Los agotados bolsillos de las familias y la situación incierta de industrias y comercios soportarán un nuevo ajuste de tarifas

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  • Por María Lucila «Pimpi» Colombo (Secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, licenciada en Matemática de la Universidad Nacional de Tucumán, presidenta de Principios y Valores de la Capital Federal, militante peronista y ex subsecretaria de Defensa del Consumidor).

El 28 de mayo el Ministerio de Economía de la Nación, mediante la Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial la Resolución 403/2022 del 27/05/2022 los esperados y temidos aumentos en la tarifa del gas.

Desde ya que la resolución abunda en la mención de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo y la propia secretaría para tomar tal medida.

Así como informa con toda prolijidad la realización de la audiencia pública realizada el 10 de mayo pasado, cumpliendo con la formalidad que viene establecida desde todos los procesos de privatización, que han desarrollado la habilidad de convocar, permitir hablar, tal vez escuchar y, por supuesto, en ningún caso permitir que las exposiciones en las audiencias públicas hagan que se le mueva un músculo a quien ya tiene tomada la decisión de qué hacer. Generalmente, aumentar precisamente las tarifas.

En los considerandos de la resolución se hace referencia a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, por la cual se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Señalan también que son objetivos centrales del Poder Ejecutivo Nacional en la materia, proteger los derechos de los usuarios y usuarias actuales y futuros del servicio de gas natural, y cuidar los ingresos de dichos usuarios y de dichas usuarias a través de la determinación de tarifas que cumplan con los criterios definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación asegurando la certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad de dichas tarifas.

Consideran relevante el incremento significativo y generalizado de los precios internacionales de los «commodities» energéticos, generado por el incremento de la demanda internacional dado el crecimiento de la actividad económica post pandemia, que generaron un primer salto muy significativo de los costos energéticos mundiales en el año 2021.

Que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania determinó una nueva y más significativa suba de los precios internacionales, especialmente del Gas Natural Licuado (GNL) y del Gas Oil, «commodities» a los que debe acceder nuestro país anualmente en el invierno para complementar la producción nacional de Gas Natural y abastecer la demanda interna invernal tanto de Gas por Redes como de generación eléctrica por centrales térmicas.

Que en dicho marco se estimó prudente impulsar una adecuación de los precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), a partir del 1° de junio de 2022. Está la información en el sitio https://www.argentina.gob.ar/economia/energia a disposición del público.

Que es política del Gobierno en materia tarifaria de los servicios públicos, que estén en línea con la evolución de los ingresos salariales, de tal forma que los costos de la energía no crezcan por encima de ellos y, por el contrario, representen proporciones progresivamente menores.

Con esos considerandos, determina los nuevos Precios en el PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) para el gas natural, con vigencia a partir del 1° de junio de 2022.

Curiosamente, y tal como lo señaláramos cada vez que en audiencias públicas pudimos expresarnos respecto de los aumentos de tarifas, en los mismos considerandos, la secretaría de energía manifiesta que sólo va a trabajar sobre los componentes regulados de la tarifa del gas son el transporte y la distribución, dado que -sigue manifestando la resolución- siendo el precio del gas libremente negociado entre distribuidores y productores, puesto que la actividad de producción no ha sido definida como servicio público. Justo lo mero principal. Bajo siete llaves se esconde el costo de producción del gas.

En consecuencia establecen un incremento del 41,7 por ciento en el precio de venta del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte para las entregas con destino a usuarios residenciales se considera prudente y razonable.

Estiman que el aumento promedio en las facturas de un usuario será entre el 18 y el 15 por ciento, y establecen la continuidad del régimen de tarifa social e incluso el tratamiento diferencial para entidades de bien público, con un aumento que no supere el 40 por ciento del coeficiente de variación salarial, es decir, un aumento de alrededor del 21 por ciento, mientras los usuarios comerciales probablemente tengan un aumento más próximo al 40 por ciento.

Teóricamente, los cambios en las tarifas serán inferiores a los aumentos de sus ingresos. Promedios, estadísticas, estimaciones. Habrá que ver cada caso, habrá que ver qué ocurre cuando nos llegue la factura.

