Desde la aprobación de la Ley 27.610 sobre Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto, que estableció la legalización del aborto en 2021, hasta fines de 2023, se realizaron 6.410 abortos en Entre Ríos en el sistema público de salud, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.De ese total, 1.643 abortos ocurrieron en 2021; en 2022, en Entre Ríos se realizaron un total de 2.272 abortos y 2.495 en 2023. Desde 2024, la Nación no reporta información sobre el tema.A nivel nacional, entre 2021 y 2024 se realizaron en promedio 78 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año en Argentina. Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los distritos con las tasas más altas, mientras que San Juan registra la más baja.Los datos provienen de solicitudes de acceso a la información realizadas por el medio ADNSUR al Ministerio de Salud de la Nación, y fueron difundidos por el portal y Proyecto Mirar, iniciativa de la ong Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)En Entre Ríos se hacen 7 interrupciones voluntarias o legales del embarazo, cada 1.000 mujeres en edad fértil. La provincia se ubica por debajo de la media nacional que es de 8 abortos cada 1.000 mujeres en edad fértil.<h2>Gobierno en contra</h2>El Poder Ejecutivo Nacional elaboraba informes periódicos con estos números hasta diciembre de 2023, pero la administración de La Libertad Avanza (LLA) suspendió la información. Se sabe que desde el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel ‘hacia abajo’ en el organigrama nacional, muchos funcionarios y legisladores se oponen a la despenalización del aborto. Las autoridades libertarias no abrieron la discusión (aún) contra la despenalización del aborto y otras políticas sobre sexualidad y género. Pero, con la excusa de controlar los desequilibrios presupuestarios y macroeconómicos, la distribución de fármacos de IVE/ILE y otros medicamentos cayeron ‘en picada’ entre 2023 y 2024, según las investigaciones de Proyecto Mirar.• En 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE-ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024 ninguno. La caída fue del 100%.Tampoco Nación distribuyó insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, establecido por la Ley 25.673.• La distribución de preservativos se redujo de 4,4 millones a 2,4 millones de unidades; una caída del 45,5% entre el tercer trimestre de 2023 y mismo periodo de 2024.• La entrega de anticonceptivos inyectables y orales también se redujo en este lapso de tiempo: pasó de 4,9 millones a 2,3 millones de tratamientos entregados entre 2023 y 2024, lo que significa una baja del 53,9%.• Se desmanteló el Plan ENIA (Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) que sirvió para reducir el embarazo adolescente.<h2>Datos nacionales</h2>Entre enero de 2021, cuando entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y diciembre de 2024, se reportaron un total de 314.492 abortos. En promedio, se realizaron 78.623 interrupciones voluntarias del embarazo al año desde la legalización.Los primeros registros compartidos por Nación son de 2020, cuando la práctica estaba permitida solo para los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, en base a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L”, es decir, que el aborto era legal si el embarazo fuera producto de una violación o si existía un riesgo para la salud de la madre. Era lo que entonces se conocía como “aborto no punible”.Si se comparan estos números con los de 2021, cuando entró en vigencia la Ley 27.610, se observa un incremento a nivel nacional de 223,4% en la cantidad de procedimientos legalizados. Aunque las cifras no son comparables sobre la incidencia real de las prácticas de aborto, ya que hasta la sanción de la ley la mayoría de los casos se realizaban en clandestinidad. Una cifra muy discutida en su momento, llegó a calcular que se practicaban alrededor de 400 mil abortos clandestinos por año (lo que representa cinco veces más que los abortos legales contabilizados desde 2021) antes de la sanción de la ley.<h2>En las provincias</h2>A nivel provincial, la variación de la incidencia de abortos legales fue muy diferente entre unas y otras. La Rioja registró el salto más importante: pasó de 51 abortos no punibles en 2020 a 755 interrupciones en 2021, un incremento del 1380%. Le sigue Tucumán, con una variación del 503%. En cambio, en Río Negro la variación fue de apenas el 0,73%. En Neuquén, incluso, se registraron menos procedimientos que el año anterior (de 750 a 656).Mariana Romero, especialista de CEDES e investigadora del Conicet, advirtió que toda la información previa a la sanción de la ley debe ser tomada con cautela. “Se supone que en el pasado los datos también deberían haber sido sistemáticos, pero no siempre sucedió. La Ciudad de Buenos Aires fue, desde 2016, la única jurisdicción que hizo reportes públicos y sistemáticos de abortos no punibles. Por lo tanto, es la única que tenía una serie para hacer un análisis”, explicó la experta. Allí, el incremento entre 2020 y 2021 fue del 12%.<h2>Plan ENIA</h2>¿Qué logró el Plan ENIA en Entre Ríos, mientras estuvo vigente, hasta 2023? Según información oficial, el Plan ENIA en Entre Ríos, durante su vigencia, logró una reducción del 40% en la tasa de fecundidad adolescente entre 2018 y 2022, pasando del 15.8% al 9.6%. Sus logros incluyeron el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, la implementación de educación sexual integral en escuelas y la consejería en salud sexual y reproductiva, un trabajo que se realizó de manera intersectorial con profesionales de la salud y la educación en toda la provincia. En Entre Ríos se aplicó con 70 profesionales que trabajaban en escuelas, centros de salud y hospitales.El plan surgió durante la administración de Mauricio Macri y buscaba prevenir el embarazo adolescente mediante la educación sexual integral (ESI), el acceso a métodos anticonceptivos y el acompañamiento en salud sexual y reproductiva a adolescentes en escuelas y comunidades. Implementado desde 2017, logró reducir a la mitad la fecundidad adolescente y se consideró una herramienta efectiva.El gobierno de Javier Milei despidió al personal, recortó un 85% el presupuesto, interrumpió el envío de anticonceptivos a las provincias y canceló las capacitaciones previstas para su implementación y desarrollo.<h2>Diferencias entre IVE e ILE</h2>La legislación argentina establece dos tipos de acceso al aborto: Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La principal diferencia es el plazo y la necesidad de justificación: la IVE es un derecho de acceso al aborto hasta la semana 14 inclusive de gestación, sin dar motivos. Fue el principal punto de las luchas y debates por la legalización del aborto hasta la aprobación de la ley 27.610. Mientras que la ILE se aplica a partir de la semana 15 si el embarazo es producto de una violación o si pone en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. La ILE se implementaba desde antes de la ley 27.610.

