Aranguren- Graciela Susana Binda (73) vivió 24 años en Aranguren pero estaba en Buenos Aires cuando se enteró a través de un vecino que una familia de la zona había intrusado su casa. El martes 1º de noviembre de 2016 radicó una denuncia formal en Comisaría Aranguren tras enterarse de la situación y comenzó una historia que fuimos relatando, con las novedades que se fueron generando, semana tras semana.
Antes del final, hubo audiencias de mediación, pero no se llegó a ningún acuerdo. Finalmente el viernes 30 de diciembre a las 10.30 el juez había prometido dictar sentencia definitiva para el caso y así fue. Decidió hacer lugar al pedido de Binda, pero dando un plazo de 45 días a la familia intrusa, por lo que se extiende hasta el 13 de febrero, día en que tendrán que retirarse del hogar.
Justificó prórroga en la necesidad de resguardar la situación de los menores, rehenes sin quererlo de esta situación. “Deberemos esperar hasta ese día y presentarnos con la policía, para custodiar y analizar en qué estado la entregarán, asegurándonos además que no se pierda nada. Cuesta seguir esperando, pero tengo la tranquilidad de saber que no perderé lo que es mío. Se hizo justicia”, dijo Binda a nuestro cronista, aclarando que fue patrocinada en el caso por el Dr. Walter Yauck.
Final feliz
Antes de llegar al desenlace de la historia, como primer paso y en el marco de la sustentación de la causa, en la comisaría local, la damnificada presentó la documentación de la propiedad, ubicada en calle 25 de Junio 135. Fue avisada de lo que estaba sucediendo por un vecino que estaba a cargo de su cuidado mientras ella estaba en Buenos Aires.
La mujer vivió en Aranguren mucho tiempo con su pareja, que falleció meses atrás, y la casa desde entonces quedó deshabitada. La situación, según denunció, fue aprovechada por una familia que ingresó a la vivienda, estando allí desde el 31 de octubre.
La parte acusada fue una familia que vivía cerca de la vivienda. El expediente quedó en manos de la fiscalía y se fueron completando las etapas de investigación. Los acusados -una pareja de mayores de edad con tres hijos menores – alquilaban una vivienda, pero plantearon no tener adonde ir, ya que el alquiler se les había vencido y no podían seguir pagándolo. Se defendieron también indicando que el Ejecutivo Municipal había prometido entregarles una casa, cuestión nunca confirmada en los hechos. En consecuencia, fue la fiscalía de Nogoyá la que intervino.
