Victoria.- La polémica por la quema de pastizales en islas se extiende en el tiempo, y aunque la lluvia ha desalentado esta práctica ancestral, esta semana personal de Prefectura sorprendió a dos personas identificadas como oriundas de Rosario que intentaban avivar el fuego en un sector del humedal. Serán identificados y sancionados pero nunca se sabrá a quién o a qué intereses responden para cometer ese delito que en lo personal no les da ningún rédito.

En medio está la política y los intentos por legislar una porción del ejido municipal de Victoria, que resiste como puede los embates y las operaciones mediáticas de la vecina orilla.

Para traer algo de claridad y objetividad al intrincado tema, Paralelo 32 dialogó con un especialista en temas de ambiente como es Jorge Daneri (*): “En primer lugar creo que hay un problema de falta de comprensión, en el sentido de que estamos con competencias y facultades que son compartidas por tres escalas estaduales de gobierno: La Municipalidad, el estado Provincial y la Nación. En tal sentido estamos dentro de un ejido muy grande que es el de Victoria y su porción del humedal, pero quien arrienda las tierras públicas, que son muchísimas, es la provincia a través de una ley específica; con el agravante de que existen un abanico de leyes en Entre Ríos, desde mediados del 2000 con la que se sancionó en el contexto del Paraná Medio bajo el Nº 9485; otras a la que adhirió la Municipalidad, y que declaran área natural protegida a este sector; como la reciente norma Nº 10671 del pasado año; y la Ley propiamente de Áreas Naturales Protegidas Nº 10479 del año 2017”. Pero Daneri hace la salvedad de que las primeras citadas no tienen su decreto reglamentario, ni presupuesto, menos aún personal y/o equipamiento. “En otras palabras, no tiene lo básico, mínimo y necesario para gestionar un área natural protegida, de las particulares y maravillosas características de las que estamos hablando”.

Nuestro entrevistado insistió sobre este punto al advertir que Entre Ríos no tiene lo que técnicamente se llama Plan de Manejo, “Si bien no me gusta la palabra, prefiero la palabra Plan de Gestión, al no existir tal plan, y más aún existir una contradicción en la legislación provincial: por un lado hay arrendamientos y por otro es un área natural protegida, sumado a que no está el decreto reglamentario; y no existe en este sistema del Delta un diálogo constructivo y/o gestión participativa para discutir, entre otras cosas, cómo se desarrolla la ganadería en el humedal. Todo lo descripto ha generado esta anarquía”.

Responsabilidades

Más adelante, nuestro interlocutor añadió: “lo que sucede es producto de esa falta de control en la que le atribuyo una enorme responsabilidad a la provincia de Entre Ríos, porque es la que arrienda esas tierras y no fiscaliza una cultura que está destruyendo un área natural protegida con sus prácticas”.

Así las cosas, Daneri, quien acaba de publicar su libro Historias de Aguay y Ecología Política en la Mesopotamia Sur, advirtió que confluyen un montón de escenarios ecológicos antrópicos. “Es decir, no son fenómenos naturales como afirman por ahí algunos técnicos, sino que son una respuesta del medio a la agresión del ser humano; son antrópicos además, porque el fenómeno del cambio climático, que acá se expresa de dos maneras: con una bajante del río gigantesca y sostenida, y por lo tanto histórica; y altas temperaturas —que se extendieron hasta entrado junio–, tienen en nosotros a sus máximos responsables.

Existe esta escala de contradicciones y falta de una autoridad política y profesional seria en el lugar, con territorialidad, con los pies en la tierra, “Me estoy refiriendo concretamente a los guardaparques, como lo tiene el Pre Delta, si estamos hablando de un área natural protegida, lo deberíamos tener y no es así. Y la responsabilidad o irresponsabilidad de esto, reitero, es de la provincia de Entre Ríos, no del Municipio de Victoria. En última instancia, esta última debería ser aún más proactiva para que la primera dicte los decretos reglamentarios, puedan acordar responsabilidades compartidas claras, dado que esto se agrava por la presencia de la Unión Vial Victoria –Rosario, porque implica una invasión que imposibilita el control de la gente que ingresa o egresa del sector de humedales. Pero además con una jurisdicción en este caso nacional muy fuerte, que también concede cierto tipo de autorizaciones y eso genera litigios, juicios y todo este problema de los terraplenes, porque no hay, en definitiva, un ordenamiento ambiental del territorio donde todos los actores saben los límites, saben qué pueden o no hacer”.

Dentro de este esquema, ¿Qué lectura hacés de lo que plantea Rosario? Tanto a nivel dirigencial como mediático. ¿Es una intromisión de una provincia en lo que son las responsabilidades de otra?

— “Tengo que ser muy responsable en la respuesta, conozco además personalmente al Intendente de Rosario, Pablo Javkin, a quien le tengo un particular respeto. Si la pregunta es qué hace el municipio de Rosario, creo que tiene todas las razones de decir ‘Esto tiene que solucionarse’; ahora, si la solución se le carga solamente a la Municipalidad de Victoria, se equivocan. Dado que es la que menos responsabilidad tiene en los hechos concretos de la producción de incendios, y vuelvo a insistir que aquí la provincia de Entre Ríos debe asumir una política de prevención; en cuanto a resolver el fuego, hay una competencia compartida entre la Nación y la provincia”.

En este sentido, Daneri se apoyó en la Constitución de Entre Ríos: “Es fundamental una gestión compartida del Delta, y una gestión de Cuencas compartida, más allá que Entre Ríos tiene en el Delta más del 80 por ciento, por eso es muy responsable o irresponsable, y esta cuestión involucra activar el PIECAS, no para tener dos reuniones por año, sino para que sea y funcione como un Comité de Cuencas, y que en ese espacio haya un ámbito participativo sistemático de la sociedad civil, no solamente de las organizaciones ecologistas, donde se vayan buscando nuevos acuerdos para que esto no se repita nunca más”.

Sobre el final, Daneri mencionó la Emergencia Ambiental, que acaba de dictar el Ministerio de Ambiente de la Nación, “Es buena para la emergencia pero es parcial para las cuestiones de fondo, debe durar lo necesario y suficiente hasta que se haga definitivamente un ordenamiento ambiental del territorio, que implica tener en claro qué puedo hacer y qué no siendo propietario, siendo Estado Provincial… si sigo arrendando o declaro áreas intangibles”. Entre esas áreas intangibles declaradas reservas, la primera reserva natural de la provincia de Entre Ríos fue la Laguna del Pescado, “Y la laguna está destruida —fue primicia de Paralelo 32— su diversidad biológica está devastada”. Recuperarla -anticipa el especialista- sería una tarea titánica y que demandaría precisamente lo que hoy se busca lograr con esta porción del humedal, seriamente amenazada. Una opción sería declararla área intangible, “Pero debe ser una decisión compartida, y el PIECAS aquí sería un gran aliado para equilibrar los términos”.

 

(*) Abogado, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de Fundación La Hendija de Paraná, Entre Ríos. Miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

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