El 8 de agosto la Sala Penal de Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, integrado por los magistrados Miguel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, elevaron una nota al Procurador General Amilcar García, alertando al funcionario, por el aumento de casos de violencia de la fuerzas policiales en la provincia, en procedimientos que llevan a cabo. Oportunamente este tribunal acercó a la Ministra de Gobierno Rosario Romero un listado de hechos que ocurrieron en diferentes localidades de la provincia, en los que se habrían registrado apremios y violencia por parte de agentes de seguridad hacia a algunos detenidos.

El Defensor General de Justicia, Maximiliano Benitez, comentó a Paralelo 32 que recibieron con beneplácito la preocupación de las autoridades públicas y del máximo organismo de justicia de la provincia, por los hechos mencionados.

“La relación entre las fuerzas de seguridad y las personas a las que detienen o son pasibles de procedimientos, siempre ha sido materia de conflicto, no es novedad”, dijo y lamentó que no hubiera datos certeros con respecto al tipo de apremios, la naturaleza de los mismos y quienes son los responsables de estos excesos. Por los datos que se iban recabando se comprobaba que en determinada comisaría se ‘apretaba’ más que en otra, pero sin datos certeros.

A raíz de esto y tomando las actuaciones de la Defensoría General de la Nación y otros países o regiones, especialmente de los integrantes del Mercosur, se elaboró un protocolo de actuación para registrar cuando se producen este tipo de apremios. “A este protocolo lo estamos aplicando en la provincia en base a una Resolución defensoría desde el 1° de septiembre del 2019”.

En el ámbito judicial se le pregunta a la persona cómo fue la detención, si fue golpeado, si puede determinar quién fue el funcionario responsable de la agresión, donde fue detenido, en qué comisaría, cuál fue el móvil que lo trasladó. Por otro lado determinar si fue la policía de la provincia, Gendarmería, Suprefectura u otra fuerza. “El objetivo es tener estadísticas más claras y ciertas de lo que ocurre”. Los antecedentes que quedaban era de personas que hacían las denuncias por apremios, aunque reconoció que se dan casos de gente que vive esta situación y opta por no presentar cargos contra el personal de seguridad.

En resumen, con todos estos datos se arma un expediente que queda en archivo, si la víctima de mal trato desea hacer la denuncia, quedan los datos e inclusive se los asesora con respecto a los pasos jurídicos que debe seguir. “Estamos elaborando registros en todas las defensorías de los juzgados de la provincia, que además tienen valor estadístico. “Tendremos datos certeros a partir del septiembre del año pasado”.

Datos

Si bien no se puede comparar los casos con años anteriores, a partir de marzo (cuarentena) la menor movilidad en la vía pública y la mayor presencia policial en las calles, generó una disminución del delito en forma notable, no solamente en nuestra provincia sino que también a nivel país. Ocurre que en los últimos tiempos han comprobado que volvieron a subir las estadísticas, verificándose un aumento del delito. “Se repitió la misma media (promedio) de los meses de junio y julio de años anteriores”, señaló.

En otro orden, con respecto a los hechos de violencia policial, observaron un leve aumento entre mayo y junio relacionado a los meses anteriores. En julio y agosto están bajando y son similares a los que se producían en períodos previos al mes de mayo.

“Estas cosas generan preocupación y es importante que, especialmente la Justicia y el Ministerio de Gobierno, se ocupen para que estas cosas no ocurran. Así como las fuerza cuidan a la sociedad para que se cumpla con la ley, también se controle a la policía para que se desempeñen en un marco de legalidad respetando el derecho de los ciudadanos”.
Por otra parte reconoció que las fuerzas de seguridad tomaron un mayor protagonismo durante la pandemia (sobrecarga de servicio) de lo que tenían antes de estas medidas de restricción, se le sumaron mayores controles a los normales, y eso lleva posiblemente a que los registros sean mayores.

Alerta

Para Benitez –en diálogo con Paralelo 32– hay que estar alertas, porque en otras provincias han ocurrido hechos gravísimos, como ha sido en Tucumán (un policía mató a un ciudadano pisándole el cuello durante su detención N de R). Otro caso resonante en Buenos Aires con sospechas del accionar policial con desaparición de personas. “Es importante que los poderes públicos se ocupen de estas cuestiones”.

Consideró que la puesta en vigencia del protocolo de actuación que comenzó a aplicarse a partir del septiembre de año pasado fue un avance y consideró que esto va a permitir visualizar los lugares donde se producen los apremios. Si se reiteran en determinados ámbitos o comisarías, es una alerta para comenzar a actuar. “No necesariamente tiene que haber causas o sumarios, sino que es importante para conocer antecedentes”, remarcó.

A criterio del Defensor, los Jueces de Garantías deben revisar y visitar los lugares de detención. Agregó que por cuestiones menores o contravenciones detienen a una persona por 24 o 48 horas, no se los autoriza a usar un baño y no pasan en buenas condiciones. “No hay razón lógica ni valedera que esa persona tenga que hacer sus necesidades en un balde”.

Fiscalía

¿Por qué la nota de la Sala Penal fue dirigida a la Procuraduría (Fiscalía)? Benitez respondió a esta pregunta que “es porque se trata de delitos que tienen la obligación de investigar el fiscal”. A partir de la modificación del Código Penal acusatorio se ha modificado la función del ministerio público. Había cuestiones que estaban a cargo de los jueces de Instrucción, que recorrían comisarías o cárceles, que ahora, con el sistema acusatorio por modificaciones del Código, además del juez de Garantía tienen que actuar los fiscales

Paso siguiente

Con posterioridad al envío de la nota a la Procuraduría para hacer conocer sobre los casos de violencia, la mencionada Sala Penal mantuvo un encuentro con la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, en la que hizo referencia a la necesidad de articular acciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para evitar apremios o abusos de autoridad por parte de cualquier integrante de la fuerza policial de Entre Ríos.

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