El gobernador Gustavo Bordet recibió la reglamentación de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y aseguró que rápidamente se firmará el decreto para que quede efectivamente en vigencia.

El mandatario destacó el trabajo articulado de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, y organizaciones no gubernamentales.

Esta propuesta define competencias, propone más celeridad en los procesos, plazos breves para el dictado de las medidas (dentro de las 24 horas), establece que siempre deberá tomarse el trámite equivalente al de una denuncia y prevé campañas de educación y capacitación. En este sentido trata de hacer de esta ley nacional una norma aplicable a nuestra provincia, vinculando la normativa existente y profundizando el trabajo de todos los poderes del Estado.

 

La reglamentación funciona como herramienta para cada uno de los organismos que intervienen en las situaciones, definiendo quién que se ocupa de que cada uno de los derechos garantizados en la ley, brindando previsibilidad y claridad. Las particularidades de nuestra Provincia, por sus dimensiones y distribución geográfica, merecen que los espacios institucionales puedan dar respuesta a las personas en todos los puntos de Entre Ríos.

El gobernador agradeció y felicitó a todos los que trabajaron en dicha reglamentación. “Culminaron este proceso que llevó su tiempo pero fue muy efectivo el trabajo”, dijo Bordet y luego señaló que “las leyes empiezan a aplicarse a partir de la reglamentación, entonces esto resulta importante por el compromiso que se generó”.

Luego Bordet señaló que “desde el inicio de la gestión hemos tenido un compromiso muy fuerte para la erradicación de la violencia de género. Entendemos que hay situaciones que hoy son inaceptables en nuestra sociedad y que antes quizás estaban naturalizadas”.

“Actualmente la visibilización de estos derechos generan un compromiso muy fuerte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno de actuar decididamente para que progresiva y paulatinamente se erradiquen de manera definitiva este tipo de situaciones”, expresó.

“A esto hay que trabajarlo fuertemente desde el lugar que a cada uno nos toca. Hay que generar en nuestros jóvenes la conciencia necesaria para que situaciones como las que son noticias frecuentemente dejen de serlo, que se erradiquen las situaciones de violencia y en eso está el compromiso permanente”.

Más adelante, destacó el trabajo del Coprev. “Me ha tocado ir muchas veces refugios, a hogares donde asisten a personas que son víctimas de violencia de género y la verdad que uno ve el compromiso de todos los que trabajan y esto es muy bueno porque no se podría llevar adelante una tarea si no existiera ese compromiso social para poder realizarlo. Por eso, más allá de la reglamentación de la ley quiero reiterar mis felicitaciones a todos y mi agradecimiento por ese trabajo”, agregó.

“Todo lo que está previsto en la ley, lo que se ha reglamentado ahora, tampoco sería efectivo si el Poder Judicial no hubiese tomado, como sucede en Entre Ríos, la decisión firme de poder actuar en los casos de violencia de género y esto también se ha visto reflejado en numerosos casos que ha tenido que actuar la justicia. Es fruto también justamente de este trabajo articulado que se ha llevado adelante”, acotó.

 

La reglamentación

La reglamentación define cuál es la responsabilidad de los organismos provinciales y establece que en el territorio provincial la autoridad de aplicación será el Coprev. En cuanto a las políticas públicas se prevé específicamente las competencias de cada área, entre ellas: la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, la Secretaría de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Pone especial énfasis en la importancia del acceso a la justicia y en cuanto a la celeridad de los procesos prevé específicamente que deben evitarse los pasos excesivamente burocráticos en la violencia de género, para lograr agilidad y plazos breves en el dictado de las medidas.

En el ámbito de las denuncias, establece que puede realizarse ante la Policía, cualquier juez, el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Violencia de Género (OVG). Para ello se instrumentará una planilla de denuncia unificada. Además plantea que siempre que se presente una persona a informar, exponer o denunciar hechos que puedan entenderse como de violencia contra la mujer, se dará el trámite equivalente al de una denuncia, no de exposición policial.

En ese camino dentro de las 24 horas de recibida la denuncia el juez dispondrá medidas de protección que deberán establecerse teniendo en cuenta la gravedad y el riesgo existente en el caso, pudiendo prorrogarse las veces que resulte necesario conforme la situación lo justifique, de oficio o a pedido de parte.

Asimismo se define que en todos los casos deberá intervenir un equipo interdisciplinario que realice el informe de riesgo, el equipo debe pertenecer a la administración pública provincial o municipal o al Poder Judicial y estará integrado por profesionales especializados en la problemática de violencia de género.

A modo general esta propuesta recoge las concepciones vertidas en la ley de identidad de género.

Por otro lado, esta herramienta contempla campañas de educación y capacitación, así como servicios integrales conformados de profesionales especializados en la perspectiva de género.

 

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