Salud pública: Datos sobre el aborto legal y voluntario

La medida fue oficializada mediante la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte, publicada hoy en el Boletín Oficial, y forma parte del programa de la Red Federal de Concesiones Viales.<h2>Etapa inicial</h2>El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que en esta primera instancia se licitarán 741 kilómetros, correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, integrada por los Tramos Oriental y Conexión. Estos abarcan seis rutas nacionales: 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.“El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas de concesión de estos tramos. El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, aseguró el titular de Hacienda.Además, adelantó que en los próximos días se publicarán en la plataforma <a href="http://Contrat.ar">Contrat.ar</a> los pliegos finales para la licitación nacional e internacional de las Etapas 2 y 3, que incluyen 8.384 kilómetros adicionales.<h2>Rutas incluidas en la Etapa 1</h2><ul><li>Ruta Nacional 12: une Buenos Aires con Misiones. En Entre Ríos atraviesa de sur a norte ciudades como Gualeguay, Nogoyá y Paraná. Es estratégica para el corredor bioceánico.</li><li>Ruta Nacional 14: corre paralela a la RN12, más hacia el este. Es la vía principal hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires, pasando por Gualeguaychú, Concordia y Federación.</li><li>Ruta Nacional 135: conecta la ciudad de Colón (Entre Ríos) con el puente internacional Artigas hacia Paysandú (Uruguay).</li><li>Ruta Nacional A-015: une la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande y el puente internacional hacia Salto (Uruguay). Es vital para el intercambio energético y turístico.</li><li>Ruta Nacional 117: va desde Paso de los Libres (Corrientes) hasta el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que conecta con Uruguaiana (Brasil). Aunque se ubica en Corrientes, se integra al corredor del litoral junto a la RN14.</li><li>Ruta Nacional 174: corresponde al puente Rosario–Victoria, que conecta Santa Fe con Entre Ríos. Constituye un enlace clave este-oeste entre el litoral y la zona núcleo productiva.</li></ul><h2>Próximos pasos</h2>Con esta apertura de sobres, el Gobierno busca avanzar en un esquema de concesiones que traslade al sector privado la inversión, el mantenimiento y la administración de la red vial. Según Caputo, el objetivo es “mejorar la infraestructura y garantizar corredores estratégicos con mayor seguridad y eficiencia”.

