Principio de acuerdo en el conflicto por el salón Medalla Milagrosa

Victoria.- La decisión del Ejecutivo municipal de tomar el control del Salón Comunitario “Medalla Milagrosa” comenzó a encaminarse hacia una solución institucional, luego del reclamo y presentaciones de vecinos del barrio Arenal.

Luego de una abierta movilización de los pobladores y de la intervención directa de autoridades de la Iglesia local, quedó sin efecto la orden de desalojo contenida en el controversial Decreto Nro. 732/26.

Y es que desde la administración municipal se había intimado a la desocupación del inmueble bajo el argumento de encuadrar la situación como un acceso restringido o un uso irregular del espacio público. La medida provocó un inmediato rechazo entre los habitantes de la zona, quienes mantuvieron reuniones durante el fin de semana pasado para coordinar acciones de protesta y exigir respuestas.

A través de una nota ingresada formalmente por Mesa de Entradas, casi un centenar de vecinos expresaron su repudio a los fundamentos de la norma. En el escrito, aclararon que el salón nunca fue un recinto ajeno a la comunidad ni al propio Municipio, cuyas administraciones —incluida la actual— han utilizado periódicamente el predio para el desarrollo de diversas actividades.

Asimismo, los firmantes hicieron hincapié en el origen histórico del lugar: el terreno es fiscal, pero la obra fue financiada mediante aportes internacionales de la agencia católica alemana Misereor —gestionados oportunamente por las Hermanas Dominicas— sumados al esfuerzo sostenido de la propia vecindad. En el texto se reconoció además la labor comunitaria de las voluntarias Graciela Escobar y Mabel Salcedo, responsables del cuidado y mantenimiento edilicio a lo largo de los años.

Acuerdo e instancia de regularización

El destrabe del conflicto se concretó en una reunión mantenida en el edificio Municipal entre la Intendente Isa Castagnino, el párroco Marcelo Carraza, integrantes de la comunidad benedictina y los asesores jurídicos de la parroquia.

Durante el encuentro, se acordó suspender la medida administrativa y avanzar en la elaboración de un convenio bilateral. La meta compartida será regularizar la situación dominial del inmueble y establecer un marco jurídico adecuado que asegure la continuidad de una gestión barrial, transparente y abierta a toda la comunidad.

Aunque el consenso alcanzado trajo alivio a los pobladores de El Arenal, en la zona persiste el descontento por el modo en que se gestionó el reclamo desde un primer momento. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha ofrecido explicaciones públicas respecto de los motivos que derivaron en una intimación de desalojo sin previa instancia de concertación con los actores involucrados.