Un año de distanciamiento obligatorio entre la justicia y la abogacía

El abogado Alejandro Canavesio es, desde el 29 de marzo de 2019, presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER). Uno de los cambios que acompañó este año es el nombre. En aplicación de las nuevas normas de igualdad de género, quedó para la historia el nombre anterior de Colegio de Abogados de Entre Ríos. En el comienzo de una entrevista a distancia con Paralelo 32, Canavesio dijo que “el 2020, sin dudas, será un año que quedará en la memoria de todas y todos. Por distintas razones, hemos tenido que atravesar por momentos impensados: crisis, tensiones, frustraciones, pero también crecimientos y nuevos aprendizajes”.

Balance del año

El presidente de CAER destacó que este año será recordado porque “se creó el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Este gran cambio no es sólo un cambio de palabras. Ser inclusivos es casi una obligación de época, pero a eso se le suma una integración real de género, órganos de gobierno más modernos y verdadera integración de las minorías. El logro de contar con una nueva normativa ha sido fruto de un gran esfuerzo de todos y a quienes nos tocó liderarlo, no debemos más que agradecer la participación y el compromiso. Ahora nos queda mucho por hacer. Debemos seguir construyendo las bases de una institución abierta, plural, democrática y federal que represente fielmente a nuestra abogacía”.

En el plano profesional, Canavesio aseguró que fue “un año complejo para el ejercicio profesional, con menos comprensión de la deseada por parte de las máximas autoridades del servicio de justicia. El CAER se comprometió desde el día cero de la pandemia por la tutela jurídica continua y efectiva. Con algunos logros y otros sinsabores, nos tocó como institución participar de este año atípico. Hicimos a comienzo de año una planificación, lo que debió posponerse; a cambios, se realizaron muchas gestiones, las capacitaciones logradas, el camino recorrido en varios años con una plataforma virtual propia. Y por supuesto, lo más importante es rendir homenaje a aquellos matriculados que la pasaron mal, que han perdido un ser querido y a aquellos que ya no están, a los que les tocó el costado más cruel de esta pandemia”.

– Hubo muchas quejas sobre el servicio de justicia en cuarentena, los plazos que se dilataron, la falta de atención. ¿Cambió, o sigue igual?

— A lo largo de la pandemia fuimos sorteando obstáculos, se trabajó al principio mancomunadamente entre los principales actores, Poder Judicial, Asociación de la Magistratura, personal, médicos, llevando soluciones concretas para cada una de las etapa al principio del ASPO (aislamiento social obligatorio) y luego del DISPO (distanciamiento social) fuimos artífices activos de lo que iba sucediendo en cada realidad de las distintas jurisdicciones, porque no todos los lugares son iguales o tienen la misma infraestructura ni capacidad de albergar a empleados, magistrados y profesionales. Se superaron etapas, algunas con consensos en algunos casos y diferenciación en otras; el balance es reconocido por la abogacía entrerriana, se pudo trabajar y brindar servicio de justicia dentro de una situación distinta a la acostumbrada.

Comodidad

– Desde afuera, muchas personas perciben cierta ‘comodidad’ en el Poder Judicial. Se ponen trabas, se dilatan causas, se incomoda a los justiciables, pero se cobra el sueldo a fin de mes sin problemas.

— Dentro del sistema judicial entrerriano contamos con herramientas o mecanismos de acceso a plataforma virtual, tecnología propia al servicio de la Justicia. Esto fue lo que nos permitió avanzar en este año especial, sumado que se implementó la oralidad en los procesos civiles, comerciales, laborales y de familia, acortando sustancialmente los plazos. También, otros medios alternativos de solución de conflictos, puesto al servicio de la justicia.

Agregó Canavesio que “se han acortado los plazos y se ha tenido un trabajo importante de acceso a la justicia. Con el convenio que mantiene CAER con el Ministerio de Justicia de la Nación, sobre acceso a la justicia y el de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) con violencia de género, han permitido exponer esos casos de vulnerabilidad que antes no se veían”.

Con respecto a los salarios que perciben los magistrados y jueces, Canavesio dijo que “es de público conocimiento que es la propia ley la que se los ha establecido, será tema de análisis de quienes tienen la responsabilidad y obligación de llevar este tema a debatirlo. Por supuesto, que se puede lograr a través de la búsqueda de consensos para nivelar y distribuir en igualdades de condiciones”.

Juicio por jurados

Al hacer un balance sobre el juicio por jurados populares, que ya tiene dos casos resueltos con ese método en Paraná y en Concordia, el entrevistado comentó: “Me permito tomar en este punto las palabras de quien luchó desde lo institucional por el juicio por jurados, el doctor Marciano ‘Chano’ Martínez: ‘El juicio por jurados es una transformación del sistema democrático argentino, porque supone la participación popular en uno de los poderes del Estado. Es comparable a lo que sucedió con la reforma de la Ley Sáenz Peña de 1912, que posibilitó el voto del pueblo y luego la presidencia de Yrigoyen. El error es ver este proceso sólo como una reforma procesal, cuando en verdad es algo mucho más profundo. Es la participación del pueblo en el dictado de sentencias judiciales. Tiene una trascendencia institucional muy importante’.

Es una satisfacción institucional muy grande, los jurados populares han sabido interpretar de qué se trata y como se puede resolver en corto plazo la situación procesal de una persona imputado por un delito penal. Es de destacar el proceso de deliberación de los jurados, como logran llegar a un veredicto unánime.

Honorarios profesionales

Un punto de conflicto entre abogados y el Superior Tribunal de Justicia fue la Acordada Plenaria Nº1, que acordó reducir los honorarios profesionales en los juicios de 50 juristas a 35 juristas (jurista es la unidad de medida que se va actualizando con la inflación). Un tribunal de conjueces, entre ellos Canavesio, (profesionales que no pertenecen al Poder Judicial), resolvió a fines de octubre un caso donde el tema estuvo en discusión, y resolvió volver a los honorarios anteriores. “Nadie ha revocado dicha decisión, o a salido a cuestionar la decisión adoptada, quedando firme y consentidas por las partes, sin perjuicio de que el juicio empezado por el CAER continua su trámite judicial normal, sin haber sido resuelto”, aclaró el abogado.

Inteligencia Artificial: un competidor de 4.300 abogados

En ejercicio activo de la abogacía hay 4.271 profesionales en la provincia, nucleados en CAER. “La actividad profesional se ha diversificado por materia, en los distintos fueros existente en la justicia entrerriana, la especialización es una forma de trabajo que individualiza al profesional. Puede llegar a existir demasiada competencia en los grandes centros urbanos, donde también ocurre que gran parte de los profesionales tiene vinculación con el Estado, equilibrando la balanza. No veo por el momento demasiada competencia. Tal vez en un futuro próximo exista por la inteligencia artificial, que es otro tema a charlar. Ya se está hablando, para un futuro próximo, de la resolución de conflictos a través de plataformas virtuales donde no se va a necesitar ni jueces, ni abogados, ni mediador ni árbitro. Nada”.

En Estonia, país muy avanzado en el uso de las tecnologías informáticas, se está pensando en habilitar jueces robot. En China ya se usan robots asistentes para atender a las personas que llegan a un juzgado. Como en otras profesiones, las máquinas que piensan empiezan a mostrarse amenazantes en el horizonte de la práctica jurídica.