En un informe sobre el derecho a la alimentación en el país, la Relatora Especial de Naciones Unidas, Hilal Elver, realiza duras críticas a la expansión del monocultivo con transgénicos por sus consecuencias en la salud, el ambiente y la disponibilidad de alimentos, e insta al gobierno a apoyar la agricultura familiar.

“La Argentina tiene abundantes recursos naturales que permiten la autosuficiencia y brindan apoyo a un sector agrícola productivo. En tanto, no debería haber problemas para garantizar la disponibilidad de alimentos para la población, el modelo actual de la agricultura industrial, que promueve la soja y otros cultivos comerciales para la exportación por sobre un sector agrícola diversificado, ha socavado la seguridad alimentaria de la población”, expresa una de las primeras conclusiones del informe final presentado en el mes de febrero de 2019 por la Relatora Especial de Naciones Unidas, Hilal Elver, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.

El documento, elaborado en base a una visita que Elver realizó al país en septiembre de 2018, analiza el impacto de la crisis económica y financiera que atraviesa Argentina en el derecho a la alimentación. Afirma que la Argentina se ha concentrado en fomentar la inversión extranjera y las exportaciones agrícolas en base al monocultivo de transgénicos, y detalla las consecuencias negativas que esto genera en el ambiente, la salud y la alimentación mientras que “solo un porcentaje pequeño de la población se beneficia en forma directa del modelo agrícola actual”.

El informe señala, además, que las políticas existentes no apuntan a revertir esta tendencia y reconoce que “existen presiones para modificar la actual Ley de semillas”, ante lo cual recomienda al Estado proteger el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente. En ese marco, insta también al gobierno nacional a promover la agricultura familiar y la agroecología a fin de proteger la disponibilidad de alimentos y a proteger el acceso a la tierra de los pueblos originarios.

El documento oficial también advierte que el gobierno debe cumplir con sus obligaciones legales de sostener el derecho a la alimentación en tiempos de una crisis económica nacional, teniendo en cuenta aún más los efectos de sus medidas de austeridad sobre los más pobres. Y, en relación a los acuerdos aprobados por el gobierno de Cambiemos con el FMI, recuerda que el Estado Argentino tiene la obligación de atender el derecho a la alimentación, antes de usar los recursos públicos para otros objetivos, como la deuda.

Estas fueron algunas de las conclusiones y recomendaciones que se derivan de lo relevado por la Relatora Especial el año pasado, cuando mantuvo reuniones con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Justicia, Salud y Desarrollo Social, Hacienda, e Interior, con legisladores nacionales y autoridades locales, además de visitas a campo en las provincias de Buenos Aires y Chaco, incluyendo a comunidades en zonas urbanas y rurales, pequeños productores, representantes del sector académico, de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.

Los derechos humanos antes que la deuda

Durante su visita, la Relatora Especial buscó evaluar las implicancias del acuerdo con el FMI, así como los efectos de la crisis sobre el derecho a la alimentación de la población, una situación que sufren especialmente “los campesinos sin tierra, los trabajadores agrícolas, los migrantes y los pueblos indígenas, que ven peligrar sus medios de subsistencia”, plantea el informe. Y observa que, actualmente en Argentina, una mayor cantidad de personas acude a comedores comunitarios o se saltea comidas, y que muchos niños dependen exclusivamente de los programas escolares de alimentación.

“Deben tomarse todas las medidas necesarias para que los medios de subsistencia, así como los derechos de las personas, no se vean afectados por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento en los precios de los alimentos”, advierte el informe y aclara que la preocupación se refiere no solo a los grupos más vulnerables, sino también a la clase media.

Al mismo tiempo, manifiesta que el derecho a la alimentación está interconectado con otros derechos humanos y recuerda que, como parte de diversos tratados internacionales, “el Estado argentino tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean debidamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no se encuentran relacionados con los derechos humanos como, por ejemplo, el servicio de la deuda”. Incluso, señala que las posibles víctimas de violaciones a estos derechos pueden presentar una demanda ante un órgano independiente e imparcial, a fin de solicitar una reparación adecuada, así como su aplicación.

Modelo agrícola para unos pocos

El documento, de casi veinte páginas de extensión, dedica una gran parte de su contenido a analizar el modelo agrícola del país basado en el monocultivo de transgénicos y a analizar sus impactos tanto en el derecho a la alimentación como en el ambiente, la salud y la economía. “Aunque la Argentina tiene una superficie cultivada suficiente para alimentar a su población de 42 millones de habitantes, aproximadamente un 60% de la tierra cultivada (19 millones de hectáreas) están dedicadas a la producción de soja, una gran parte de la cual se destina a la exportación. Solamente un 2% de esta soja se consume en el país y el resto se procesa y exporta, principalmente a China”, advierte el informe. Y agrega que la tenencia de la tierra se encuentra altamente concentrada.

