuación nacionales. Además, se busca modificar disposiciones del Decreto 2670/15 que dificultaban la eficiencia en la administración y disposición de estos bienes.</p>

El Gobierno nacional amplía los mecanismos de tasación y subasta de inmuebles estatales

<p>Las ventas minoristas pymes experimentaron un crecimiento del 24% interanual en febrero, según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, a pesar de esta mejora a precios constantes, la variación mensual desestacionalizada reflejó una baja del 2,9%, lo que evidencia la inestabilidad del sector.</p><p>Este repunte no logra compensar las fuertes caídas del año pasado, cuando las ventas minoristas retrocedieron un 25,5% en febrero de 2024, acumulando un descenso del 27% en los dos primeros meses de aquel año.</p><h2><strong>Factores que impulsaron las ventas</strong></h2><p>El impacto positivo de estrategias comerciales, como promociones y descuentos, contribuyó a mejorar la situación en varios rubros. Librerías e indumentaria escolar se beneficiaron por la demanda previa al inicio del ciclo lectivo, mientras que el comercio online y las facilidades de pago ayudaron a sostener las ventas en distintos segmentos.</p><p>No obstante, el sector enfrenta incertidumbre a futuro. La evolución del poder adquisitivo será un factor clave, ya que muchos consumidores priorizan el gasto en bienes esenciales. Además, la competencia informal y el comercio transfronterizo continúan impactando negativamente en los negocios locales.</p><p>El aumento en los costos operativos también es un aspecto determinante en la rentabilidad del sector. Mientras algunos comercios optaron por mantener precios para incentivar el consumo, otros reportaron dificultades debido a la inflación y los incrementos en los insumos. La adaptabilidad será esencial para mitigar posibles caídas en la demanda.</p><h2><strong>Análisis sectorial</strong></h2><p>En febrero, los siete rubros relevados registraron subas interanuales en sus ventas. Los sectores con mayores incrementos fueron Perfumería (+33,1%), Alimentos y Bebidas (+33%) y Farmacia (+31,9%). En el acumulado del bimestre, lideró Alimentos y Bebidas con un aumento del 32,8%.</p><p>En la comparación intermensual desestacionalizada, todos los rubros presentaron variaciones negativas, con Calzado y Marroquinería como el sector más afectado (-5,4%), seguido por Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-4,3%).</p><h2><strong>Desempeño por sectores</strong></h2><p><strong>Alimentos y bebidas</strong>: Crecimiento interanual del 33%, aunque con una baja mensual del 2,1%. La recuperación contrasta con las caídas de febrero de 2024, cuando el rubro retrocedió un 33,3%. Las promociones bancarias y descuentos ayudaron a sostener la demanda en un contexto de consumo ajustado.</p><p><strong>Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles</strong>: Incremento del 24% interanual y del 28,9% en el primer bimestre, con una caída del 1,3% mensual. La financiación en cuotas resultó clave para sostener las ventas, aunque preocupa la reducción de opciones de pago a plazos.</p><p><strong>Calzado y marroquinería</strong>: Aumento del 23% interanual, pero con una caída mensual del 5,4%. La demanda de productos escolares impulsó las ventas, aunque la competencia con el comercio informal y las compras en países vecinos siguen afectando la rentabilidad.</p><p><strong>Farmacia</strong>: Crecimiento del 31,9% interanual, con un acumulado del 25,9% en el primer bimestre. Sin embargo, el sector registró una baja mensual del 2,3%. La suba en costos de insumos y dificultades en la cobertura de PAMI siguen afectando la rentabilidad.</p><p><strong>Perfumería</strong>: Incremento del 33,1% interanual y del 21,6% en el bimestre, aunque con una caída del 1,9% mensual. Las promociones y descuentos ayudaron a mejorar el desempeño del sector, pero el consumo selectivo y el aumento en los costos siguen siendo desafíos.</p><p><strong>Ferretería, materiales eléctricos y construcción</strong>: Ascenso del 28,3% interanual y del 21,7% en el bimestre, con una baja mensual del 4,3%. La comparación con febrero de 2024, cuando las ventas cayeron un 28,2%, muestra una clara recuperación.</p><h2><strong>Perspectivas para el sector</strong></h2><p>A pesar del crecimiento interanual en febrero, los comerciantes continúan enfrentando desafíos en un escenario de inflación y pérdida de poder adquisitivo. La evolución del consumo y las políticas económicas serán determinantes para sostener la recuperación en los próximos meses. La implementación de estrategias de ventas, promociones y financiación será clave para mantener la estabilidad del sector y afrontar los desafíos venideros.</p>

