Nogoyá.- Desde el año 2007, el Centro Integrador Comunitario de Nogoyá funciona en la esquina de Marconi y Federación. Fue construido en el predio que pertenece a Bomberos Voluntarios a través de un comodato firmado en su momento entre el municipio y la comisión directiva de ese entonces de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nogoyá.

El 15 de mayo de 2020, dicho comodato llegó a su fin, luego de una renovación de cinco años realizada en 2015. Ante ello, los integrantes de la comisión tomaron una decisión conjunta: no extender el comodato y alquilar o vender el inmueble donde funciona el CIC.

Hoy, el conflicto llegó a la justicia y por estas horas, se realizó una constatación del inmueble por parte del Juzgado Civil y Comercial Nº1.

El abogado Augusto Lafferriere es el representante legal de la Asociación Bomberos Voluntarios de Nogoyá, confirmó el mandamiento de constatación del inmueble del Centro Integrador Comunitario, afirmando que el mismo “es propiedad de bomberos voluntarios y a nuestro criterio está ocupando por el municipio de Nogoyá, sin título legítimo jurídico alguno que lo habilite. Por eso se emitió el mandato y se diligenció para constatar cómo es ocupado el predio para luego proceder al desalojo por la fuerza pública” señaló el letrado.

En FM del Éxodo, Lafferriere contó: “a esta situación se llega por una cuestión tan insólita y bizarra donde dos instituciones de bien público que representan a la comunidad como son Bomberos Voluntarios y el Municipio de Nogoyá, no se han puesto de acuerdo a pesar de los intensos reclamos del propietario del inmueble para que le devuelvan el predio o bien procedan a abonar un pago mensual por el uso que están haciendo de las instalaciones.

No entendemos este accionar poco razonable por parte de las autoridades locales, porque no se logran vislumbrar segundas intenciones o algún rédito político. Tal vez uno en su vida privada puede actuar con cierto desapego a la ley, pero cuando representa a la comunidad no es muy decoroso que no se cumpla a rajatabla con la letra de la ley” expresó el abogado que representa a bomberos voluntarios.

Dejo en claro además, lamentar esta instancia judicial de desalojo, “esperaremos hasta el último día una propuesta de entendimiento para que la sociedad no se vea afectada, ni por los bomberos que mermen sus ingresos, porque el municipio en vez de ayudar con un alquiler está ocupando el patrimonio de bomberos, sometiéndose a un juicio de desalojo por no tener un puente de entendimiento con la institución. No estamos frente a dos empresas o particulares que quieran lucrar con esto, son entidades de bien público con sus respectivos presupuestos, controlados por comisiones, por personería jurídica y llegando a una situación de total anormalidad, desde el punto de vista democrático e institucional”.

Se esperaba llegar a otro resultado, pero la situación llevó a que se siga avanzando con el proceso judicial.

El abogado reclamante recordó que cuando Faustino Schiavoni era intendente, presidía la comisión de Bomberos Voluntarios el señor Martín Motroni. Ellos llegaron a un acuerdo mediante un contrato de comodato, que se aprobó a través  del Concejo Deliberante con el correspondiente decreto municipal y desde la institución se asentó todo en actas, se incluyó en los balances y se realizaron todas las formalidades para celebrar un contrato de 15 años de vigencia, venciendo en 2018. El único pago que obtendría bomberos por ese contrato, que venía comprometida en sus números productos de la crisis del 2001, eran las mejoras que la ocupación que el municipio realizara en el lugar. “Finalizado el comodato, nos encontramos con que el ocupante se niega sin fundamento alguno a devolver un inmueble ajeno. Esa es la síntesis del caso, primero desde mi rol profesional dialogué con mi cliente, reconozco que no he dialogado con el intendente en el marco de este tema. Son cuestiones judiciales, no he hablado porque no he recibido un mandato expreso de mi cliente para negociar un número en cuanto a montos de alquiler” aclaró el abogado y adelantó que el posible monto de alquiler no sería una suma exorbitante, sino que estaba por debajo de la línea de un alquiler de ese tipo. “Se asimilaba más a un alquiler de una casa de familia que de un predio empresarial” agregó. “Creemos que el proceso de desalojo se daría en unas pocas semanas, dependerá del trabajo que tenga el Juzgado Civil y Comercial, pero entendemos que en el corto plazo esto tendrá un desenlace. No recuerdo un caso similar en el país, donde el estado mismo actúe fuera de la ley, siendo ocupa y corra riesgo de ser desalojado por la fuerza pública. No tiene sentido común este conflicto, se debe recordar que el municipio también ocupó como estacionamiento un predio de un particular lindero al polideportivo sin autorización alguna, incluso en un evento se le pretendió cobrarle a la propia dueña del predio una infracción por el uso de su terreno y no permitir que se realice el estacionamiento” sumó el asesor legal.