El Gobierno nacional abrirá sobres para la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas

En un clima marcado por la inminente decisión de vetar la ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, dieron inicio este jueves a la mesa federal con gobernadores, una instancia de diálogo que busca recomponer el vínculo entre la Nación y las provincias.El encuentro se desarrolló en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada y tuvo como protagonistas a tres mandatarios provinciales con acuerdos electorales con La Libertad Avanza: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). La reunión, originalmente pensada como una serie de conversaciones bilaterales entre Catalán y los gobernadores, terminó unificándose en una sola mesa tras la llegada de Caputo y la decisión de Francos de formalizar la puesta en marcha del nuevo ámbito de trabajo.Catalán, quien aún no fue oficializado en su cargo de ministro del Interior, debutó de hecho en sus funciones al encabezar esta primera jornada de diálogo con mandatarios cercanos al oficialismo libertario. Por la mañana había recibido a Zdero en un encuentro privado, antes de que se definiera la estrategia de institucionalizar la mesa.<h2>Reconstrucción política en clave electoral</h2>La iniciativa responde al mandato del presidente Javier Milei, que busca recomponer los lazos con las provincias luego de semanas de tensiones tras el cierre de listas electorales. La Casa Rosada se propone avanzar con reuniones personalizadas para atender demandas específicas de cada jurisdicción, evitando grandes convocatorias que puedan exponer diferencias internas.La estrategia oficial contrasta con el malestar de varios gobernadores, que reclaman por la reanudación de obras públicas y el envío de fondos establecidos por ley, congelados en el marco del ajuste fiscal. En paralelo, Milei mantiene firme la decisión de vetar la ley de reparto de ATN, aprobada por el Congreso y respaldada por opositores y sectores del peronismo.<h2>Gobernadores en movimiento</h2>El oficialismo libertario busca sostener su alianza con los mandatarios que ya sellaron acuerdos electorales. Además de Zdero, Cornejo y Frigerio, se espera que próximamente pasen por la mesa federal Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), este último beneficiado por un entendimiento electoral con La Libertad Avanza en los comicios provinciales de mayo.Mientras tanto, otros gobernadores, en especial los de extracción peronista, se muestran más reticentes. Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), que habían acompañado legislativamente al Gobierno en el pasado, ahora se acercaron al kirchnerismo de cara a las elecciones de octubre.En paralelo, este viernes se espera un gesto político desde el espacio Provincias Unidas, que agrupa a seis mandatarios que buscan consolidarse como alternativa nacional. En la exposición rural de Río Cuarto se mostrarán juntos Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes), con el objetivo de capitalizar el descontento social frente al Gobierno.<h2>Una convocatoria tardía</h2>La Casa Rosada apura ahora los tiempos de diálogo en un contexto electoral complejo, tras la derrota de Milei en Buenos Aires y el desgaste de la relación con varios mandatarios. Para algunos gobernadores, el llamado a la mesa federal llega tarde y se inscribe más como un movimiento táctico en la previa de los comicios del 26 de octubre que como un verdadero compromiso institucional de largo plazo.

