Reanalizar el impuesto a los Ingresos Brutos

Los impuestos, como ya todos deben saber, son uno de los instrumentos que tiene un gobierno para financiar sus gastos. Incluso debería ser el medio más genuino para financiar los gastos corrientes, ya que utilizar otras fuentes de financiamiento para pagar los gastos normales de funcionamiento produciría consecuencias para las generaciones futuras, las cuales deberían pagar dentro de algunos años las consecuencias de una mala administración de los tiempos actuales. 

Si hablamos a nivel nacional, incluso los impuestos pueden llegar a utilizarse como una manera de regular la cantidad de dinero circulante, si bien no debería ser esa la función correcta. En el caso de los municipios, esos ingresos toman la forma de “tasas” y no de “impuestos” (la diferencia es que con la tasa el ente recaudador debe efectuar una contraprestación con un servicio, mientras que con los impuestos no es así). 

Ahora bien, las provincias también cobran impuestos de distintos tipos, pero hay uno que específicamente grava la actividad económica (es decir las actividades productivas y comerciales) que se llama Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Este impuesto es de singular importancia porque, como bien dice la palabra que lleva su denominación, es un impuesto que grava las ventas que se realizan (lo que incluye -por supuesto- el costo de adquisición y la ganancia sobre el mismo) y por lo tanto influye en los valores de los bienes y servicios que terminan pagando los ciudadanos. 

Lo señalado es importantísimo porque si una provincia tiene impuestos más elevados que otra, hará que las empresas radicadas en esa provincia sean menos competitivas que las de otra y sus ciudadanos terminarán pagando precios más elevados por lo que compren. 

Debemos decir también que no existe una única alícuota (es decir el porcentaje que se paga sobre la base imponible del impuesto) sino que hay una general (para muchas actividades) y otras diferentes según cual sea la actividad desarrollada. Esto es lógico porque las actividades económicas son diferentes y por lo tanto no se les puede dar a todas un mismo tratamiento. 

Ahora bien, para que no se produzcan estos desfases, los legisladores de cada provincia, antes de fijar las alícuotas, deberían tener un estudio realizado sobre lo que ocurre en las demás provincias. De no ser así, lo que acabo de mencionar podría tener graves consecuencias para las empresas que desarrollan las actividades en su territorio. En este caso el problema no es cuán alto esté la alícuota, sino cuán alto esté con relación a las otras provincias circundantes. 

Si el impuesto es alto pero todas las jurisdicciones tuvieran las mismas alícuotas para las mismas actividades, las empresas no perderían competitividad por el solo hecho de tener una residencia diferente. 

Por supuesto que ese impuesto a los ingresos brutos, cuanto más alto sea más perjudicará la actividad general y el consumo de los habitantes, pero eso es otra cuestión que no tiene que ver con la pérdida de competitividad.