Productores pidieron al STJ que «sostenga la constitucionalidad» del decreto sobre fumigaciones

Paraná.- Con banderas argentinas y de Entre Ríos, productores rurales entrerrianos se concentraron este martes 8 de octubre a media mañana en la explanada de Tribunales para expresar su rechazo al último fallo que declaró la inconstitucionalidad parcial del decreto Nº 2239 sobre regulación de las fumigaciones con fitosanitarios.

Ni bien llegaron se les informó que el presidente del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, los recibiría hecho que se dio por el lapso de una hora aproximadamente. Una comisión de ocho productores pudo dialogar personalmente con Castrillón.

«Se nos dio la opción de ser escuchados y nos pareció positivo», dijo uno de los presentes en la reunión Walter Feldkamp. En ese encuentro «algo que volvió a dar vueltas y que realmente en lo particular me hace mucho ruido, es que nuevamente se planteó la oposición vida o salud versus producción. Y acá no está en juego ni la vida ni la salud, sí la producción», subrayó el dirigente.

Tras considerar que «en los fundamentos del decreto actual se enumeran los estudios de casos referidos a la salud» y en ese sentido la provincia «está por debajo de la media», el dirigente de la SRA dijo que le parece «ilegítimo» que se plantee ese punto en la discusión.

Cabe recordar que es el alto cuerpo quien en las próximas horas debe resolver sobre la apelación que presentó el Gobierno respecto a la inconstitucionalidad parcial que estableció con su sentencia Galanti.

«Si esto sigue vigente y queda casi un 30 por ciento de las tierras fértiles sin ningún tipo de producción, realmente esto va a ser un desastre para toda la economía de Entre Ríos», se anticipó Feldkamp.

En la audiencia con Castrillón, los productores entregaron un petitorio denominado «Apelación de ciudadanos entrerrianos al STJ de Entre Ríos». Allí, entre otros puntos, sostienen que » existe suficiente información científica nacional e internacional para garantizar el cuidado de la salud de toda la población que vive y trabaja en el medio rural utilizando las buenas prácticas para la producción de los cultivos que el decreto Nº 2239 propone».

Más adelante, afirman que «el fallo del juez Virgilio Galanti no tiene fundamento científico alguno y excede groseramente las distancias de resguardo que son utilizadas por otros países con una agricultura desarrollada y en el resto de las provincias de nuestro país».

«Las distancias restrictivas del fallo nos afectan a más de 3000 familias que nos quedamos sin posibilidades de trabajar con una tecnología avalada por organismos de ciencia y técnica», agregan en el texto subrayando luego: «No podemos reemplazar en forma inmediata nuestros sistemas de producción con los que logramos nuestra subsistencia, así como el Estado tampoco puede brindar un subsidio que compense nuestro lucro cesante lo cual incrementaría el déficit de las cuentas fiscales».

En ese tono, «solicitamos a este Superior Tribunal de Justicia que sostenga la consitucionalidad completa del decreto Nº 2239 original del Poder Ejecutivo sin considerar las modificaciones del último fallo del juez Virgilio Galanti».

Castrillón y la idea de una audiencia pública

El parte de prensa del STJ emitido el término de la reunión del presidente del cuerpo con los productores señala que Emilio Castrillón escuchó la postura del sector de campo y les aseguró que “no hay jueces contra el campo ni que se opongan a que se produzca”.

Asimismo dijo que “es muy difícil llegar a un punto medio y que lo mejor sería ponerse de acuerdo en el sistema de producción”. En ese sentido expresó: «Quizás sería interesante plantear el tema en una audiencia pública”.

La vicepresidenta del STJ, Susana Medina, quien sólo escuchó lo planteado en la audiencia sin formular comentario alguno.