El Gobierno inauguró la “mesa federal” con gobernadores aliados en medio de tensiones por los ATN

El Senado de la Nación aprobó este jueves la ley de emergencia en discapacidad, una norma que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y que introduce medidas para saldar deudas con prestadores de salud, actualizar aranceles, modificar el régimen de pensiones no contributivas y generar incentivos laborales.La normativa fue declarada de orden público, por lo que rige en todo el territorio nacional.<h2>Actualización de prestaciones y deudas</h2>La ley dispone una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia acumulada entre los valores vigentes y la inflación desde 2023 hasta la fecha. Además, establece la cancelación de deudas con prestadores y la obligación de ajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según los índices inflacionarios publicados por el INDEC.<section class="noteSuggested" data-id="132890" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Cambios en las pensiones no contributivas</h2>Uno de los puntos más destacados es la modificación en las pensiones no contributivas por discapacidad, que pasarán a ser equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Asimismo, los beneficiarios podrán trabajar, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles.<h2>Impacto fiscal</h2>De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el incremento en las pensiones implicará un refuerzo fiscal de entre 1,88 billones y 3,62 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios que ingresen al sistema. Según la OPC, podrían registrarse entre 493.000 y 946.000 nuevas altas en los próximos años.<h2>Compensación y auditorías</h2>El Poder Ejecutivo Nacional deberá destinar recursos del Tesoro para financiar una compensación de emergencia a prestadores. Por su parte, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevará adelante auditorías con el fin de evaluar de manera “justa y transparente” las situaciones de los beneficiarios, considerando criterios médicos y socioeconómicos. El procedimiento deberá garantizar notificaciones fehacientes, debido proceso inclusivo y acceso claro a la información.<h2>Incentivos laborales</h2>La nueva ley también promueve la inserción laboral: los empleadores que contraten trabajadores con certificado de discapacidad bajo relación laboral por tiempo indeterminado estarán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y previsionales durante tres años.<h2>Un paso clave</h2>Con esta sanción, el Congreso busca dar respuesta a una problemática de arrastre vinculada al financiamiento del sistema de prestaciones, al atraso en los pagos y a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

El Senado ratificó la ley de emergencia en discapacidad: actualizaciones, pensiones y beneficios para prestadores

En una sesión cargada de tensión y con fuerte repercusión política, el Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad. Con 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, la oposición —integrada por el interbloque peronista, UCR, PRO y fuerzas provinciales— impuso una derrota histórica al oficialismo.La decisión obliga al Poder Ejecutivo a promulgar la norma, que había sido aprobada previamente por abrumadora mayoría en ambas cámaras. Desde el 12 de marzo de 2003, durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, que el Congreso no lograba revertir un veto presidencial.<figure class="image"><img src="https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2025/09/el_senado_rechazo_el_veto_de_milei_a_la_ley_de_discapacidad.JPG" alt="El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de discapacidad"></figure><h2>Qué establece la ley de emergencia en discapacidad</h2>La ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2027. Entre sus principales puntos, dispone:<ul><li>Actualización de prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023.</li><li>Cancelación de deudas con prestadores y actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, en base a índices del INDEC.</li><li>Pensiones por invalidez equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.</li><li>Posibilidad de que los beneficiarios trabajen, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.</li></ul>La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo fiscal oscilará entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de nuevas altas en el sistema.<h2>Debate caliente en el recinto</h2>El tratamiento estuvo marcado por discursos encendidos. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri cuestionó el veto presidencial y señaló: “La libertad no es abandonar a los argentinos. Hay que auditar, pero con gestión y humanidad, no con motosierra”.Desde la UCR, Maximiliano Abad sostuvo que la medida lo dejó “atónito”: “No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”.El kirchnerismo fue más duro. Eugenia Duré calificó a Milei como “el más cruel” desde 1983, mientras que Eduardo “Wado” de Pedro lo tildó de “bruto” y “cínico”.En soledad, la senadora cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero defendió la posición del Gobierno y lanzó con ironía: “¿Cómo les está yendo en el plan de desestabilizar al Gobierno? No necesitamos otra ley ni emergencias, necesitamos gestión”.El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, se retiró de la lista de oradores y evitó defender el veto en el cierre de la sesión.<figure class="image"><img src="https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2025/09/el_senado_rechazo_el_veto_de_milei_a_la_ley_de_discapacidad_1.JPG" alt="El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de discapacidad"></figure><h2>Contexto político</h2>La sesión, presidida por Bartolomé Abdala debido al viaje de Milei a Estados Unidos y la suplencia de Victoria Villarruel en el Ejecutivo, se inició con cruces por el escándalo de los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Legisladores opositores reclamaron explicaciones a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, incluso con pedidos de interpelación y juicio político.Con este revés parlamentario, la Casa Rosada enfrenta un escenario complejo: el Congreso no solo recuperó la potestad de imponer una ley contra la voluntad presidencial, sino que lo hizo en un tema sensible como la discapacidad, con amplio respaldo opositor y fuerte repercusión social.

