Nogoyá.- Luisa Toledo es la religiosa que se desempeñaba como madre superiora en el Convento de las Hermanas Carmelitas de esta ciudad, hasta que una denuncia de una monja que escapó del claustro y denunció ante el fiscal una serie de maltratos y autoflagelaciones a las que se debían someter las religiosas subordinadas, por órdenes de Toledo.

Pasaban días enteros encerradas en un cuarto sin ventilación, alimentadas solamente con agua y pan, hasta que reflexionaran acerca de las faltas que según Toledo eran graves, como entablar conversaciones entre las religiosas. Era moneda corriente el uso del látigo y el cilicio para auto flagelarse; hubo casos de desnutrición y existía una estricta prohibición de Toledo de no mencionar lo que puertas adentro sucedía.

Desde la justicia confirmaron que se pospuso hasta junio el inicio del juicio ya que la defensa de Toledo presentó certificados médicos que demostrarían una fractura ósea de la ex superiora.

Las audiencias estaban previstas para esta semana, comenzando el martes 12 hasta hoy jueves 14, continuando durante los días 20, 21, 22 y 27 de marzo, y 5 y 15 de abril.

El tribunal estará conformado por los jueces María Angélica Pibas, Darío Crespo y Javier Cadenas, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, que será el encargado de enjuiciar a la religiosa, hoy recluida en una casa religiosa de la provincia de Buenos Aires.

Los abogados defensores de la monja Luisa Toledo, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, habían requerido el aplazamiento del juicio, pero la petición fue denegada por los magistrados. Finalmente la imputada presentó un certificado médico.

La causa del convento carmelita, caratulada “Toledo Luis s/Privación ilegítima de la libertad”, atravesó un momento de zozobra cuando los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen plantearon una cuestión de competencia, que finalmente fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que la Justicia entrerriana es competente para entender en el caso.

Zanjada esa cuestión, los defensores en su momento, mencionaron a El Entre Ríos, que reprocharon la calificación legal que hizo la Fiscalía del hecho imputado a la monja Toledo, “privación ilegítima de la libertad agravada”, por entender que “el encuadramiento que ha dado la Fiscalía a los hechos imputados (sin perjuicio de la discusión que luego haremos sobre la descripción del mismo), son absolutamente improcedentes, no solo por no adecuarse típicamente la conducta endilgada, sino porque surge clara la falta de adecuación de los requisitos objetivos y subjetivos del tipo escogido”.

“La complejidad de la causa hizo incurrir en diversos errores involuntarios a la Fiscalía. Dichos yerros terminan acarreando la nulidad de la remisión, y así lo solicito”, plantearon.
La monja Toledo fue separada de su cargo al poco tiempo de que se conocieran el escándalo del convento. Ahora reside en una orden religiosa que tiene una casa en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2016, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”, contiene el testimonio de dos excarmelitas, que contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.

La denunciada fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta.

Tras la exposición pública, el Vaticano decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá y es oriunda de esta ciudad.

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