El perfil productivo de la Argentina, indica, se ha tornado aún menos diverso en décadas recientes, ya que se ha concentrado en fomentar la inversión extranjera y las exportaciones agrícolas, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la disminución de la actividad ganadera.

“Dichas políticas económicas le han permitido a la Argentina convertirse en el principal exportador de productos agrícolas y también han perpetuado un modelo agrícola industrial que socava la seguridad alimentaria y la nutrición de la  población. Las políticas existentes no apuntan a revertir esta tendencia, ya que se proyecta un crecimiento de un 18% en la producción de soja y harina proteica durante la próxima década”, señala el documento.

La aprobación y el uso de semillas transgénicas es otro de los puntos de preocupación del informe de la ONU: “El país tiene más de 22 millones de hectáreas en regiones agrícolas dedicadas al cultivo de la soja (alrededor del 95%), algodón y maíz, con tecnología genéticamente modificada. Su aprobación fue autorizada por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, integrada por las mismas empresas, por lo que su opinión resulta ilegítima debido al conflicto de intereses”.

Incluso, el organismo advierte que “existen presiones para modificar la actual Ley de semillas para que pueda aplicarse la restricción del uso propio”. Ante ello, recomienda al Estado proteger el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente y crear bancos a fin de mantener la diversidad genética de las semillas y asegurar una distribución equitativa de sus beneficios.

Elver también remarca el fuerte incremento del uso de plaguicidas que este modelo agrícola ha provocado y plantea su preocupación respecto del peligro que implican para la alimentación y la salud. “Desafortunadamente, la Argentina no ha introducido legislación efectiva ni ha aplicado sus leyes como corresponde para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación”, denuncia y advierte que esto podría constituir una violación de los derechos humanos.

El resto de los impactos ambientales de los agronegocios también son puntualizados, incluyendo datos alarmantes sobre la degradación del suelo, la deforestación y la contaminación del agua, así como la falta de interés del gobierno denunciada por la FAO de respetar la Ley de Bosques 26631, razón por la cual la relatora internacional insta al gobierno a implementar y monitorear cuidadosamente las reglamentaciones ambientales.

La ONU advierte en su informe que los pueblos indígenas son uno de los sectores de la población que exigen una atención especial en este momento, ya que, como consecuencia del modelo agrícola, han perdido grandes porciones de sus tierras tradicionales y muchas familias debieron migrar a las ciudades. Además, el desmonte, como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales. Por ello, la relatora del organismo señala que debe darse prioridad a proteger el acceso de los pueblos originarios a la tierra.

Agricultura familiar e inseguridad alimentaria

Ante este diagnóstico, la relatora del organismo afirma que ciertos compromisos internacionales asumidos por Argentina no parecen corresponderse con la realidad: “Los regímenes fiscales del sector agrícola deberían proteger a los pequeños productores, así como el derecho a una alimentación adecuada, y no solo favorecer al sector industrial exportador”, señala. E insiste, en diversas ocasiones, sobre el lugar fundamental que la agricultura familiar constituye para proteger la disponibilidad de alimentos, ya que produce casi la mitad de las frutas y hortalizas que se consumen en el país y emplea a 2 millones de personas.

Durante su visita, la relatora de la ONU también visitó predios de producción agroecológica que, en sus propios términos, “llevan a lograr no solo rendimientos impresionantes, sino que también promueven prácticas que respetan el medio ambiente”. En el mismo sentido, destaca: “La agroecología es una alternativa importante para la agricultura industrial con monocultivo que debería ser promovida por el Gobierno para la diversificación de la economía agrícola, la producción de alimentos en forma más sostenible, la protección de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y el apoyo a los pequeños productores y a los programas de comedores escolares”. Además, insiste en que “el marco jurídico para el derecho a una alimentación adecuada debería incluir la soberanía alimentaria para todos”.

Por otro lado, ante el aumento alarmante de los índices de pobreza a partir de 2018, el informe remarca el vínculo directo que existe entre pobreza, y especialmente pobreza urbana, e inseguridad alimentaria, ya que, como no pueden producir sus propios alimentos, los pobres que viven en las ciudades son vulnerables al incremento en los precios de los alimentos. De acuerdo a la FAO, en la Argentina, la prevalencia de personas que viven en situaciones de inseguridad alimentaria severa aumentó del 5,8% (2.500.000 personas) en el período 2014-2016 a 8,7% (3.800.000 personas) en el período 2015-2017. “Sin ingresos estables que resulten suficientes, los hogares luchan por brindarle a sus hijos una alimentación adecuada y nutritiva, lo que resulta en mayores niveles de desnutrición”, expresa el documento de Naciones Unidas.

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