El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de discapacidad

El directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), Eduardo Fernández, alertó sobre el complejo escenario que atraviesa el sector productivo argentino, golpeado por la recesión, la falta de financiamiento y la creciente competencia de las importaciones.En diálogo con Radio Rivadavia, Fernández explicó que la política monetaria aplicada por el Gobierno, con un fuerte aumento en los encajes bancarios, dejó a las empresas sin acceso al crédito y anuló al financiamiento como motor del consumo interno.<h2>Tasas imposibles y asfixia financiera</h2>“El futuro es sombrío. El crédito, que era uno de los motores del mercado interno, hoy está totalmente descartado tanto para consumo como para financiamiento de las empresas. Los números son tremendos: al inicio de agosto el encaje total era del 30% y el de bonos del 9%. Vamos a cerrar el mes con 53,5% y 18,5%, respectivamente. Esto significa tasas reales imposibles de afrontar”, sostuvo.A la falta de financiamiento se suma la presión de las importaciones sobre la industria nacional. “No solo es difícil sostener la producción, sino que ahora tenemos un sistema financiero restrictivo que busca salvarse a sí mismo, pero asfixia al aparato productivo”, subrayó Fernández.<h2>Impacto en el empleo</h2>El dirigente señaló que el deterioro ya se traduce en pérdidas laborales masivas. Recordó que durante la pandemia se destruyeron 155.000 puestos de trabajo y, en los últimos 18 meses, otros 250.000 trabajadores quedaron fuera del mercado.“La movilidad laboral va a ser hacia la baja. Las pymes están en una situación límite: no quieren despedir, pero no pueden sostener sus plantillas. Además, detrás del cierre de cada empresa hay historias familiares y economías regionales que desaparecen”, remarcó.<h2>Riesgo de una crisis similar a 2001</h2>Finalmente, Fernández advirtió que el rumbo actual podría derivar en una crisis comparable a la vivida a principios de siglo:<blockquote>“Cuando se sinceren las cifras y se mida la economía real, vamos a encontrar un desastre similar al de 2001. Hoy el país está destruyendo empleo y cerrando empresas que tardaron décadas en consolidarse”.</blockquote>Desde la Asociación de PyMEs remarcan que el sector, que emplea a la mayor parte de los trabajadores del país, requiere medidas urgentes de alivio financiero y protección productiva para evitar un colapso mayor.

Alerta PyME: advierten que la recesión y la falta de crédito ponen al sector en una situación límite

El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación en la aplicación de los feriados nacionales: a partir de ahora, aquellos que coincidan con sábados o domingos podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, según disponga la autoridad competente.La medida quedó establecida en el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.Hasta el momento, la Ley 27.399 contemplaba el corrimiento de feriados que caían martes, miércoles, jueves o viernes, con el objetivo de fomentar fines de semana largos. Sin embargo, no había previsiones para los feriados que coincidían con sábados o domingos, lo que generaba un vacío legal.Con la nueva disposición, la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación y tendrá la facultad de establecer las normas complementarias necesarias para instrumentar los cambios.En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que la decisión busca “honrar la condición de feriados trasladables” prevista en la legislación vigente y evitar interpretaciones que pudieran desvirtuar su espíritu.La normativa entró en vigencia de manera inmediata con su publicación en el Boletín Oficial y regirá para todos los feriados nacionales trasladables que coincidan con fines de semana.

