Argentina necesita destinar el 8% de su PBI para garantizar el derecho a la educación

Especialistas en educación y justicia fiscal han señalado en un foro internacional la necesidad urgente de asignar hasta el 8% del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina para garantizar el derecho a la educación de toda su población. En un evento que reunió a destacados expertos de América Latina y El Caribe, se acentuó la importancia de avanzar en reformas tributarias progresivas que permitan aumentar la inversión en el sistema educativo.

Organizaciones y redes sociales de la región se unieron en un llamado por la "justicia fiscal para garantizar el derecho humano a la educación". Esta iniciativa contó con el respaldo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC).

Los especialistas enfatizaron que actualmente Argentina, al igual que otros países evaluados en la región, incluyendo a Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, no cumple con el compromiso de asignar el 6% de su PBI a inversión educativa, como se había establecido previamente.

Uno de los problemas cruciales señalados por los expertos es la regresividad de los sistemas tributarios, la elevada evasión y elusión fiscal, así como los privilegios fiscales otorgados a grandes corporaciones y fortunas. Además, se mencionó la ineficiencia de las políticas públicas y la falta de transparencia en la ejecución de los presupuestos destinados a la educación como causas que explican la crítica situación del sistema educativo en estos países.

Vernor Muñoz, miembro de la Campaña Mundial por la Educación, resaltó la importancia de considerar la justicia fiscal como parte integral de los derechos humanos, ya que es en ese contexto donde se definen las bases de la distribución de la riqueza y la construcción de sociedades más igualitarias. Sus palabras subrayan la necesidad de abordar la educación desde una perspectiva holística que tenga en cuenta no solo la recaudación de fondos, sino también su inversión adecuada.

El foro, celebrado en Santiago de Chile, tuvo como objetivo promover una campaña regional que coloque la justicia fiscal como un pilar fundamental para garantizar el derecho humano a la educación en países de América Latina y el Caribe. Argentina, junto con otros países de la región, se convirtió en un caso de estudio en el evento.

Los expertos enfatizaron que tanto Argentina como Colombia, al enfrentar profundas desigualdades, necesitan invertir el 8% de su PBI para asegurar una educación de calidad, que incluya una infraestructura escolar adecuada, acceso a la conectividad, becas para aquellos que lo necesiten y un cuerpo docente capacitado. Según datos del Banco Mundial, el PBI de Argentina en 2022 ascendió a 632,77 mil millones de dólares, lo que requeriría una inversión de US$ 50.621,6 millones para alcanzar ese objetivo.

Finalmente, entre las propuestas regionales discutidas en el foro, se destacó la necesidad de garantizar la transparencia de la información como un elemento clave para avanzar en la justicia fiscal. Esto incluye una mayor rendición de cuentas en la ejecución de los presupuestos destinados a la educación, lo que contribuiría a lograr un sistema educativo más equitativo y accesible para todos los ciudadanos argentinos.