Análisis de Fernando Tomeo
La Unión Europea avanza en la regulación de la inteligencia artificial
En un paso significativo hacia la regulación de la inteligencia artificial (IA), la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo trascendental que afectará directamente la vida de sus ciudadanos y marcará el rumbo de la tecnología en los próximos años. El abogado y consultor en Derecho Digital, Privacidad y Datos Personales, Fernando Tomeo, director del programa “Derecho al olvido y cleaning digital” de la Universidad Austral, examina con detenimiento el reciente desarrollo legislativo.
El pasado 8 de diciembre, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron provisionalmente el "Artificial Intelligent Act" (AI Act), una ley diseñada para regular el uso de la inteligencia artificial en el territorio europeo. Aunque aún se espera la aprobación formal definitiva por parte del Parlamento y el Consejo, la aceptación se da por descontada después de intensos debates que buscaban consenso y equilibrio en un campo sin normativas claras ni límites conocidos.
En caso de su aprobación final, esta legislación, que comenzaría a regir integralmente a finales de 2026, tiene como objetivo fundamental garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el Estado de Derecho y la sostenibilidad ambiental contra la inteligencia artificial de alto riesgo. Tomeo destaca que esta normativa establece pautas claras y obligaciones concretas para los actores en un campo que ha operado en un universo sin reglas.
Dentro de las disposiciones más destacadas, se prohíben ciertos sistemas de inteligencia artificial que podrían tener consecuencias significativas para la sociedad. Tomeo enumera varios de estos sistemas, como los de categorización biométrica basados en características sensibles como creencias religiosas, políticas, raza u orientación sexual. Este aspecto es crucial, ya que impide la discriminación mediante la inteligencia artificial en ámbitos como la obtención de créditos bancarios o la ocupación de cargos en empresas.
Otra área de prohibición se refiere a sistemas de vigilancia biométrica que capturan y manipulan imágenes faciales sin autorización para crear bases de datos de reconocimiento facial. Además, se prohíben sistemas de reconocimiento y tratamiento de emociones en lugares de trabajo o instituciones educativas que podrían afectar negativamente la evaluación del rendimiento de los individuos.
La legislación también se adentra en el terreno de la puntuación social basada en el comportamiento social o las características personales, así como en la manipulación de hábitos o comportamientos humanos que limiten la libertad de las personas. Esto sirve como una advertencia clara a las redes sociales y buscadores de internet que monetizan hábitos y comportamientos de los usuarios.
Un punto destacado es la inclusión de los sistemas de inteligencia artificial generativa, como el utilizado por el famoso ChatGPT. Estos sistemas deberán cumplir con criterios de transparencia, especificando si un texto, una canción o una imagen se generaron mediante el uso de inteligencia artificial y si afectan o no los derechos de autor.
En cuanto a las sanciones por incumplimiento, la norma establece multas significativas para las compañías que no la cumplan, con montos que varían dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa, alcanzando hasta el 7% del volumen de negocios global.
Este paso de la Unión Europea consolida su posición como pionera en el establecimiento de pautas concretas para la regulación de la inteligencia artificial, siguiendo el camino del Reglamento General de Protección de Datos Personales que se implementó en 2018 y que ha servido como modelo para algunos países de América Latina, como Brasil.
En contraste, en Argentina, la falta de una legislación específica para regular la inteligencia artificial es evidente. Aunque existen recomendaciones, como las "Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable", aprobadas por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información en junio de 2023, estas carecen de un fundamento científico normativo. En materia de privacidad y datos personales, la ley actual del año 2000 ha quedado obsoleta en comparación con legislaciones más avanzadas como el Reglamento Europeo o la ley de privacidad del estado de California. A pesar de un proyecto de ley en 2022 por la Agencia de Acceso a la Información Pública, este nunca fue tratado por el Congreso Nacional.
La Unión Europea ha marcado el camino hacia una regulación más estricta de la inteligencia artificial, destacando la importancia de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. En América Latina, y particularmente en Argentina, queda pendiente la tarea de abordar de manera integral y efectiva esta creciente realidad tecnológica.