El Gobierno habilitó el traslado de feriados que coincidan con fines de semana

Por primera vez en la historia democrática reciente, la Argentina utilizará en las próximas elecciones la boleta única de papel, un mecanismo que reemplaza al tradicional esquema de boletas partidarias. El nuevo sistema, ya vigente en varias provincias y en numerosos países del mundo, busca mejorar la transparencia, reducir las prácticas fraudulentas y garantizar igualdad de condiciones entre partidos grandes y pequeños.Así lo explicó Marcelo Bermolen, director del Observatorio de Calidad Institucional y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, quien analizó las implicancias de esta reforma electoral.<section class="noteSuggested" data-id="132770" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Un cambio histórico</h2>“Por primera vez, millones de argentinos enfrentan un sistema distinto al que conocían. Es una transformación relevante en términos de transparencia, equidad y calidad institucional”, destacó Bermolen.<h2>Se termina un negocio opaco</h2>El especialista recordó que durante años el Estado financió la impresión de boletas partidarias sin constancia efectiva de su producción. “Con la boleta única, ese circuito se corta: la impresión pasa a ser responsabilidad del Estado y ya no de los partidos”, explicó.<h2>Más simple y más seguro</h2>El nuevo procedimiento elimina los sobres y el cuarto oscuro repleto de boletas. “El presidente de mesa entrega una única boleta y un bolígrafo. El ciudadano marca su preferencia en un box, dobla la boleta y la deposita en la urna”, detalló Bermolen.<h2>Transparencia y equidad</h2>Una de las mayores ventajas es la igualdad de condiciones para todos los partidos. Según Bermolen, “los partidos pequeños, muchas veces perjudicados por el robo de boletas o la falta de fiscales, tienen garantizada su presencia en la oferta electoral”.<h2>La importancia de la capacitación</h2>El académico subrayó que el sistema, aunque sencillo, requiere información y pedagogía cívica: “Cada elector debe hacer una sola marca por categoría: si no marca, es voto en blanco; si marca más de una, el voto se anula. Es un sistema claro, pero necesita capacitación, sobre todo en provincias con elecciones concurrentes”.<h2>Riesgo de apatía y miedo a equivocarse</h2>Bermolen advirtió que algunos sectores, como adultos mayores o votantes con menor educación cívica, pueden sentir temor ante el cambio y desistir de participar. “En un contexto de baja participación electoral, la pedagogía cívica se vuelve fundamental”, alertó.<h2>Un paso adelante, no una solución definitiva</h2>“El nuevo instrumento no es perfecto ni infalible, pero representa un avance. El desafío está en implementarlo con seriedad, acompañado de campañas masivas de educación cívica que refuercen la confianza en el acto electoral”, concluyó Bermolen.

Elecciones 2025: Argentina estrena la boleta única de papel, un cambio histórico en el sistema electoral

La venta de combustibles al público registró en julio una caída interanual del 1,16%, cortando así una racha de cuatro meses consecutivos de crecimiento. El dato surge de un relevamiento del portal especializado Surtidores, que da cuenta de un mercado con comportamientos muy dispares: fuerte avance en los productos premium y retroceso en los combustibles comunes.<h2>Dos velocidades en el consumo</h2>De acuerdo al informe, mientras que la demanda de los combustibles premium se expandió con fuerza —12,5% en nafta y 9% en gasoil—, las ventas de los comunes marcaron retrocesos: la nafta súper cayó 1,11% y el diésel común se desplomó 12,19%.Este fenómeno, interpretado como un consumo “a dos velocidades”, refleja que los sectores con mayor poder adquisitivo sostienen y hasta incrementan su demanda, mientras que los consumidores más sensibles al precio recortan gastos en combustibles básicos.<h2>El mapa de las ventas: ganadores y perdedores</h2><h3>Por provincias</h3>El análisis muestra un panorama heterogéneo:<ul><li>Diez de las 24 provincias tuvieron subas. La mayor se dio en Tierra del Fuego (+9,7%), seguida por Buenos Aires (+6,2%).</li><li>Las caídas más fuertes se registraron en Tucumán (-19,3%), que acumula seis meses consecutivos en baja, La Rioja (-10,4%) y CABA (-10,08%).</li></ul><h3>Por empresas</h3><ul><li>YPF, con el 55,6% del mercado, y DAPSA fueron las únicas compañías que aumentaron sus ventas interanuales (+3,45% y +8,18%, respectivamente).</li><li>El resto mostró retrocesos, con Shell —que detenta el 23,1% del mercado— a la cabeza de las bajas (-7,37%).</li></ul><h2>El dato mensual: leve mejora frente a junio</h2>Pese a la caída interanual, el relevamiento destacó que la venta total subió 2,17% en comparación con junio de 2025, lo que aporta un respiro coyuntural en un contexto de marcada desaceleración de la demanda.

