Victoria.- La provincia presentó esta semana en la legislatura un proyecto de ley con el objeto de establecer un “régimen para el uso sustentable del dominio público de la provincia, ubicado en zona de islas y humedales del territorio provincial, y del dominio privado que no tenga afectación específica” (ingresó en la Cámara de Senadores).

La autoridad de aplicación será el Ministerio de la Producción, además quedará facultado para otorgar permisos onerosos a particulares quienes podrán  llevar a la práctica actividades productivas sustentables. Esto se realizará mediante procedimientos públicos en el marco de la reglamentación que determinará las condiciones para las mismas, que, según adelanta la norma en el capítulo 8°, debe estar elaborado dentro de los 60 días posteriores a la aprobación de la norma.

También se extenderá concesiones gratuitas a pobladores y residentes habituales de las islas.  En lo referencia al procedimiento público, se establecerán las condiciones de precio, plazo, o en casos especiales si son pagos o gratuitos –residentes habituales- de acuerdo a lo que establece la legislación.

Los recursos que ingresen al Estado Provincial en concepto de estos arrendamientos, serán destinados a conformar un fondo específico para realizar obras de infraestructura en educación y salud pública en los humedales. También para lo que demanden los gastos operativos que determina la legislación.

El proyecto cuenta con dictamen favorable de la Comisión respectiva y será aprobada, según adelantaron las autoridades la semana que viene.

Islas Fiscales

El total de territorio de humedales en la provincia llega a un millón de hectáreas de las cuales más de 330 mil corresponden a la jurisdicción del Departamento Victoria y del ejido municipal de su ciudad cabecera. De acuerdo a los últimos datos brindados por Catastro de la provincia, entre 90 mil y 100 mil corresponden a islas fiscales propiedad del gobierno provincial. Esta norma que se aprobará en los próximos días, porque el Frente de Todos tiene mayoría en ambas cámaras, tiene competencia sobre estos terrenos públicos.

Queda lo relacionado al sector privado, que si bien esta legislación no tiene competencia sobre los mismos, cada una de las explotaciones tendrán que allanarse a lo que disponga la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de la Producción, que serán los que ejercerán el poder de policía en estas jurisdicciones.

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