Paraná (Paralelo 32).- Este viernes 21 de junio en el Colegio de Abogados de Entre Ríos, desde el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminologia; realizó la presentación del tema de Juicio por Jurado a los Comunicadores Sociales de la provincia.
El doctor Julio Federik, autor del proyecto de ley de Juicio por Jurados, expuso las características centrales de la iniciativa que propone incorporar doce ciudadanos sin conocimientos en derecho para resolver determinados procesos penales. Estuvo acompañado por los abogados Marciano Martínez, presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Entre Ríos, entidad que apoya la propuesta; y el Dr. Miguel Cullen.
Además, acompañando al Dr Alejandro Canavesio, presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos; se contó con la presencia del titular del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Emilio Castrillón.
El Juicio por Jurado propone una forma de juzgar un delito grave, en el que 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones de un juez, deciden si el acusado es culpable o no.
Juicio por Jurados: “Nuestra idea es aprobar un sistema que logre una Justicia mejor”
Este procedimiento promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que le da la norma, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.
La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal, brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.
El proyecto prevé que en Entre Ríos se juzguen por jurado, los delitos más graves del código penal. Los que tengan una prisión en abstracto superior a los 12 años.
El servicio de jurado es una carga pública, que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la circunscripción judicial respectiva al lugar del hecho.
