El tribunal que en una semana comenzaría a juzgar al ex gobernador Sergio Urribarri decidió aplazar –por segunda vez– el debate oral y público, esta vez a pedido de varios de los abogados defensores que habían invocado una superposición de trabajo.

El planteo había sido efectuado por los abogados Marcos Rodríguez Allende, Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli y Emilio Fouces –luego adhirió al planteo José Velázquez–, en razón de que están desempeñándose como defensores en el juicio que tiene en el banquillo al intendente Sergio Varisco y al narcotraficante Daniel Tavi Celis.

Los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola señalaron que se trata de “dos causas de alta complejidad” y que la superposición de tareas, es decir, “la coexistencia de ambas causas puede poner en riesgo” los derechos y garantías de las personas imputadas.

La solución que encontró el tribunal fue “que desde la oficina de gestión (de audiencias) se continúe el monitoreo de la causa en trámite en el ámbito federal y se aguarde al menos el cierre de la etapa de recepción de pruebas, que es aquella que mayores problemas de previsibilidad genera, lo que permitirá efectuar un pronóstico cierto sobre su finalización, antes de efectuar una nueva citación a juicio, la cual deberá ser notificada con la debida anticipación”. Por lo tanto, el juicio que tiene a Urribarri en el banquillo pasaría para 2020.

El tribunal incluso admitió que la convocatoria al juicio se concretó “no solo con posterioridad a la fijación de fecha de debate en sede federal, sino estando ya en pleno desarrollo el contradictorio” por las presuntas vinculaciones de funcionarios municipales con una organización dedicada al narcotráfico. “No fue decretada y comunicada a las partes con la suficiente anticipación”, reconocieron los jueces provinciales.

Esta es la segunda postergación para Urribarri y compañía, ya que inicialmente se había fijado como fecha de inicio del debate para el 29 de julio.

En esa causa, el ex gobernador, el ex ministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, entre otros, están acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración; y los fiscales adelantaron que podrían pedir que se los condene a ocho años de cárcel.

Los fiscales sostienen que entre 2010 y 2015, Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos” y los direccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que figuran a nombre de personas señaladas como testaferros de Aguilera, a través de contrataciones de publicidad por 24.204.918,69 pesos. Incluso sostienen que un gran número de campañas publicitarias eran simuladas, pues los servicios contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, por ejemplo, para promocionar la figura de Urribarri, publicó Página Judicial.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here