En medio de una alta inflación y faltantes de productos, el Gobierno comenzará a controlar de forma sistemática, digitalizada y mensual, los precios, el nivel de producción, las ventas y el abastecimiento de productos de unas 1000 empresas grandes en la Argentina.

A través de una resolución que se publicó hoy en el Boletín Oficial, se creó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), un régimen informativo obligatorio y confidencial con el que la Secretaría de Comercio Interior buscará tener un monitoreo de lo que ocurre en las cadenas de valor claves y «entender mejor la evolución de los precios para luego hacer mejores políticas para el mercado interno».

Las firmas que se nieguen a brindar esa información podrán ser apercibidas en el marco de la ley de Abastecimiento, aclararon en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

En una primera etapa, la medida alcanzará a alrededor de medio millar de firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos.

Los sectores comprendidos inicialmente son aquellos que cuentan actualmente con mayores tensiones de abastecimiento, stocks y precios; luego, en una segunda etapa se incorporarán más rubros hasta alcanzar alrededor de 1.000 empresas.

La decisión de la cartera que conduce Matías Kulfas se dio tras varias reuniones sectoriales, entre ellas la de la cadena de alimentos, en la que los productores finales cuestionaron tanto el congelamiento de precios desde marzo de 2020 como algunas subas excesivas de varios insumos, algunos atados al dólar o a la expectativa de devaluación y otros a la suba de precios internacionales (bajo presión por la mayor demanda global, principalmente de China). Además, Comercio Interior viene de imputar a empresas de alimentos por desabastecimiento y a firmas constructoras por negarse a brindar información sobre stocks.

«Queremos contar con información fiable y actualizada mes a mes para hacer más sencilla la cadena de comercialización y poder prever con anticipación problemas de stock o de abastecimiento», ampliaron desde el Ministerio que conduce Matías Kulfas.

La primera presentación deberá realizarse entre los días 1 al 10 de abril de este año y, por única vez, se informarán los precios, cantidades vendidas y stock disponibles para los meses de enero, febrero y marzo del 2021; luego, el trámite mensual hará referencia a los mismos ítems pero sólo del mes inmediato anterior.

Además de la resolución de hoy en las próximas horas la Secretaría de Comercio Interior publicará una disposición en la que se detallarán los pormenores del sistema, entre ellos, el manual de carga de datos que el Gobierno exigirá a las empresas desde el mes que viene. Desde la cartera productiva aseguraron que la resolución no afectará la política comercial de las empresas porque «no deberán informar a quién/es le/s venden».

«Acá no hay una cuestión de atacar márgenes de rentabilidad, si no que se busca entender cuál es la evolución de los precios en la cadena, cuándo hay picos de precios y de demanda y problemas de abastecimiento para poder administrar mejor situaciones tanto en shock como en normalidad del proceso de producción y de comercialización», subrayaron el la cartera de Desarrollo Productivo.

En el sector privado, varias compañías de alimentos explican los faltantes por la caída de rentabilidad que provocó el programa Precios Máximos (congelamiento que rige desde el 6 de marzo de 2020). En Copal –que agrupa a las alimenticias– repiten que muchos costos (incluso los del Covid) subieron por encima de los precios, algo que tanto Kulfas como Español admitieron en los últimos encuentros.

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