La causa donde se investiga si se pagaron sobreprecios para la organización de la Cumbre del Mercosur acaba de cumplir un año, un año sin actividad, paralizada a la espera de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) fije un turno para que su contadora realice una pericia a partir de las planillas de gastos.

El Ministerio Público Fiscal estima que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur que se celebró en diciembre de 2014 en Paraná.

De acuerdo con las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, la Cumbre del Mercosur le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos. De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró unos 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos.

Estas empresas constructoras, a su vez, subcontrataron las tareas que eran ajenas a su rubro, por ejemplo, la colocación de flores y plantas; la provisión de servicios de audio y video, tapizado de sillas o el suministro de sistemas contra incendios, entre otras.

El sobreprecio estimado surge de la comparación entre los montos que se pagaron a las empresas subcontratadas para realizar las obras y proveer bienes y servicios, y los valores que las empresas constructoras le facturaron al Estado provincial.

Los empresarios –y la actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y ex coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, Alicia Benítez de Feltes– están imputados por el delito de fraude a la administración pública; y sus defensores pretenden que ese número, 17 millones de pesos, sea refrendado por una pericia contable que además debería realizar un perito del STJ.

El 19 de febrero de 2018, el fiscal Juan Francisco Malvasio, que tiene a su cargo la investigación, hizo el pedido al STJ para que la contadora María Florencia Ara, la única asignada para atender en cuestiones penales, realice la pericia. No tuvo respuesta. El planteo fue reiterado en dos oportunidades desde entonces, y nada.

Se planteó entonces la posibilidad de que expertos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal analizaran la documentación y realizaran un informe; pero los defensores de los empresarios se opusieron invocando un artículo del Código Procesal Penal que establece que “los exámenes periciales se realizarán por el cuerpo pericial de Superior Tribunal de Justicia de la provincia, con excepción de aquellos casos que requieran exámenes periciales de ciencias o materias que no posean expertos en dicho cuerpo”. De la textualidad de la norma, les asiste razón a los defensores.

Lo cierto es que el STJ parece no tener apuro en resolver la cuestión; o mejor dicho, el presidente de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, Daniel Carubia, de quien depende la perito Ara. Entonces la causa está estancada, informó Página Judicial.

Entre tanto, el fiscal pidió a los contadores de la Policía Federal que analizaran la documentación y elevaran un informe –cuyo resultado se desconoce–, aunque no sea considerado una pericia y posiblemente ni siquiera sea presentada en un juicio.

Así las cosas, la causa está paralizada por una pericia que no se realiza y, peor aún, no se sabe cuándo ocurrirá.

 

(Fuente: Página Judicial)

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