Por Roxana González (El Sol de México).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió que la cobertura de la pandemia en el continente ha estado marcada por una tensa relación entre el poder político, sin distinción de ideologías, y los medios de comunicación, ya sea por controversias en conferencias de prensa, escasa información oficial o señalamientos de funcionarios gubernamentales contra opiniones e informaciones críticas.

En su más reciente informe sobre libertad de prensa en las Américas, la organización destaca a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Brasil, Jair Bolsonaro; de México, Andrés Manuel López Obrador; de El Salvador, Nayib Bukele, y de Venezuela, Nicolás Maduro, entre las naciones que han registrado mayores tensiones con los periodistas que cubren la pandemia por Covid-19.

“Expresamos nuestra satisfacción porque en la mayoría de los países del continente y pese a los estados de emergencia nacional, cuarentenas, toque de queda y otras medidas para controlar el Covid-19, los gobiernos han respetado las garantías constitucionales y principios internacionales sobre libertad de prensa y expresión, para que los medios de comunicación y periodistas cumplan con su labor indispensable”, destaca el informe, sin embargo, alerta que, en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, desafortunadamente los gobiernos mantuvieron estados de excepción contra el periodismo independiente que obligan a seguirlos clasificando como regímenes autoritarios.

En Venezuela, explica, el régimen encarceló a dos periodistas por cubrir casos relacionados al coronavirus, mientras que la periodista Ana Belén Tovar sigue encarcelada desde el 19 de noviembre sin que se le hayan formulado cargos. En tanto, en Cuba, además de Roberto de Jesús Quiñones que cumple una condena de un año, 11 periodistas independientes fueron detenidos, durante los últimos seis meses, en forma arbitraria y a otros 24 se les prohíbe la salida del país por el solo hecho de informar sin la aprobación del Estado.

Para el caso de Nicaragua, la SIP destaca que continúa vigente un estado de sitio, en el cual el gobierno de Daniel Ortega no permite reuniones en espacios públicos, incentiva a agentes policiales y grupos parapoliciales para que ataquen a medios y periodistas, a la vez que mantiene un duopolio de medios a manos de familiares de la pareja presidencial.

El documento subraya, también, que en el último semestre no cesó la violencia contra periodistas, ya que nueve comunicadores fueron asesinados en el continente, tres de ellos en México, incluida María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa de la Organización Editorial Mexicana (OEM) , asesinada el 30 de marzo.

“La estructura de protección para periodistas no ha mejorado y, por el contrario, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su cuenta pública 2018 al Congreso, el Estado ha fallado en la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Además, el Estado mexicano realizó acciones desarticuladas y aquellas para protegerlos de los riesgos han resultado fallidas», subraya la SIP en su informe sobre México.

Además, considera que las lagunas normativas, el incumplimiento de funciones, y la falta de rigor técnico y de voluntad política con los que opera el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha ocasionado un aumento de la vulnerabilidad en los casos de periodistas.

También, según la SIP, sigue un rezago de 69.5 por ciento para averiguaciones previas y del 58.6 por ciento en carpetas de investigación, lo que no permitió evitar la impunidad de los agravios, no garantizó los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad. “El presidente López Obrador sistemáticamente reprueba el ejercicio periodístico con alusiones de que los medios son corruptos, voceros del régimen anterior y mentirosos en sus notas informativas, sobre todo las que son críticas a las acciones de su gobierno, asumiendo que son pagadas por quienes vieron afectados sus intereses con el cambio de gobierno”, agrega el informe. Además insta al gobierno a dar más recursos económicos y profesionales al mecanismo.

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