La venta de combustibles cayó en julio y se frenó la racha de crecimiento

La Cámara de Diputados aprobó el cambio de huso horario en la Argentina, una medida que generó debate en distintos ámbitos científicos y sanitarios. En este contexto, la investigadora del CONICET y directora científica del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, Patricia Agostino, advirtió sobre las consecuencias de la decisión y señaló que “desde el punto de vista biológico y sanitario corresponde el huso horario -4”.Actualmente, el país se encuentra en el huso -3, lo que implica que los relojes están tres horas por detrás del meridiano de Greenwich. Si se aplicara la recomendación de los especialistas y se adoptara el huso -4, los relojes se atrasarían una hora respecto de la hora vigente.<h2>“Consecuencias similares al jet lag”</h2>En diálogo con Radio Splendid AM 990, en el programa RPM que conduce Rolando Graña, Agostino explicó que “geográficamente a gran parte del territorio nos conviene el -4” y agregó que “en una parte del oeste de nuestro país convendría incluso el huso -5”.La especialista remarcó que “las provincias que están en la cordillera están dos horas desfasadas” y recordó que “cada huso horario va cambiando una hora cada 15 grados de longitud”.En cuanto a los efectos de la modificación, subrayó:<blockquote>“El cambio de horario provoca consecuencias temporales similares al jet lag”.</blockquote>Agostino también destacó que la exposición a la luz solar es un factor clave en el bienestar: “Los países que tienen mayor cantidad de luz del día, tienen sociedades con mejor estado de ánimo. En Argentina hay mucha disponibilidad de luz en comparación con otros países”.<h2>¿Qué es el huso horario?</h2>El huso horario es el sistema que divide al planeta en 24 franjas longitudinales, cada una con una hora distinta. La referencia mundial es el meridiano de Greenwich, en Inglaterra, y a partir de allí se cuentan los demás husos hacia el este o hacia el oeste. Cada franja equivale a 15 grados de longitud y representa una hora de diferencia con el tiempo universal.En el caso argentino, el uso del huso horario -3 coloca al país tres horas por detrás de Greenwich, aunque la recomendación científica apunta a adoptar el huso -4 para una mayor sincronía biológica con la posición geográfica.

Diputados aprobaron el cambio de huso horario y especialistas advierten sobre el impacto biológico

En la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que establece como hora oficial de nuestro país el huso horario UTC -4, en reemplazo del actual UTC -3, con el objetivo de adecuar el horario argentino al que le corresponde según el sistema internacional.El texto final fue consensuado a partir de cuatro iniciativas presentadas por legisladores de distintos espacios políticos: Julio Cobos, Agost Carreño, Pamela Caletti y Gisela Marziotta.<h2>Un ajuste hacia la hora solar</h2>El diputado mendocino Julio Cobos, principal impulsor de la iniciativa, sostuvo:<blockquote>“Hemos dado un gran paso. Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad, sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Con este cambio buscamos una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona”.</blockquote>Según explicó, casi todo el territorio argentino se encuentra dentro del huso horario UTC -4, salvo la zona cordillerana que se acerca al UTC -5, mientras que actualmente se utiliza UTC -3, lo que genera un desfasaje.<h2>Impacto en educación y consumo</h2>Uno de los ejes centrales del debate fue el efecto que la diferencia entre la hora solar y la oficial tiene en el ámbito educativo. “En la mayoría de las provincias, los alumnos inician sus jornadas en plena oscuridad, lo que repercute en su rendimiento. En Mendoza, por ejemplo, el inicio escolar a las 8 de la mañana en realidad corresponde a las 6:30 de la hora solar”, explicó Cobos.El proyecto también contempla la posibilidad de aplicar el huso horario -3 durante el período estival, desde el primer domingo de abril hasta el primer domingo de septiembre, en caso de que el Poder Ejecutivo lo considere conveniente.<h2>Fundamentos científicos y antecedentes</h2>La propuesta se apoya en estudios del Conicet, a través del Instituto Nacional de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE), que avalan el impacto positivo de la adecuación horaria en términos de salud y eficiencia energética.Cobos recordó que durante su gestión como gobernador de Mendoza, en 2004, la provincia implementó un cambio similar para aprovechar mejor la luz solar. “Es una propuesta con mucho sentido común, respaldada por experiencias provinciales e internacionales, y surgida del consenso político. Ahora esperamos que el Senado avance con su tratamiento”, concluyó.

