La Cámara de Senadores de Entre Ríos esta semana sancionó el proyecto de ley que crea el Régimen de Consorcios Camineros. Se analizó el proyecto de ley de autoría de los diputados Julia Calleros Arrecous (Partido FE), y los diputados con mandato cumplido Esteban Vitor (PRO, actual secretario Legal y Técnico de la Provincia) y Néstor Loggio (PJ) y del senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), por el que se crea el Régimen de Consorcios Camineros.La nueva ley surgió de analizar cuatro expedientes legislativos unificados, que ya habían pasado por Diputados, donde recibió media sanción en agosto del año pasado.La iniciativa fue acompañada en general por unanimidad, mientras que en la votación en particular el bloque Más para Entre Ríos y el bloque unipersonal Hacer Futuro no acompañaron los títulos I (Sobre objeto, fines y naturaleza) y III (Sobre los recursos económicos de los consorcios). Pero quedó el texto original con el voto mayoritario de Juntos por Entre Ríos, con 7 senadores, sumado a los bloques unipersonales Frente Cimarrón y Peronismo Federal.<h2>Qué se aprobó</h2>El nuevo texto legal establece:• Los consorcios son entidades sin fines de lucro, orientadas al bien público;• Su objetivo central es realizar trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la provincia;• Pueden construir obras de arte menores, como alcantarillas y puentes pequeños, así como otras obras de seguridad vial;• Están facultados para mantener y rehabilitar canales y sistemas de escurrimiento natural del agua en áreas rurales, para prevenir inundaciones y mejorar la durabilidad de los caminos;• Pueden ejecutar otras mejoras, como colocar carteles de advertencia o forestar;• Realizan actividades de capacitación y concientización comunitaria orientadas a la seguridad, mantenimiento y conservación del patrimonio vial e hídrico;• Pueden asociarse entre sí para conformar consorcios regionales o provinciales, o colaborar con consorcios vecinos para compartir maquinaria o ejecutar obras conjuntas;• Quedan habilitados para contratar trabajos viales directamente con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y otros organismos públicos.<h2>Qué funciones quedan para Vialidad</h2>Además de atender las zonas rurales donde no se hayan conformado consorcios, DPV mantiene las siguientes funciones:• Es responsable de promover la creación y organización de consorcios camineros;• Puede contratar directamente con los consorcios la realización de trabajos de conservación, mantenimiento y obras viales;• Determina el importe a abonar por kilómetro de camino y su régimen de actualización;• Puede alquilar, vender o ceder temporalmente equipos viales, materiales y transportes necesarios para los trabajos que realicen los consorcios. Además, controla el correcto uso y estado de las maquinarias y herramientas propiedad de la provincia;• Realiza inspecciones y certificaciones periódicas para verificar el mantenimiento y conservación de los caminos rurales a cargo de consorcios;• Los proyectos de obras pueden ser confeccionados por la DPV o por los consorcios, pero en este último caso deben ser aprobados técnicamente por la DPV, que también determina las condiciones de contratación;• En obras de rehabilitación y mantenimiento de canales y sistemas de escurrimiento, la DPV coordina la relación entre los consorcios y la Dirección Provincial de Hidráulica, que asume el control técnico;• Administra y distribuye el Fondo de Desarrollo y Conservación Vial entre los consorcios y las zonales de la DPV, según la cantidad de kilómetros a mantener y otros factores técnicos;•Ejerce el control y fiscalización técnica, contable y administrativa de los consorcios y de todas las obras ejecutadas, con libre acceso a documentación y registros;• Puede intervenir un consorcio caminero para normalizar su funcionamiento, en caso de violaciones a la ley, acefalía de la Comisión Directiva o incumplimiento de obligaciones;• En caso de conflicto sobre la constitución de un consorcio o el ingreso de socios, la DPV actúa como mediador y resuelve la cuestión.<h2>Argumentos</h2>El bloque de senadores justicialistas expresó: “Acompañamos el proyecto en general porque entendemos la necesidad de garantizar caminos rurales transitables y dar respuestas a nuestros productores y a las comunidades rurales. Pero cuestionamos artículos que debilitan los controles sobre los recursos públicos y pueden afectar a los trabajadores de Vialidad. Por eso propusimos mantener la aplicación de la Ley de Obras Públicas, establecer certificaciones técnicas para los pagos, garantizar la estabilidad laboral, evitar el cierre de zonales y asegurar mayor transparencia sobre los recursos destinados a los consorcios”.El senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por ER) fundamentó el acompañamiento de su bloque. Destacó que los consorcios camineros constituyen una herramienta de participación público-privada que ya funciona en distintos puntos de la provincia, aunque con “dificultades” derivadas del marco normativo vigente. Señaló que el proyecto busca “flexibilizar los requisitos” para su constitución y reducir las trabas “burocráticas”. A su vez, cuestionó las “demoras” vinculadas a los procedimientos de la Ley de Obras Públicas, razón por la que expresó: “Hace que sea muy difícil atender la urgencia sin los recursos adecuados”.Por otro lado, Benedetti sostuvo: “No es verdad que reemplace al empleo público. Nunca va a dejar de estar