El diputado provincial de UCR Cambiemos, Julián Maneiro, elaboró un proyecto de ley que presentó en la Cámara de Diputados, estableciendo que Entre Ríos deberá garantizar a los ciudadanos el acceso a los servicios bancarios, cumpliendo una serie de requisitos.

Se establece en el proyecto la obligatoriedad de la existencia de al menos una sucursal de la entidad bancaria que oficie de agente financiero en la planta urbana de cada municipio; y al menos un cajero automático con la función receptora de billetes en cada Comuna. Además, deberá garantizarse una red de cajeros tradicionales, con un cálculo de al menos uno cada 1.500 ciudadanos de la localidad o ciudad de radicación y distribuidos de manera equitativa.

El proyecto autoriza al Gobierno Provincial a celebrar acuerdos y ceder sectores de inmuebles donde funcionen servicios públicos que resulten compatibles con su funcionamiento, a fin de establecer instalaciones. Aclara además que las disposiciones tendrán vigencia a partir de la próxima concesión del servicio de Agente Financiero del Estado Provincial, incluidas en el contrato a celebrar.

Los fundamentos explicitados por Maneiro son muchos, pero destaca entre los más importantes que “En la actualidad la actividad bancaria es una actividad privada de interés público imprescindible para la vida diaria –dijo Maneiro- y permite gestionar pagos y cobros, facilitar el consumo de las personas y, en suma, facilita el acceso a bienes y servicios que necesitamos”.

“Sin embargo –expuso el legislador- en el año 2020, una gran mayoría de entrerrianos están excluidos de acceder a los servicios bancarios. Existen localidades, pequeñas y no tanto, que no poseen siquiera una entidad bancaria adonde realizar trámites. En muchos casos, siquiera existe un cajero automático o automatizado para realizar mínimas operaciones. Esta realidad suma a las instituciones estatales que allí funcionan, y en particular a las administraciones municipales y comunales, y a las Juntas. Por otro, en ciudades más importantes existen entidades bancarias pero los servicios son limitados e incluso están concentrados en un solo lugar”.

Números

Entre Ríos se encuentra entre las provincias más rezagadas en cuanto a los puntos de acceso a los servicios bancarios, ya que por cada 10.000 adultos existen 8 puntos de contacto, entre los cuales están incluidas las sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio. Es inferior a la media nacional (8,6) y está por debajo de otras provincias con similares características socioeconómicas (Santa Fe tiene 11 y Córdoba 10 puntos de contacto). A su vez, en lo específico de los cajeros automáticos, es necesario que en el territorio provincial sea ampliada la red, que en la actualidad cuenta con 230 pertenecientes a las distintas entidades que operan en Entre Ríos, lo que equivale a una máquina cada 2600 usuarios, dato que ubica a la provincia en una situación inferior a la media nacional (calificada como muy baja) de 2.520 usuarios por cada cajero automático.

Más preocupante aún es la distribución, ya que en su gran mayoría se encuentran concentrados en grandes ciudades (y en el radio céntrico de ellas), lo que lleva a que muchos que viven en zonas rurales deban realizar grandes traslados para poder hacer uso de estos servicios.

A su vez, forma parte de esta realidad la situación por la que atraviesan gobiernos locales de base rural como las recientemente creadas Comunas, que a partir de la Ley Nº10.644 asumieron la potestad de entes recaudadores de fondos a partir del cobro de tasas, debiendo sus autoridades cumplimentar disposiciones legales sobre el depósito diario de esos fondos en la cuenta oficial, lo que a veces se vuelve impracticable por razones de distancia o estado de caminos.

La propuesta

Mediante este proyecto de ley, el diputado propone condiciones a establecerse al momento de la renovación de la concesión del servicio de agente financiero del Estado Entrerriano. Solicita que en cada municipio funcione una sucursal de la entidad bancaria. En relación a la red de cajeros, se deberá garantizar tanto su distribución geográfica equitativa como el tipo de operaciones. “En la actualidad, los cajeros forman parte del desempeño cotidiano de los ciudadanos e instituciones en cuanto a la percepción de distintos tipos de ingresos y la posibilidad de realizar otras operaciones, teniendo su uso un incremento permanente.

Las imágenes que han surgido en el marco de la pandemia COVID-19 de una saturación de los servicios bancarios, en especial los cajeros, son demostrativos de un déficit”, opinó el legislador.

Y planteó que “La creciente bancarización no ha significado que en las transacciones se reemplace masivamente al efectivo por otros medios electrónicos de pago; a lo que se debe sumar las transacciones que forman parte de la economía informal, puramente en efectivo; y los procesos inflacionarios que llevan a una mayor utilización a medida que los billetes pierden valor”.

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