Ante un episodio traumático para una adolescente de 13 años, sus padres decidieron formalizar la denuncia del hecho, que dio origen al Legajo Penal por el supuesto delito de Abuso Sexual, que tramita ante el Juzgado de Garantías y Transición de Diamante. La Investigación Penal Preparatoria recae sobre un familiar directo, de la rama paterna de la menor, un hombre de unos 50 años.

La magistratura resolvió prohibirle al acusado el acercamiento y contacto con la menor y su grupo familiar -sin determinar la distancia mínima perimetral-, por el término de 90 días. La restricción -firmada por la Dra. Ana Quinteros Fagetti, Jueza de Feria-, incluye que el denunciado no le propine actos molestos o perturbadores a la familia de la niña.

Sin embargo, podría entenderse que el principio legal de “adecuación de las formas” que debería operar para un eficaz cumplimiento de las medidas sentenciadas, habría quedado descuidado. El denunciado presenta domicilio en forma lindante a la vivienda de la víctima, en numeral catastral siguiente e inmediato, lo que comúnmente se dice “medianera de por medio”, lo que torna prácticamente imposible el acabado respeto de las prohibiciones y acrecienta las sensaciones de vulnerabilidad del grupo familiar afectado.

Las medidas cautelares no implican un prejuicio respecto del acusado, pero sí tienen la misión de velar por la seguridad e integridad psicofísica de la víctima, por lo que deben ser garantizadas a lo largo de las distintas etapas del proceso penal.

Los denunciantes esperan una medida cautelar más rigurosa, como la obligación de constituir nuevo domicilio del denunciado o la privación de libertad domiciliaria; la sujeción a la vigilancia permanente de una persona; o llegado el caso, la prisión preventiva.

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