Por irregularidades el gobierno dejó sin efecto la licitación de la hidrovía

Por irregularidades el gobierno dejó sin efecto el llamado a licitación de la concesión para el dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná Paraguay, porque se ponía en riesgo la transparencia del procedimiento, a partir de la fecha,  la Agencia Nacional de Puerto y Navegación se abocará a elaborar un nuevo pliego. 

Cifradas expectativas tenía el gobierno nacional y un particular apuro para privatizar el mantenimiento del corredor. Cabe recordar lo expresado en diciembre por Luis Caputo (Ministro de Economía) quien aseguró que se trabajaba contra reloj lanzar la concesión a 30 años prorrogable por 30 años más. 

Era una de las privatizaciones emblemática de Milei que –prometieron- terminaría con una de las “cajas” de la política por una serie de irregularidades, que se fueron comprobando a través del desguace de la Dirección General de Puertos y Vías de Navegación de la gestión anterior. Prominentes dirigentes de la Cámpora  estuvieron muy cerca de todo el “negocio” de la hidrovía. Incluso cuando la justicia investigó la “causa cuadernos” se comprobó que empresarios realizaban retornos a funcionarios del gobierno kirchnerista, para acceder a obras, se encontraron con pagos no justificados por parte de Jan de Nul (que sigue dragando el río desde 1990) a Julio De Vido entonces Ministro de Planificación.

Promesas

El Jefe de Gabinete anunció  el inicio del proceso, que  los pliegos de licitación contemplaban  una "fuerte modernización" de la vía fluvial. Entre otras medidas, se sumarían bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques, se renovaría totalmente la señalización y se aumentarían medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Agregó que el futuro concesionario debería cumplir el plan de obras establecido, a realizarse  en los primeros cinco años de la concesión.

Algo salió mal 

Pusieron todo el esfuerzo, pero algo salió mal porque se introdujeron limitaciones para la participación de oferentes, una que tuvo mucha repercusión fue el impedimento para que se presenten empresas controladas por el Estado. De esta manera se dejaba fuera a China que según los especialistas, es una de las más importantes del mundo en la materia pero significaría que el gobierno chino estaría en control de esa vía fluvial estratégica. China movió sus influencias y logró hacer caer la licitación. Ese país tiene como antecedente haber llevado a cabo innumerables obras (similares a la hidrovía Sudamérica) y el costo del peaje era un 60 % menos. 

También se produjeron varias denuncias judiciales aduciendo que en líneas generales,  el pliego de licitaciones, tenía direccionamiento en favor de la empresa que actualmente realiza el mantenimiento de la hidrovía (Jan de Nul). 

Pero fue un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el que prácticamente hizo “estallar” el proceso licitatorio por los aires. Denunció irregularidades del procedimiento que llevaba a cabo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Fue un dictamen en el marco del expediente PIA N° 126/2022, que en principio destacó la importancia del corredor hidrovial pero remarcó las denuncias de empresas  por ventajas para una firma, advirtió sobre la “inexistencia de un estudio ambiental actualizado que requería del consentimiento del  Ministerio de Economía para la aprobación de pliego de bases y condiciones”. En otro tramo importante, el magistrado sostuvo que los errores en la elaboración de pliegos podría tener consecuencia graves, porque las faltas y omisiones en las cláusulas podrían “conducir a una adjudicación pasible de reproches administrativos o incluso penales”.

Por otro lado, desde la Fundación Pensar, presidida por el ex Secretario de Transporte Guillermo Dietrich (administración Macri) emitió un informe haciendo hincapié en el sobrecosto que pagará el productor, el mismo será de entre 2 y 3 dólares la tonelada, en el marco de lo establecido en el pliego. Esto significaría una transferencia de recursos de la producción al concesionario de la Hidrovía de 7.500 millones en 30 años y 15.000 millones en 60 años (la licitación es por 30 años con opción 30 años más).

Actitud del gobierno

El Ministerio de Economía, frente a esta situación emitió una resolución, dando cuenta que el 12 de febrero  se llevó a cabo la apertura de sobres y únicamente se presentó  el oferente "Dredging Environmental and Marine Engineering NV (Deme)", precisamente el mismo que había presentado recursos judiciales y administrativos contra la licitación en curso, alegando direccionamiento y falta de transparencia. Es decir, fueron los únicos oferentes de la misma licitación que acusaron de estar direccionada.

Además, “habiendo recibido variedad de consultas sobre las condiciones del pliego, y habiéndose inscripto 11 empresas para participar, solo una se ha presentado el día de hoy” (por el miércoles pasado).

“Por todo lo expuesto, esta Administración comunica que ha decidido dejar sin efecto el actual procedimiento de selección, en pos de conseguir una licitación con verdadera competencia de precios entre oferentes; y que se instruirá la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue la posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas, o la existencia de una connivencia entre las mismas en perjuicio del Estado Nacional.

Con los resultados de dicha investigación, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación pondrá a trabajar en los nuevos pliegos”.

Conjeturas

En base a todo lo ocurrido en relación al frustrado llamado a licitación, tomamos varios análisis periodísticos publicados en Infobae, La Nación, y el programa de Enesto Tenembaum, en los que responsabilizan al círculo íntimo de Milei de los errores cometidos y la falta de previsiones para evitar cuestionamientos por parte de los potenciales oferentes. Especialmente en la figura del Santiago Caputo, uno de los integrantes del trio (junto al presidente y su hermana) por el que pasan todas las decisiones que se toman en el gobierno. Más aún, se hacía referencia a un cobro de 80 millones de dólares a la firma del contrato, que revestía dudas con respecto a la legitimidad del mismo. Los destinos tampoco se explicitaban con claridad.