El Gobierno nacional publicó el decreto 714/20, por el cual prorroga el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) y el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), y especifica las localidades que son alcanzadas por cada uno.

Entre los lugares donde se establece el ASPO se incluyó a Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú.

Gualeguaychú había sido declarada en ASPO el 23 de agosto pasado, mediante una decisión del Jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, tras las gestiones realizadas en tal sentido por la Provincia y la Municipalidad.

En los considerandos del decreto se sostuvo que la provincia de Entre Ríos “presenta transmisión comunitaria con aumento del número de casos en la ciudad Capital y en Gualeguaychú” y que “el tiempo de duplicación de casos es de 13,4 días, con un sistema de salud que al momento puede dar respuesta pero que empieza a estar en tensión”. En ese sentido se indica que “la ocupación de camas de UTI (unidad de terapia intensiva) es del 46%”.

También se advierte que “continúa aumentando el número de departamentos con transmisión comunitaria y el porcentaje de población que reside en zonas de transmisión comunitaria sostenida se incrementó de 49,8 % al 30 de julio, al 57,8% al 28 de agosto”.

En otro punto de los considerandos, el Gobierno nacional remarca que “en distintas jurisdicciones, a partir del aumento de la circulación y de la habilitación de numerosas actividades, se observó un aumento importante del número de casos, con generación de conglomerados de casos y con inicio de transmisión comunitaria del virus”. Además se señala que “el SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre las personas, mayor es el riesgo de propagación”. Y que “en encuentros con personas no convivientes en lugares cerrados, se puede propagar la enfermedad a partir de un caso, a múltiples domicilios, generando diversas cadenas de transmisión, lo que aumenta exponencialmente en número de contactos estrechos, posibles transmisores del virus”.

El fiscal de Estado habló sobre el alcance del nuevo DNU

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, adelantó que el gobernador Gustavo Bordet tomará definiciones durante las próximas horas “luego de consultar a intendentes y a las autoridades sanitarias”.

«Los gobernadores irán tomando definiciones en torno a la situación sanitaria. Hasta ahora nosotros venimos sin colapso, pero no queremos que nos sobrepase la situación, no queremos tener gente sin poder ser atendida en hospitales y clínicas”, expresó Rodriguez Signes.

Además señaló: “Hay que ver qué decisión tomará el Gobernador luego de consultar a intendentes y a las autoridades sanitarias”.

«Ahora tenemos decreto, y se especifican las ciudades de la Provincia alcanzadas: Gualeguaychú, Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito. Quedan fuera los departamentos Paraná y Gualeguaychú”, precisó el fiscal de Estado en declaraciones radiales que reproduce R2820.

Luego apuntó que “todo lo que no está excepcionado está prohibido en el decreto. No hay que circular”, y aunque aseguró que “el Gobernador puede incorporar actividades permitidas”, sostuvo que “lo va a hacer en función de la situación sanitaria, en cada lugar. Hay que analizar el alcance del decreto».

«Quien desobedezca una disposición vinculada a la salud puede ser alcanzado por el 205 del Código Penal, a su vez la Municipalidad tiene facultad de clausurar negocios, pero no nos adelantemos», dijo Rodríguez Signes consultado acerca de una posible apertura de negocios pese a la existencia del ASPO.

Sobre el permiso de realizar reuniones al aire libre dijo que «estará sometido a la reglamentación de las autoridades locales. Este punto deberá ser definido por la provincia». E insistió: «Todo lo que no está mencionado en el decreto está prohibido».

Sobre la investigación donde acerca de las conductas de funcionarios municipales de Gualeguaychú que declararon el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) sin contar con el DNU que los habilitaba, opinó: «Creo que hay que ser muy prudentes porque las autoridades están haciendo lo que pueden, ninguno de nosotros estábamos preparados para afrontar este tipo de situación. Hubo interpretaciones diversas sobre si los intendentes podían dictar una norma de este tipo, no creo que haya intención del intendente de violar la Constitución, creo que su norte fue priorizar lo sanitario, todos nos podemos equivocar. Tenía la información de que la situación sanitaria era grave, aunque no contaba con el decreto».

Respecto de los inconvenientes que están teniendo las empresas de Gualeguaychú en la distribución de alimentos y mercancías a partir de las “fronteras internas”, el Fiscal de Estado aclaró que “en la medida que el transportista lleve alimentos, la documentación que es una actividad exceptuada y tenga el permiso de circulación no hay razón para detenerlos o impedirles ingresar a una ciudad. Tiene que cumplir los protocolos sanitarios necesarios, pero no lo pueden retener, eso es ilegal. Debe denunciarlo a la Policía”.

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