La presidenta de ACLER alerta sobre el endeudamiento y cierre de sanatorios en Entre Ríos

Silvia D’Agostino, presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Ríos (ACLER), ha manifestado una profunda preocupación por la crisis que atraviesa el sector de la salud en medio de la recesión económica. En una reciente entrevista con el sitio Dos Florines, D’Agostino detalló el crítico panorama financiero, marcado por números en rojo y un creciente endeudamiento que amenaza con el cierre de establecimientos de salud en la provincia. La líder empresaria hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y provincial para que reconozcan la problemática y tomen medidas concretas para evitar un colapso en el sistema.

“El panorama es realmente muy complicado”, enfatizó D’Agostino, subrayando que el sector salud fue esencial durante la pandemia, pero lamentó que, a pesar de su importancia, no se han implementado las "medidas de fondo" necesarias desde hace más de dos décadas. La presidenta de ACLER destacó que la situación en Entre Ríos refleja la realidad de otras provincias con sanatorios privados que trabajan principalmente con obras sociales, y diferenció la baja incidencia de las empresas de medicina prepaga en el financiamiento del sector en el interior del país.

Emergencia sanitaria y falta de medidas estructurales

Recordando que la emergencia en salud se declaró en 2002 y se extendió hasta diciembre de 2023, D’Agostino lamentó la falta de medidas estructurales para el sector. “En 21 años no se tomaron medidas de fondo para el sector, luego de ir de emergencia en emergencia prorrogada. Pasamos pandemia, períodos que no teníamos pacientes, otros con sanatorios llenos, un montón de crisis, pero medidas de fondo no se tomaron”, explicó.

La presidenta de ACLER señaló que, tras la caducidad de la emergencia en diciembre de 2023, también finalizaron los subsidios al empleo y las disminuciones en contribuciones y en el impuesto al cheque, lo que ha llevado a las empresas a enfrentar mayores costos en un contexto de recesión y devaluación.

Impacto de la devaluación y aumentos tarifarios

D’Agostino destacó que la eliminación del subsidio del 50% a la energía ha afectado gravemente a las clínicas, que son electrodependientes y no pueden reducir su consumo de electricidad. Este problema se agrava con los incrementos tarifarios a nivel nacional. Además, la devaluación ha incrementado significativamente los costos de insumos y medicamentos, muchos de los cuales tienen componentes importados, con ajustes superiores al índice de devaluación. La necesidad de ajustar los salarios de los empleados también ha añadido presión a las finanzas de los sanatorios.

Endeudamiento creciente y dificultades de pago

La presidenta de ACLER informó que la crisis actual se caracteriza por un elevado endeudamiento, con deudas a la AFIP y ATER, muchas de las cuales están regularizadas mediante planes de pago, pero otras no. Algunos sanatorios no pueden pagar los sueldos en tiempo y forma, lo que ha llevado a pagos escalonados. La situación podría empeorar ya que, con el fin de la emergencia sanitaria el 31 de julio, la AFIP podría comenzar a embargar los sanatorios.

Según una encuesta realizada por ACLER en 34 de 38 sanatorios de la provincia:

• El 72% mantiene deudas con AFIP, el 66% por períodos mayores a tres meses.
• El 60% tiene planes de facilidades de pago.
• El 46% mantiene deuda con ATER, el 30% de este total están regularizadas en planes de pago.
• El 42% de las clínicas no están abonando sueldos a término.
• El 51% de los establecimientos no están cumpliendo los plazos de pago con proveedores.
• El 15% ya ha tenido reclamos por incumplimientos bancarios y/o financieros.
• El 66% ha tenido que recurrir a endeudamiento para cumplir con obligaciones corrientes.

Relación con las obras sociales y el gobierno

D’Agostino describió las dificultades en el diálogo con las obras sociales, que también enfrentan sus propios problemas de ingresos y paritarias. Los desfasajes entre los costos y los aranceles pagos por las obras sociales han generado un estiramiento en la cadena de pagos, con plazos que van de 60 a 90 días, a pesar de que los convenios estipulan períodos más cortos.

En cuanto al diálogo con el gobierno provincial, D’Agostino mencionó que han realizado reuniones con el Ministerio de Economía y el gobernador, buscando soluciones en varios puntos, incluyendo la reinstauración del subsidio a la energía, la reducción de la tasa del Sircreb de retención y la revisión de la alícuota de Ingresos Brutos.

Cierre de empresas y futuro incierto

La presidenta de ACLER alertó sobre el cierre de varias instituciones de salud en los últimos años, incluyendo sanatorios y clínicas en Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Urdinarrain y Paraná Campaña. Este fenómeno ha reducido significativamente la cantidad de camas disponibles en la provincia.

D’Agostino subrayó la necesidad de que el Gobierno nacional y provincial reconozcan la gravedad de la situación y trabajen conjuntamente en soluciones. A pesar de la alta demanda de servicios de salud, la disparidad entre costos y aranceles sigue siendo un problema crítico. La empresaria expresó incertidumbre sobre el futuro y la efectividad de posibles medidas gubernamentales, destacando que el sector sigue haciendo frente a la crisis sin respuestas concretas hasta el momento.