La Justicia pidió más botones antipánico

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El reciente femicidio ocurrido en Victoria abrió un abanico de medidas que,
lamentablemente, fueron alentadas por este hecho luctuoso que movilizó a diversos sectores de la sociedad.

No es casual que, después de tal repercusión, se haya decidido avanzar con más número de botones antipánico. Aplicaciones bajadas a un dispositivo celular no son la solución a estas circunstancias de agresión a la mujer, o no previenen la violencia dentro de una relación tóxica, pero son elementos a la mano para aplicar con criterio y donde la Justicia hizo lugar a la demanda social.

“La idea del botón antipánico es bien sencilla. Se trata de un trabajo conjunto entre Juzgado de Familia, Policía y Municipalidad, donde esta última contribuye con las herramientas tecnológicas para que esa persona que es víctima de violencia (en cualquiera de sus formas) tengan un recurso más ante un contexto de agresión”, precisó el Ingeniero en Sistemas Francisco Garcilazo a Paralelo 32, y añadió que es el Juzgado quien dictamina a quién y en qué circunstancias se le debe proveer. “Y una vez instalado por personal municipal, se monitorea conjuntamente con la policía. Básicamente cuando se acciona, lo que ocurre es una georreferenciación (localización en un mapa virtual) y un llamado al 101. Son dos vías que no necesitan de datos en el dispositivo para funcionar”, dijo.

Garcilazo trajo a colación que justamente para ese monitoreo puntual, la Municipalidad de Victoria le donó a la Policía Departamental una computadora totalmente equipada.

Asimismo, fuentes judiciales nos hicieron saber que la solución de las tobilleras de alerta por proximidad —de las que hablamos en anteriores ediciones— son un bien escaso y limitado a quienes están privados de su libertad, o cumplen condena domiciliaria; no habría más de 300 en toda la provincia, y por ello, si se decidiera adoptar este tipo de monitoreo en uno o todos los departamentos de nuestra provincia, llevaría cierto tiempo para su ejecución (tanto logística como monetaria).

El razonamiento que surge de esto, en relación fundamentalmente al costo que demanda tal inversión para proteger a las víctimas, o tener controlado al agresor/delincuente (en el caso de las condenas domiciliarias) es que bien se podría avanzar en que esa persona que tiene el ‘beneficio’ o ha sido condenada por su falta grave, lo pague de su propio bolsillo. Máxime teniendo en cuenta que no respetó la ley, y debe pagar por su afrenta, también en lo económico.

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