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El miércoles 15, si la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, cumplió con su palabra, fueron dados de baja 85.000 titulares de los planes Potenciar Trabajo que no validaron su identidad. Representa el 7,7% del total de 1,1 millón de beneficiarios. En Entre Ríos, según el Movimiento Evita, el número de beneficiarios de ese plan asciende a 26.000 personas, con mayor concentración en las ciudades con más desarrollo urbano, como el Gran Paraná y Concordia.
Según Forbes Argentina, en la actualidad hay 141 programas de protección social y ayudas estatales; el Potenciar Trabajo es solo uno de ellos.
El día 15 vencía la posibilidad de demostrar que detrás de cada uno de estos nombres había alguien que cumplía con los requisitos. En principio eran 160 mil los flojos de papeles. Antes, la ministra dio de baja a otros 20 mil que no supieron justificar su necesidad, no les interesó, o no eran personas físicas sino identidades truchas.
Sucede también, con estos subsidios, que muy pocos o nadie se dan de baja cuando resolvieron su situación laboral o crecieron con su emprendimiento, y no se ha sabido de controles antes de la llegada al cargo de esta ministra.
El dato
El dato no menor, según la titular de la cartera, es que entre los beneficiarios que se darán de baja, “hay 12.700 que pertenecen a la Unidad Piquetera”, la organización que se encontraba esta semana realizando un acampe de tres días sobre la Avenida 9 de Julio, afectando el tránsito vehicular porteño mientras esperaban ser recibidos para negociar.
Según explicó Tolosa Paz, “no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal” de la Unidad Piquetera, y volvió a advertir que, “con acampe en la calle y la gente de rehén, no los vamos a recibir”.
“Pasaron 4 meses y le decimos a (Eduardo) Belliboni (principal referente de ese espacio) que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación, y que está claro no era tal”, expresó.
Por otra parte, Tolosa Paz volvió a denunciar que la UP cobra a los titulares del Potenciar Trabajo de su organización un 2 por ciento del plan: “Esto no corresponde, son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12.700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja. A mí me da mucha pena que haya gente que le dejó ese dinero, ya no solamente para marchar, sino como una cuota social”, apuntó.
Se deduce de estas declaraciones que a las organizaciones el gobierno les entregaba una cantidad equis de planes, que ellos prometían trasladar a los necesitados. No había control y la presión sobre el gobierno, desde la calle, era constante reclamando aumentos o mayor número de otorgamientos. Se entiende por qué las organizaciones piqueteras se fueron dividiendo o creándose nuevas. Para sus dirigentes (gerentes) parece ser un pingüe negocio más allá del dinero que deriven para la ayuda de los necesitados no fantasmas. Lo que no se entiende es por qué el Estado necesita intermediarios para otorgar, administrar y supervisar la ayuda social.
