A comienzos del mes de febrero del corriente año, fue muerto el empleado estatal Marcelo Cabeza, cuyo cuerpo fue remitido a la morgue de Oro Verde (Dto Paraná) para la autopsia correspondiente. Pero su familia lloró sobre los restos de una mujer que hacía muchos años se hallaba en la morgue sin ser reclamada, que les fue entregada por error, y sepultada. El error de entrega se conoció más adelante, notificado –según informaron medios paranaenses- por el forense a cargo Dr. Luis Moyano, originando una causa judicial.

El abogado Rodríguez Allende dijo que en sus 25 años de profesión nunca había sucedido una equivocación de esta índole. Hasta allí llega la memoria del abogado pero es posible que nunca en la historia de esa morgue se haya cometido un error de estas características. Entonces, si bien lo consideramos, un error sobre más de 9.000 días mejora sustancialmente la performance de la propia ley de probabilidades. Es decir, fue un hecho que debe analizarse como una excepción en la historia.

Es cierto que aún siendo un caso sobre miles, la traumática situación de la familia y la innecesaria profundización de su dolor debe ser compadecida y el autor o autores del error, sancionados. Lo que no se justifica es una medida posterior sobre el procedimiento de entregas en la morgue, que en adelante puede causar mucho dolor –y lo está causando- en familias que atraviesan la dolorosa situación de esperar la devolución de un cuerpo que fue remitido a autopsia.

Tras aquel suceso, el STJ resolvió intervenir la Morgue Judicial, designando en calidad de interventora a la vocal Susana Medina y al médico forense de Diamante, Doctor César José Luis Cáceres, como asesor Técnico, disponiendo que los cuerpos debían ser entregados bajo supervisión personal del médico o médica forense, que trabajan de 7.00 a 13.00 y cumplen ese horario en tribunales, dirigiéndose a Oro Verde solo cuando un nuevo hecho lo requiere.

Cuando finaliza una autopsia, informan al juez, quien es el que autoriza el retiro del cuerpo.

Antes de aquel hecho doloroso, a los cuerpos los entregaba fuera de hora el personal policlal que hace la guardia durante las 24 horas, debidamente autorizado para el caso, por cuanto hasta que el juez autoriza el forense de turno generalmente ya se retiró. Con la nueva disposición, no sabemos si temporal o permanente, donde solo el forense puede entregar, el sufrimiento que se infringe a familiares es el de la demora en la entrega. Ya lo ha padecido una familia de Ramírez y anteriormente los deudos y allegados de un hombre fallecido en un accidente en una granja de Crespo, y probablemente otros más.

Lo sufre por estas horas la familia Mendoza, de Crespo, cuyo hijo de 10 años perdió la vida al cortarse la rama de un árbol mientras jugada, en circunstancias que precisamente debe esclarecer la autopsia, mientras se entretenía en algo que también podría formar parte de la investigación. La muerte se produjo el lunes y recién a media mañana de este miércoles fue entregado el cuerpo de la infortunada víctima a su familia, para la inhumación de sus restos esta tarde a las 17:30 en el cementerio local.

Estamos acostumbrados a las reacciones espasmódicas del Estado en todos sus poderes y estamentos, que ante las críticas por algún error grave suelen reaccionar con medidas estentóreas asegurándose contrarrestar la crítica, que finalmente resultan un exceso de defensa.

Quizás la medida sea temporal, en cuyo caso habrá que aguardar la normalización, pero si así no fuera habrá mucho dolor agregado en el futuro, por eventuales demoras en la entrega de los cuerpos.

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