bajo la fiscalización y control de Vialidad”. Finalmente, vinculó la iniciativa con el desarrollo de la ruralidad y el acceso a servicios esenciales, como salud y educación: “Es un reclamo muy sentido de todos los vecinos”<h2>Cómo funcionará el nuevo esquema</h2>Si un consorcio caminero desea ejecutar una obra de mejora en un camino rural, deberá presentar el proyecto a la DPV para su aprobación técnica. La Dirección inspeccionará la obra, certificará su avance y, en función de esto, habilitará los pagos correspondientes. Si se detectan irregularidades, el ente provincial puede intervenir el consorcio para garantizar el cumplimiento de la ley.La DPV es la autoridad de aplicación y fiscalización de los consorcios camineros en Entre Ríos. Mantendrá un rol central de control, financiamiento, supervisión técnica y administrativa.El texto legal abre hacia el futuro la perspectiva de dividir la provincia entre una red amplia de consorcios camineros que ejecuten las obras en caminos rurales, como ocurre en provincias como Córdoba o Chaco. En tanto, la DPV debería quedar con funciones de asesoramiento, aprobación técnica y organismo de contralor.En el desarrollo de ese proceso, se pueden vislumbrar tensiones y resistencia de los sindicatos viales estatales, en la discusión sobre el alcance de los recursos y la sustitución de sus funciones y tareas específicas.<h2>Qué pasa en otras provincias</h2>En general, la relación entre las vialidades provinciales y los consorcios camineros se va extendiendo por la geografía nacional, consolidando procesos de descentralización de obras y participación de vecinos y productores en la toma de decisiones.<h3>Córdoba</h3>Funciona mediante un sistema integrado donde más de 280 consorcios locales se agrupan en consorcios regionales. Tienen un vocal en el directorio de la Dirección Provincial de Vialidad. El financiamiento de obras se respalda a través de fondos específicos como el Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario (FDA), que provee recursos para maquinaria y conservación por kilómetro.<h3>Buenos Aires</h3>A diferencia de Córdoba, la red de consorcios históricos sufrió una fuerte retracción por falta de presupuesto sostenido y atomización de los productores. El mantenimiento de la red terciaria recae mayoritariamente en los municipios o por convenios directos con Vialidad, con menor protagonismo de consorcios formalizados.<h3>Santa Fe</h3>DPV conserva el rol de autorización, fiscalización y control de las obras, similar a lo aprobado en Entre Ríos. Las organizaciones locales y rurales ejecutan el mantenimiento de caminos terciarios y vecinales.<h3>Chaco</h3>Posee uno de los sistemas más maduros y extensos del país con más de un centenar de consorcios que administran prácticamente la totalidad de la red rural terciaria mediante un fuerte respaldo legal e institucional junto a la DPV.<h2>Retrasos y burocracia</h2>La nueva ley busca dar varias respuestas:• Crear más consorcios camineros, ya que actualmente hay menos de diez en todo el territorio;• Ampliar el sistema a la mayor parte de los 20 mil kilómetros de longitud de la red terciaria rural;• Realizar obras según demanda de los productores y vecinos;• Establecer un régimen simplificado de certificación de obras y dar mayor dinamismo a la ejecución. Menos burocracia y más ojos que miran el valor de las contrataciones y licitaciones.La nueva ley establece que los consorcios camineros no se rigen por la Ley de Obras Públicas N° 6351, sino por su propio régimen, convenios y reglamentación específica. Esto busca reducir la burocracia típica de la obra pública tradicional. Pero el pago sigue vinculado a inspecciones y certificaciones efectuadas por la DPV.El artículo 19 del texto legal reconoce explícitamente que en la ejecución de fondos asignados a los consorcios pueden existir “demoras por parte de la Dirección Provincial de Vialidad en los trámites administrativos o técnicos necesarios para la confección, firma, ejecución o pago de los contratos”. Estas demoras no serán atribuibles al consorcio y, si ocurren, los fondos no ejecutados deben ser reasignados al mismo consorcio en el ejercicio siguiente, sumándose a los de ese nuevo ejercicio.En cambio, cuando las demoras sean atribuibles al consorcio, los fondos que haya perdido se distribuirán en el ejercicio siguiente entre los demás consorcios cumplidores.Además, si un consorcio incurre en irregularidades en tres inspecciones consecutivas de la DPV, podrá quedar inhabilitado ante ésta, que podrá exigir la renovación de autoridades para restablecer su vigencia como consorcio.El artículo 27 indica que los consorcios deben atender con sus propios recursos las diferencias reclamadas por retrasos en los pagos. Esto implica que, hasta que el pago se efectiviza, el consorcio debe cubrir los costos operativos.La ley prevé controles técnicos, contables y administrativos por parte de la DPV y el Tribunal de Cuentas (artículos 31 y 32), lo que puede agregar pasos administrativos, aunque el régimen busca ser más ágil que el de obra pública tradicional.Va a ser importante que los consorcios lleven un registro detallado de las certificaciones presentadas y los plazos de respuesta de la DPV, para poder reclamar formalmente en casos de demoras y asegurar la reasignación de fondos según lo previsto en la ley.

Consorcios camineros: Una ley para iniciar otra historia en los caminos de la producción

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