Política
Vialidad Nacional despide a 1.600 empleados en medio del vencimiento de la concesión de Caminos del Río Uruguay
El organismo, bajo la conducción del menemista Marcelo Campoy, avanza con un drástico plan de ajuste que reducirá su plantel de 5.400 a 3.800 trabajadores. Paralelamente, el Estado asumirá el control de la Autovía del Mercosur tras el fin de la concesión de CRUSA, dejando en la incertidumbre a cientos de empleados.
En una decisión que profundiza la política de ajuste del gobierno de Javier Milei, Vialidad Nacional inició un proceso de despidos masivos que afectará a 1.600 empleados, reduciendo su plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes. La medida, impulsada por el administrador Marcelo Campoy, se da en el marco de la derogación de la ley 505/58, que otorgaba al organismo autonomía en el mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional.
El recorte llega en un momento crítico: a días del vencimiento de la concesión de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), la empresa encargada de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado tomará el control temporal del corredor y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones. Sin embargo, cerca de 500 empleados de CRUSA quedarán en la incertidumbre, ya que no serán absorbidos por la administración pública y dependerán de futuras decisiones privadas para su reincorporación.
Ajuste y paralización de obras
Además de los despidos, Vialidad Nacional ordenó la paralización de todas las obras viales en curso, sin importar su grado de avance. La justificación oficial apunta a "restricciones presupuestarias", aunque sindicalistas denuncian que la medida debilita la infraestructura y la seguridad vial en todo el país.
"Estamos ante un desmantelamiento planificado. No solo se pierden puestos de trabajo, sino que se abandona el mantenimiento de rutas esenciales para el transporte y la economía", señaló un delegado gremial que prefirió mantener su nombre en reserva.
Reacción sindical y futuro incierto
Los sindicatos del sector ya han expresado su rechazo al plan, advirtiendo sobre el riesgo de mayor precarización laboral y el deterioro de los caminos nacionales. Mientras tanto, el gobierno insiste en que su objetivo es "racionalizar el gasto" y avanzar hacia un modelo con mayor participación privada en la gestión vial.
Con el fin de la concesión de CRUSA y los despidos en Vialidad Nacional, más de 2.000 trabajadores del sector vial enfrentan un futuro incierto en medio de una reestructuración que, según el oficialismo, busca "eficientizar" el Estado, pero que, para sus críticos, representa un duro golpe al empleo público y la infraestructura nacional.