“Van cuatro años de reclamos, no han puesto un centavo para sustentar la institución que es de bien público. Es inentendible. El estado debe predicar con el ejemplo, no se puede actuar violando la ley” insistió Lafferriere.

Por su parte el intendente de la ciudad, reconoció que el conflicto deja al medio a la ciudadanía “porque hay dos instituciones muy útiles y serviciales en el conflicto. Desde el minuto uno estamos buscando una solución y sé que en algún momento la vamos a encontrar. Más allá de la palabra de Lafferriere que obviamente la respeto, desde el municipio tengo que preservar la “encolumnidad” de los dos instituciones” señaló el intendente y recordó que cuando se planteó desde una comisión directiva la continuidad del comodato y luego del cambio de autoridades se propuso un canon locativo, “entramos en diferencia acerca de que si todo el CIC pertenece a bomberos o solo el terreno. Entonces  desde el municipio ofrecimos un terreno a cambio de las instalaciones, es decir que hubo intentos de acuerdo y luego, por lo que considero un error por parte de bomberos, se interpone la acción judicial sin dar lugar una instancia de mediación como la admite el Código Civil y Comercial, la que es optativa por más que esté acumulado el cobro de pesos. Veo que hay intenciones de judicializar la situación” cuestionó el intendente y agregó: “Acá no van solo contra el municipio, van contra el gobierno provincial y nacional porque Bomberos es una institución que recibe aporte de ambos estados, también desde el municipio se han entregado más de tres millones de pesos desde el 2019 a la actualidad, por la ordenanza que prevé un aporte voluntario en las tasas que se cobran”.

Cavagna lamento que hoy se diga que Bomberos Voluntarios no recibe nada desde el municipio, “sin esa ordenanza sería imposible que la institución recaude esa plata” apuntó.

“Debemos ser mucho mas abarcartivos, preservando ambas instituciones. No voy a pretender que se les reconozca desde el municipio a bomberos que todo lo enclavado en el terreno pertenezca a ellos, porque sabido es que no es así. Fue un convenio que se hizo en su momento, donde el estado nacional puso los bienes” insistió. “Me comuniqué con el ministerio de gobierno, con desarrollo social, porque en el CIC se ejecutan programas nacionales y provinciales y si algún juez dice que hay que devolver eso, el CIC deja de existir en la ciudad convirtiéndose en un perjuicio para todos. Obviamente nos ajustaremos a lo que diga la justicia. No dejamos ninguna puerta cerrada para negociar, pero también necesitamos que haya entendimientos de la otra parte. Quiero buscar una solución de fondo, había un proceso de mediación y colaboración constante, por eso me llama la atención la forma. Siempre estuvimos dispuestos desde el municipio a colaborar, a mí como socio jamás me convocaron a una asamblea para decidir si se avanzaba en este proceso. No son chicanas las que digo, pero debemos estar a derecho, para que  Bomberos Voluntarios y el CIC sigan prestando servicio en la ciudad” afirmó el jefe comunal.

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