Aumento interanual en ventas minoristas pymes: un repunte con desafíos a futuro

<p>El dinero que aporte el Fondo Monetario Internacional será destinado a <strong>“sanear el BCRA para terminar con la inflación”</strong>, aseguró el presidente <strong>Javier Milei.</strong></p><p>Dijo que el acuerdo con el FMI es el <strong>“paso adicional”</strong> que falta para terminar de ordenar el funcionamiento de la autoridad monetaria.</p><p><strong>“El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, </strong>de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá”, señaló el jefe de Estado.&nbsp;</p><p>Dijo que el acuerdo con el FMI <strong>“busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado".</strong></p><p>Señaló que si bien “se podría objetar que, si bien la deuda bruta no sube, hay un cambio en el acreedor. Sin embargo, este argumento implicaría aceptar que la política querría seguir estafando a los argentinos vía inflación, lo cual no sólo es aberrante por su efecto negativo en el crecimiento, sino por cómo <strong>golpea sobre los segmentos más vulnerables de la población”.&nbsp;</strong></p><p>“También se podría señalar que estamos cambiando impuestos explícitos por un impuesto implícito no legislado, lo cual es falso porque la deuda bruta no sube. Y si así fuese, ante la necesidad de un mayor resultado fiscal el mismo lo alcanzaremos recortando el gasto. En definitiva, <strong>nada nos detendrá en nuestra tarea de exterminar la inflación y hacer grande a la Argentina nuevamente</strong>”, dijo Milei en una columna de opinión publicada en La Nación.</p><p>Destacó que <strong>“para terminar con la inflación de una vez por todas y para siempre”</strong> se cortó el flujo de emisión de dinero.&nbsp;</p><p>“Esto se logró cortando de raíz tanto el déficit del Tesoro Nacional como el cuasifiscal del BCRA que se generaba por el devengamiento de intereses de los pasivos remunerados”, indicó.&nbsp;</p>

"Nada nos detendrá en nuestra tarea de exterminar la inflación", prometió Milei y defendió el acuerdo con el FMI

<p>La desregulación del sector de navegación marítima impulsada por el gobierno de Javier Milei generó un fuerte impacto en materia laboral y encendió las alarmas por posibles deficiencias en seguridad en los buques, según indicó la publicación Mundo Gremial. La preocupación surge tras la implementación del Decreto 37/2025 sobre el "Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre" (REGINAVE), que suprimió la obligatoriedad de contratar serenos de buques, dejando la decisión en manos de los operadores privados.</p><h2><strong>Una figura histórica eliminada</strong></h2><p>El sereno de buque es un auxiliar de la Prefectura Naval Argentina con funciones críticas en la seguridad portuaria. Su presencia data de 1904 y ha sido clave en el control de accesos, la vigilancia de carga y mercaderías, la detección de derrames y la prevención de delitos como contrabando y tráfico ilegal. La Prefectura Naval fiscalizaba su desempeño para garantizar la protección de los buques en puerto.</p><p>Desde el 20 de enero, con la entrada en vigencia del decreto, la contratación de serenos pasó a ser opcional, lo que ha reducido los controles en los puertos y generado temores sobre un incremento en delitos, en especial en buques de bandera extranjera. Además de los riesgos en seguridad, la medida implicó la pérdida de más de 600 puestos de trabajo en el sector portuario.</p><h2><strong>El impacto económico y los actores beneficiados</strong></h2><p>El Decreto 37/2025 se enmarca en la política desreguladora del DNU 70/23 y la Ley Nº 27.742, justificando la eliminación de regulaciones en la búsqueda de mayor "dinamismo y simplicidad operativa". Sin embargo, detrás de esta medida, analistas del sector identifican a ciertas empresas como las principales beneficiadas.</p><p>Entre ellas se encuentran PTP Group y la Agencia Marítima ISA (Independent Ship Agents SA), grandes jugadores en la logística portuaria que operan en los corredores cerealeros de San Lorenzo, Santa Fe, Bahía Blanca y Concepción del Uruguay. Estas firmas, según Mundo Gremial, ya han comenzado a capitalizar los efectos de la desregulación.</p><p>Un ejemplo concreto es el de ISA, que operó 87 de los 93 barcos ingresados a puertos santafesinos en las últimas semanas sin solicitar servicios de serenos. Sin embargo, los armadores habrían abonado por estos servicios, generando un margen de ganancia de aproximadamente 160.000 dólares para la empresa por conceptos no contratados.</p><p>A su vez, se menciona a la poderosa Viterra (ex Oleaginosa Moreno) como otro actor involucrado en la supresión del servicio de serenos, con la intención de consolidar un nuevo esquema de seguridad privatizada bajo su propio control en el futuro.</p><h2><strong>Consecuencias a futuro</strong></h2><p>La eliminación de los serenos de buques no solo afecta a cientos de trabajadores que perdieron su empleo, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la seguridad en los puertos argentinos. La falta de controles podría derivar en un aumento de delitos y generar una situación propicia para la privatización total de los servicios de vigilancia portuaria, en beneficio de un reducido grupo de empresas.</p>

