Victoria (Paralelo 32).- El 8 de febrero se realizará una Garden Island. ¿Qué es una Garden Island? Una fiesta bastante exclusiva que se llevará adelante en la zona de islas, de Victoria. Este encuentro privado organizado por rosarinos, antes realizado de manera irregular, ahora cuenta con la aprobación municipal.

En efecto, la Municipalidad autorizó la venta de 1.000 entradas a Garden Island S.R.L. Por lo que pudo saber Paralelo 32, por lo menos seis fiestas diferentes se realizan con periodicidad regular en las islas. De esas seis, sólo los de Garden Island pidieron (y obtuvieron) autorización.

A partir de este pedido de aprobación y de la situación en general, se conformó un grupo de trabajo integrado por el asesor letrado, Eduardo Ruda, la secretaria de Producción y Ambiente, Paula Vicari, y el director de Turismo, Martín Lima. “La legislación no nos permite expedirnos de forma tajante y absoluta”, dijo Ruda en diálogo exclusivo con Paralelo 32.

Legislación

En este sentido, explicó que la ordenanza de uso de suelos (nº 2.472) no es tajante. Y es que, entre los usos no admitidos, la norma señala: “Hotelería, centros comerciales y de diversión (discotecas, bares, etc.)”. A este respecto, Ruda sostuvo que ese “etc.” no es claro.

Además, indicó que Garden Island no sería una discoteca ni un bar, por lo que la legislación actual no le permitiría negarles la autorización. “Sí podemos suspender una de esas fiestas si no piden autorización”, aclaró.

Para la autorización, la Municipalidad pidió que el evento cuente con seguridad privada y seguro de responsabilidad civil. Se sellaron 1.000 entradas y Garden Island S.R.L. debió pagar una tasa en concepto de espectáculo público (siete por ciento por el valor de cada entrada vendida).

Cuestión ambiental y poder de policía

Hasta ahí los datos. Pero el asunto es mayor que solo eso. Nuestro semanario pudo saber que autoconvocados y grupos ambientalistas repudiaron este accionar. Por ejemplo, el integrante de El Paraná no se toca, Pablo Cantador, dijo sentir “tristeza e impotencia” por la medida tomada por la Municipalidad de Victoria. Incluso, opinó que esto “legaliza lo ilegal”.

Asimismo, hay otra cuestión: el poder de policía de Victoria en las islas. Tal poder es meramente dialéctico, pues la ciudad no cuenta con los recursos necesarios para ejercerlo. Altas fuentes municipales nos comentaron una anécdota bastante peculiar. Una vez habrían intentado detener con solo dos policías una de estas fiestas, donde asisten entre 1.500 y 2.000 personas (si no más), pero lejos de asustarse u obedecer, los festejantes habrían dicho que mejor se retiren ellos (los policías y las autoridades municipales) o habría problemas. El cuento termina con que no pudieron detener la fiesta.

Más allá de que no pudimos comprobar la veracidad de esta “anécdota”, sí podemos decir que no es inverosímil. En efecto, la Municipalidad no cuenta con los recursos necesarios para ejercer el poder de policía en la isla: ni desde el punto de vista legislativo ni desde el punto de vista del personal necesario.

Pedidos a la Provincia

Con respecto a la legislación, Ruda dijo que este año trabajarán para pedir modificaciones en ordenanzas y leyes provinciales. De hecho, aseguró que están en estudio varias propuestas. Debido a esto, la Asesoría Letrada, la Secretaría de Producción y Ambiente, y la Dirección de Turismo trabajan para homogenizar criterios y defender los intereses de la Municipalidad.

Por otro lado, Ruda comentó que le plantearon pautas para celebrar un acuerdo de competencias concurrentes con el gobierno de la provincia a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero. Desde la Municipalidad se pidió la regulación sobre el uso y tenencia de la tierra insular y el control sobre: las construcciones, explotaciones comerciales, puertos fluviales que unen las islas con Rosario, tránsito automovilístico en el viaducto y en islas, fiestas electrónicas en islas o discotecas permanentes, extracción de arena y otros áridos.

Para esto se pidió contar con naves adecuadas para transportar el personal, una planta de personal dedicada exclusivamente a la zona islas y un vehículo automotor para la realización del control vial. Incluso, se requirió la colaboración de la policía de la provincia, lo que implicaría contar con una dotación permanente mayor en la zona, apoyo en los operativos e inteligencia para detectar los lugares donde se producen las infracciones.

En definitiva, este tópico que se viene repitiendo hace algunos años abarca varios ejes. Los ambientalistas critican los daños que producirían estas fiestas. Las ordenanzas están tan mal hechas que figura un liberador ‘etcétera’. Desde la Municipalidad dicen que no pueden prestar los servicios de control en la isla por falta de personal y recursos. Están en estudio modificaciones a normas locales y provinciales. Mientras tanto, se realizan fiestas de forma irregular y, ahora, una lo hará con el pulgar arriba del Ejecutivo.

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