Diputados aprobó el cambio de huso horario: Argentina adoptaría el UTC -4 como hora oficial

La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un informe que vuelve a poner en debate el peso de los tributos locales sobre la actividad económica. Según el relevamiento, Entre Ríos se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de tasas municipales junto con Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.El documento, titulado “Tasas Municipales: un tributo invisible que pagamos todos”, advierte que en promedio las empresas deben afrontar 1,4 tasas por municipio, y en más de 30 distritos relevados la cifra asciende a dos o más.<h2>Creación de nuevas tasas y presión fiscal</h2>De acuerdo con la entidad fabril, en 2024 se crearon seis tasas nuevas a nivel país, lo que eleva a 84 el número total de tributos municipales frente a los 78 registrados en 2023. La Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) concentra uno de cada tres pagos y llega a representar hasta el 1,8% del precio final de alimentos y otros productos básicos.El estudio señala que el 81% de las tasas no tienen contraprestación de servicios, el 51% no son proporcionales al servicio recibido y el 35% generan doble imposición, principalmente con Ingresos Brutos.<blockquote>“La Argentina lidera el ranking de presión fiscal sobre el sector formal a nivel subnacional. Junto con Italia, es uno de los pocos países con doble imposición, aunque en el caso argentino, las tasas municipales son un 400% más altas”, subraya el informe.</blockquote><h2>Riesgos para la industria</h2>La UIA advirtió que la combinación de alta carga impositiva, apertura comercial y estancamiento económico impacta de lleno en la rentabilidad de las empresas. Las importaciones en niveles récord y las ventas internas que no terminan de repuntar impiden trasladar plenamente los mayores costos a precios, lo que, según los industriales, los deja en “desigualdad de condiciones” frente a competidores externos.Además, remarcan la incertidumbre política: temen que la falta de consensos entre el Ejecutivo, los gobernadores y el Congreso retrase las reformas estructurales en impuestos y legislación laboral que el Gobierno prometió encarar hacia fin de año en el marco de su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).<h2>Propuestas de la entidad</h2>La UIA propondrá a las autoridades nacionales y provinciales un conjunto de medidas para reducir la carga de los tributos locales:Establecer un consenso fiscal con tope a las tasas municipales.Armonizar la normativa para evitar la doble imposición.Garantizar que las tasas tengan una justificación real y contraprestación de servicios.Mejorar la coordinación fiscal entre municipios, provincias y Nación.Asegurar estabilidad fiscal para dar previsibilidad a las inversiones.<h2>Camino a las elecciones</h2>El debate impositivo se enmarca en un escenario político marcado por la cercanía de las elecciones y por la estrategia del presidente Javier Milei, que apuesta a un descenso abrupto de los precios hacia los próximos comicios.Los industriales preparan además la firma de un Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, previsto para el 2 de septiembre en Córdoba, donde esperan contar con la presencia del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.Allí pondrán sobre la mesa los que consideran los principales factores del “costo argentino”: alta presión impositiva, rigidez laboral, elevado costo del dinero, déficit en educación y problemas de infraestructura.

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