Preocupación por la eliminación de los serenos de buques tras la desregulación del sector naviero

<p>El Gobierno nacional autorizó este jueves un incremento del 1,7% en las tarifas de transporte y distribución de gas natural, según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Esta medida forma parte del proceso de revisión tarifaria en el marco de la emergencia energética, extendida hasta el 9 de julio de 2025.</p><p>De acuerdo con las normativas vigentes, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 55/23 faculta al interventor del ente, Carlos Casares, a llevar adelante la revisión tarifaria y aprobar adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos. El objetivo es garantizar la continuidad y normal prestación del servicio público.</p><h3><strong>Justificación del aumento</strong></h3><p>La actualización tarifaria responde a un pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en una nota enviada a la Secretaría de Energía señaló la necesidad de continuar con el proceso de actualización de precios y tarifas en el sector energético. Según explicó Caputo, el ajuste busca "mantener los precios y tarifas del sector en valores reales lo más constantes posibles y evitar así un proceso de deterioro que pueda amenazar su continuidad".</p><p>En ese sentido, el funcionario especificó que el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se fijó en US$3,085 por millón de BTU para los usuarios de Metrogas, uno de los valores más bajos, mientras que los clientes de Distribuidora Gas Cuyana pagarán un precio más elevado, con US$3,148 por millón de BTU.</p><p>Para los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no cuenten con subsidios, el precio PIST será de $120,18 por metro cúbico. En tanto, los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3) contarán con una bonificación del 65% y 50%, respectivamente, sobre un determinado bloque de consumo. En caso de excederse, se abonará el costo pleno por la diferencia correspondiente.</p><h2><strong>Empresas afectadas por la medida</strong></h2><p>El ajuste tarifario fue aprobado para las principales distribuidoras del país, entre ellas:</p><p>Naturgy Noa</p><p>Distribuidora de Gas del Centro</p><p>Distribuidora de Gas Cuyana</p><p>Litoral Gas</p><p>Metrogas</p><p>Camuzzi Gas Pampeana</p><p>Camuzzi Gas del Sur</p><p>Gas Nea</p><p>Redengas</p><p>Asimismo, la suba también impactará en las empresas de transporte de gas, incluyendo:</p><p>Transportadora de Gas del Norte</p><p>Transportadora de Gas del Sur</p><p>Refinería del Norte</p><p>Gasoducto Nor Andino Argentina</p><p>Energía Argentina</p><p>Enel Generación Chile</p><p>Gasoducto Gas Andes Argentina</p><p>Gas Link</p><p>Transportadora de Gas del Mercosur</p><p>El Gobierno argumenta que la medida responde a la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sector gasífero y evitar el deterioro de los servicios. Con la extensión de la emergencia energética hasta 2025, se prevén nuevos ajustes en las tarifas en los próximos meses.</p>

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