La fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, ya no está más al frente de la principal causa por desvío de dineros públicos de la historia entrerriana. El último 29 de abril le envió una nota al procurador general del Poder Judicial, Jorge García, para alejarse del expediente por los contratos legislativos.

En la misiva, según informó Analisis Digital, la fiscal Anticorrupción indicó que había decidido excusarse de la coordinación de la causa por diferentes motivos. “Luego de las primeras semanas de investigación, se determinó la intervención delictiva del contador público Pedro Opromolla, cuyo estudio contable fue allanado el día 3 de octubre de 2018 y fue indagado el día 28 de diciembre de 2018”, dijo en el arranque.

“No se relaciona, sin embargo, mi pedido, con los motivos esgrimidos por los defensores de los imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure (los abogados Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa), quienes han utilizado publicaciones falaces en un medio periodístico sobre el vínculo del nombrado con mi esposo -y, consecuentemente, conmigo-, para -sin ningún interés que los ampare- recusarme en la causa, utilizando estas circunstancias para desgastar mi imagen pública y procurar degradar la investigación penal”, agregó luego.

La fiscal Goyeneche afirmó además que “el vínculo de amistad de mi esposo (no mío) con el señor Opromolla, el contrato suscripto para la inversión en un fideicomiso, o la anterior adquisición al mismo de una parte indivisa de un inmueble, de ningún modo afectan mi primordial deber de objetividad en el rol de coordinación de la investigación fiscal, ni han conmovido de manera alguna el curso de la investigación en la presente”.

“Sin embargo -acotó-, la evolución de la causa determinó la necesidad de realizar medidas de contenido patrimonial con el objeto de asegurar el recupero del producto del delito y la ejecución de las penas pecuniarias previstas en las figuras imputadas. En este contexto, los señores fiscales solicitaron -y así dispuso la señora jueza de Garantías, Marina Barbagelata-, la traba de embargos sobre los bienes de los imputados. Para así disponerlo, los fiscales solicitaron la cautelar sobre todos los bienes registrables informados por los registros públicos de la provincia, y fue así que se dispuso un embargo sobre el 50% de titularidad de Pedro Opromolla, de un inmueble ubicado en calle La Paz N° 236, Oficina “B”, de Paraná”.

Goyeneche agregó en la nota al procurador que “lo que no surgía de la información registral, es que dicho inmueble, que efectivamente fue de titularidad del señor Opromolla, fue adquirido por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017. La traba de la cautelar, me coloca a la fecha en una nueva situación en la causa, en tanto deberé informar adecuadamente de esta circunstancia a la señora jueza de Garantías. Mientras esta situación no se modifique, solicito me dispense de continuar interviniendo en la presente, evitando así que estas circunstancias secundarias, sean utilizadas por sectores interesados para procurar entorpecer la investigación”, dijo luego.

Finalmente, Goyeneche remarcó: “Debo destacar que el cese circunstancial de mi labor de coordinación, no significará menoscabo alguno en el impecable trámite de la investigación que están llevando adelante con total solvencia y probidad los señores fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry”.

Un día después, el procurador Jorge García hizo lugar al pedido de la fiscal Goyeneche tras remarcar en su escrito -que se transformó en un expediente- que los abogados defensores de los imputados intentaron todo el tiempo, demostrar un “incorrecto afán obstruccionista y dilatorio”.

Y acotó: “Es que sin perjuicio de la cuestión formal, en lo sustancial, -tal como ella lo manifiesta-, es casi ridículo que se hubiese intentado la recusación de la señora procuradora adjunta, doctora Goyeneche, quien precisamente por su rol institucional de Coordinación de las causas de delitos de corrupción, el de marras uno de los más graves-, supervisa la actuación de los diversos fiscales actuantes, que pueden fungir de acuerdo a necesidades. Pero por sobre todo -acoto- invocando razones de amistad de su cónyuge con uno de entre los muchísimos imputados, a quien no solo se ha de llevar a juicio, sino que ni siquiera es defendido por los recusantes”.

El procurador García agregó luego: “Diversa absolutamente es la cuestión planteada ahora por la doctora Goyeneche. En efecto, como surge de la compraventa agregada, desde el 9/3/17 no existía ninguna relación de tipo comercial suya con el referido imputado Opromolla, ante la adquisición del 50% de la propiedad originada en uno de los habituales fideicomisos. Huelga recordar que la compraventa es un contrato consensual y que la escritura es solo declarativa a los fines registrales del negocio jurídico. Es entonces, ante la demora injustificable del Registro en la inscripción de aquella compraventa que, en el acto cautelar respecto de los imputados peticionado más de dos años después por el Ministerio Público Fiscal, que aparece erróneamente la consigna del 50% aún a nombre del acusado como objeto del embargo, lo que hace mucho tiempo no refleja la realidad dominial. Se genera entonces para la funcionaria una obligación de oponerse al eventual decomiso, y aún a la mantención del embargo al no ser el encartado ya titular del bien, lo que configura una causal razonable de apartamiento, objetivo, posterior y que nada tiene que ver con los injuriosos pretendidos por los recusantes en su momento. Por lo expuesto, es atendible y razonable hacer lugar a la excusación incoada”, indicó finalmente.

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