Una empresa estatal se hará cargo del viaducto y todo lo que trae consigo

A partir del 1° de noviembre Caminos del Río Uruguay no seguirá con la concesión de la unión vial Victoria Rosario y tampoco con los corredores de las Rutas N° 14 y 12, porque venció el contrato y no será renovado por las autoridades nacionales.

Tal como ha ocurrido con otras rutas nacionales del país, el manejo quedará en manos de Corredores Viales SA (CONADUV) una sociedad del Estado donde el 51 % de las acciones pertenecen al Ministerio de Transporte y el 49 restante a Vialidad Nacional. 

La medida es cuestionada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, señalando que “los usuarios viales y la asociación de profesionales y personal superior de vialidad nacional rechazan la decisión insensata del Ministerio de Obras Públicas de la nación y solicitan que la concesión vial vuelva a la dirección nacional de vialidad (DNV), libre de peaje, y se audite la polémica gestión privada”.

Asimismo, en el comunicado llegado a Paralelo 32, se anticipa que la entidad “solicitará a través de quien corresponda, la urgente convocatoria a una Audiencia Pública ‘vinculante’, de manera de poder debatir seriamente el tema en cuestión, haciendo extensivo el requerimiento a legisladores nacionales y provinciales de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, como así también a los respectivos gobernadores, intendentes y concejales.

En el comunicado, el Comité agrega que “la concesión del Corredor Vial N° 18, Rutas Nacionales 12 y 14, llevada a cabo en el año 1990, incorporando posteriormente el Puente Rosario–Victoria y Ruta Nacional 174, es una estafa vial que lamentablemente seguirá vigente a partir de noviembre próximo, dando continuidad a los serios perjuicios económicos y sociales para los usuarios viales y toda la comunidad”.

Sostienen que “la red vial es de dominio público y no propiedad de un presidente, gobernador o funcionario público. Sin embargo, lamentablemente, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que conduce el Dr. Gabriel Katopodis, a espaldas de los usuarios viales directos e indirectos, con una actitud claramente irresponsable, autoritaria y antidemocrática, sin existir Marco Regulatorio (Ente Regulador) y sin convocar por lo menos a una Audiencia Pública “vinculante”, ha decidido tomar la errónea decisión de continuar con el mismo esquema de “falso peaje” a través de la innecesaria, costosa, burocrática y deficitaria empresa Corredores Viales S. A., que actuando indebidamente en forma paralela a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), sólo se limitará al cobro del falso peaje”. 

“La conservación y mantenimiento de la concesión en cuestión, debe ser realizada por la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), libre de peaje. Incluso deben replantearse las concesiones por peaje que son deficitarias, buscando otro sistema de gestión que sea menos oneroso y más equitativo.”

 “Las rutas sin el cobro del falso peaje, mejorarán la competitividad regional y darán mayor posibilidad para exportar. Sin empresas estatales o privadas como concesionarias, se logrará terminar con las cajas políticas y los negociados con la obra pública que benefician a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder”. 

Lo que trae consigo 

Un punto que no se ha tocado hasta ahora, aunque la Conaduv lo deja entrever, es que el ex concesionario no se hará cargo del desastre y sus incumplimientos. Eso significa que los juicios en curso por accidentes ocurridos en esas rutas, que las víctimas o familiares de víctimas atribuyen al mal estado de la ruta, quedarán a cargo de la caja sin fondos del Gobierno Nacional. Lo mismo sucederá con la reconstrucción de las partes deterioradas, que debió mantener la empresa y no lo hizo.

Lo que los funcionarios necesitan son cajas y licitaciones, donde sería obvio decir qué se hace con ellas, o qué es posible de hacer, sin importarles cuánto será el déficit que generen, que al fin y al cabo será solo un medio punto más en el descontrolado déficit  del presupuesto general