“La recaudación no aumenta porque se llegó al techo de la economía formal”

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El economista Santiago Henderson, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del CEER, en entrevista con Paralelo 32, hace su análisis sobre el presupuesto provincial.

– Menos salarios y gastos operativos, menor inversión pública. ¿Qué indican estos tres puntos respecto a la salud fiscal de la provincia?

— Lograr un superávit financiero es positivo. Lo que se debe tener en cuenta, es que el tamaño del mismo es transitorio y posiblemente se reducirá en el segundo semestre. En primer lugar, por un factor “estacional”, ya que en los segundos semestres generalmente se aceleran más los gastos que los recursos. En segundo lugar, el aumento salarial del sector público ya se negoció con el gobierno provincial y tendrá efecto durante los próximos meses. Dado que es uno de los componentes más importantes, esto afectará al gasto total, sumado a que las jubilaciones y pensiones también mejorarán. Y en tercer lugar una posible vuelta a un escenario de mayor normalidad hará incrementar los gastos en consumos de bienes y servicios de los distintos escalafones estatales.

– ¿Con los datos sobre recaudación de impuestos a la actividad privada, se puede decir que Entre Ríos retornó a la ‘normalidad económica’ de 2019, pero con ingresos salariales más bajos?

— En términos reales, la recaudación por cobro de impuesto a la actividad privada, volvió a los niveles del 2019. Pero hay que tener en cuenta que el ejercicio 2019 fue desfavorable para la actividad económica. Por otro lado, la recaudación empeoró por tributos provinciales y mejoró por tributos nacionales. A pesar de la presión tributaria elevada que sufre el sector productivo se está llegando a recaudar casi lo mismo que un año recesivo. Esto da cuenta del agotamiento de la capacidad contributiva del sector privado. Por más que aumenten alícuotas o incrementen la ‘gravabilidad’, la recaudación no aumenta pues se llegó al techo de la posibilidad de abonar de la economía formal de la provincia.

– ¿Por qué el gobierno provincial está haciendo ‘caja’ con el superávit? ¿No hay demasiadas inversiones pendientes, donde debería ir ese dinero?

— Una de las razones es por lo que se comentaba más arriba, históricamente el segundo semestre tiende a ser deficitario. Los conceptos de gastos, más importantes, se incrementan más que los recursos y esto genera desequilibrio fiscal, sumado a que queda el pago de intereses de los bonos públicos. Por este motivo se deben realizar previsiones de gastos ante el riesgo de que se revierta el desempeño actual.

– ¿Qué obra pública hoy es fundamental no dejar de lado?

— Es muy amplio el espectro de obras en infraestructura sociales y productivas necesarias. Se debe tener en cuenta que el concepto de Inversión Real Directa representó el 3% del total de gastos en los últimos 3 ejercicios, muy por debajo de los promedios del lustro anterior (en 2012 llegó a representar el 16% del total). De todos modos, en este momento hay necesidades urgentes o coyunturales, por problemáticas como la bajante del río Paraná por ejemplo, y otras estructurales que habría que abordarlas dentro de un plan de desarrollo productivo integral. Otro indicador es relacionar la Inversión pública ejecutada y el Producto Bruto Geográfico, esta ratio evidencia que lo que se invierte en infraestructura anualmente no alcanza ni para amortizar una parte del desgaste de la infraestructura actual.

– ¿Qué montos actualizados hay sobre la deuda pública renegociada? ¿En qué medida la deuda va a condicionar a la provincia?

— El último dato oficial de deuda pública consolidada es de abril de 2021. El total ascendía a 89 mil millones de pesos. El 55% de este total, es decir 48,5 mil millones de pesos corresponde a títulos públicos emitidos en dólares, valuados al tipo de cambio oficial. La reestructuración de estos bonos, redujo el pago de intereses y postergó la amortización de capital, hasta el año 2022 inclusive. En el período 2023-2028 se deberá abonar en total 686 millones de dólares. En promedio, es una cifra cercana a los 98 millones por año durante siete ejercicios. El riesgo cambiario es elevado por lo tanto puede llegar a condicionar a las cuentas públicas provinciales.

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