Pasaremos en ese momento de las palabras a los hechos, de los promedios a los valores reales. Mucho se habla y se escribe sobre las tarifas y sobre los subsidios, curiosamente, siempre vienen diciéndonos, desde hace años que en Argentina pagamos barata la energía, que el gas natural y la corriente eléctrica es en nuestro país baratísima.

Al respecto tengo que decir que esas generalidades omiten las diversas realidades en nuestro país, de acceso a los servicios (agua, cloaca, luz eléctrica, gas natural) y de precios. Por lo tanto, todas las informaciones basadas en los cálculos de promedios ocultan la realidad que se vive cada día, tanto en nuestros hogares como en la industria y la producción en general.

Poco se dice respecto de que en todo el noreste argentino nuestro pueblo está privado del acceso al gas natural. Pero también eso ocurre mucho más cerca de las grandes ciudades, a lo largo y ancho del país cuando los tendidos de gas natural sólo alcanzan a las poblaciones más concentradas.

Se nos somete a discutir respecto de disminuir subsidios para equilibrar al fisco aumentando las tarifas o mantener las tarifas y también los subsidios para no recargar a los consumidores.

Sin embargo, venimos viendo, con el actual gobierno, como con el anterior es que ese debate sólo asegura que las empresas generadoras de la energía cobren lo que quieren cobrar, mientras que se discute en qué medida «todos o solo los usuarios», pagamos el servicio de energía, sea eléctrica o de gas.

¿O de dónde más salen los recursos para pagar nuestra boleta sino de nuestros ingresos? Y de dónde tiene el estado recursos para pagar subsidios sino de los impuestos que pagamos.

¿Por qué discutimos como perro que persigue su propia cola, sobre lo periférico, sino exclusivamente para que no discutamos sobre el fondo? Porque el fondo es, precisamente, que el precio que se pague la energía va a determinar, siempre, qué país estamos construyendo. Si la energía es cara, difícilmente podremos tener una industria competitiva, si la energía es cara, nuestro pueblo vivirá peor. Si la energía es cara, no habrá un proyecto de desarrollo, es decir crecimiento con inclusión, es decir trabajo y justicia social.

¿Y de qué depende que podamos considerar la energía cara o barata? Depende de que no se disfrace la información, que se conozca cuál es el costo real de la generación de la energía, no sólo cuánto se la paga para transportarla a sus distribuidoras, sino cuánto efectivamente, cuesta.

¿Cuál es el costo de exploración y explotación del barril de petróleo que nos permitiría calcular también el del gas y sus derivados?. El costo de la producción de gas en sus distintas fuentes más su tarifa de transporte y distribución permite saber si es caro o barato y si están correctamente pagados los subsidios. Lo contrario es adivinar o trabajar para intereses inconfesables.

La teoría que sostiene que las cosas valen por lo que cuestan y la teoría de que las sociedades se organizan por la competencia entre personas, sean ellas humanas o jurídicas, construyen el mismo sentido y comulgan precisamente en un mismo enfoque que hace que aún en estas ocasiones donde se supone que recibimos e intercambiamos información y opiniones, desde el estado se nos transmita la manera en que se calcula el costo de la energía según cuánto debe ser pagada y no su efectivo costo de generación.

Si supiéramos cuánto cuesta, podemos estimar cuánto es una ganancia razonable para las empresas que la generan y podríamos tener un verdadero panorama de cómo y quién debe pagarlo.

Finalmente digo, que mientras el gobierno procura cumplir lo comprometido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de aumentar las tarifas, los agotados bolsillos de las familias y la situación incierta de industrias y comercios soportarán si pueden esta nueva exigencia, o la soportarán algunos mientras otros perderán el servicio o cerrarán su empresa.

Es decir, cada decisión que se toma sin tener en la mira un proyecto país, nos distancia de la posibilidad de tener un verdadero modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción que asegure a nuestras familias el derecho al trabajo y al ingreso digno, y a nuestra Patria la independencia que se merece.

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