La Edad de Plata tiene su habilitación vencida y debe reorganizarse

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Victoria.- Hace un par de semanas informamos sobre la compleja situación de algunos adultos mayores institucionalizados en Victoria. Así, dimos detalles del allanamiento en La Edad de Plata y marcamos que para el correcto análisis de la situación hay que separar la cuestión judicial de la administrativa. Nuestra publicación (replicada por varios medios) causó en la provincia una repercusión que hubiésemos preferido que no se produjera, por aquello de ‘lo que sucede en casa debe quedar en casa’, pero al interés público lo provocan los hechos y no la información sobre los mismos.

La fiscal

Con base en lo anterior, la fiscal que investiga la causa, Flavia Villanueva, dijo esta semana a Paralelo 32: “Luego de haberse llevado adelante el allanamiento, me contacté con la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira, y coordinamos durante el fin de semana [pasado] la intervención de los ministerios de Desarrollo Social y del ministerio de Salud, a cargo de Sonia Velázquez.  El 14 de julio se hizo presente en la residencia La Edad de Plata el doctor Esteban Sartore [médico gerontólogo, coordinador general de la unidad ministerial de políticas y programas de personas mayores, dependiente del Ministerio de Salud], a fin de llevar a cabo una auditoría. También, vino una arquitecta y una asistente social del ministerio y se solicitó la colaboración del hospital Cúneo. De esta manera, tomó intervención la enfermera Diana Broin, que es la jefa de la división de enfermería, y la enfermera Sandra Muñoz, que es una supervisora interina”.

Seguidamente, Villanueva contó a nuestro medio que las personas mencionadas realizaron el control y la observación del cuidado que reciben los residentes de la institución. “Cuando ellos hicieron el relevamiento había 28 adultos mayores; cuando había ido la médica forense había 29, pero uno fue hospitalizado. Se informó que había 14 personas para la asistencia de los adultos mayores. De estos 14 asistentes, una es auxiliar de enfermería matriculada, otra es una cuidadora domiciliaria, y los otros 12 asistentes no tienen formación en cuanto al cuidado de adultos mayores. Eso es lo que informó el doctor Esteban Sartore”, detalló la fiscal.

“Lo más importante es que informó [Sartore] que la institución requiere reorganización, acompañamiento y seguimiento continuo por parte de un equipo interdisciplinario. Además, mantuvo diálogo con los adultos mayores y estaban tranquilos, el estado general es bueno. También, informó que los adultos mayores no cuentan con asistencia kinesiológica, excepto cuando un familiar contrata un kinesiólogo. Los adultos mayores tampoco realizan actividades extras de recreación o terapia ocupacional”, profundizó la fiscal.

“Sartore concluyó y sugirió que el cuidado de adultos mayores debe realizarlo personal capacitado, que esté formado y concientizado en la labor que realiza. En lo que refiere a La Edad de Plata hay que trabajar en la capacitación del personal, esto es un requisito imprescindible. De esta manera, dijo que se organizarán capacitaciones para tratar de paliar las fallas que han encontrado tanto en la parte de formación del personal como en la parte edilicia y demás cuestiones que hay que ir resolviendo. Asimismo, remarcó la importancia del acompañamiento de las familias, aunque en este momento de la pandemia eso está complicado porque no pueden tener contacto con los adultos mayores. Lo importante es que, más allá del avance de la causa penal, los ministerios de Desarrollo Social y de Salud han tomado intervención y se va a actuar para corregir las falencias que han notado” comentó.

Desde la provincia

A su vez, en diálogo con Paralelo 32, Sartore remarcó la importancia de generar instancias de capacitación, actualización y formación de la gente que está al cuidado de adultos mayores. Por otro lado, contó que La Edad de Plata tiene su habilitación vencida y que debe regularizar esta situación.

“Clausurar una residencia geriátrica genera un daño en los adultos mayores. Muchos ya se sienten parte de la residencia y han constituido una familia, por decirlo de alguna manera. Entonces, se debe realizar un proceso para que se regularicen las situaciones”, opinó Sartore.

En la continuidad del diálogo, el coordinador general de la unidad ministerial de políticas y programas de personas mayores remarcó que en La Edad de Plata falta personal capacitado, que el personal no estaba utilizando las máscaras de protección, que se deben reubicar las camas (ya que están mal dispuestas) y que hubo problemas con las luces de emergencia. “Es importante remarcar que los municipios son quienes se encuentran en los territorios y deben hacer un seguimiento estricto de todas las normas de seguridad. Ésta es la función, también, del Área del Adulto Mayor de Victoria”. Llegado a este punto, Sartore dijo: “Fui recibido por el doctor Picchi [director de Salud Municipal], estuve charlando con el intendente Domingo Maiocco, y estuvimos trabajando para que se regularice esta situación. Cuando el gobernador dice que no sirven de nada los decretos si no se cumplen, bueno, en el municipio pasa lo mismo con las ordenanzas. Las habilitaciones comienzan en los municipios, que velan por toda la parte edilicia de los adultos mayores, desde las normas de seguridad. Después de eso, actuamos y trabajamos los ministerios para la parte de tipo profesional. En esta situación se debe trabajar en equipo”.

Desde la Municipalidad se estudia crear una nueva norma legal

El médico gerontólogo, coordinador general de la unidad ministerial de políticas y programas de personas mayores, dependiente del Ministerio de Salud, Esteban Sartore, revisó el geriátrico y se encontró con la mayor parte del personal sin capacitaciones específicas y con la necesidad de realizar reorganizaciones.

Ahora bien, ¿qué pasará con La Edad de Plata? ¿Corresponde que la municipalidad se haga cargo del lugar? ¿Se va a clausurar? Para responder éstos y otros interrogantes, el asesor letrado de la municipalidad, doctor Eduardo Ruda, dialogó con Paralelo 32 y acompañó cada argumento con legislación existente.

En primer lugar, señaló: “Resulta claro que la competencia para la habilitación y control de los geriátricos de nuestra ciudad es del Ministerio de Desarrollo Social (para la habilitación y control) y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Entre Ríos (para las cuestiones sanitarias). La municipalidad sólo habilita la parte comercial y controla: el estado del edificio, las instalaciones eléctricas, de agua, cloacales y, eventualmente, la cuestión bromatológica”.

Asimismo, desde la asesoría letrada se marcó que, en 2005, no había legislación local sobre el tema. Entonces el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza Nº 2400, que tiene por objeto “regular el funcionamiento de los institutos geriátricos particulares, con la finalidad de asegurar un mejor bienestar físico y psicológico con orientación gerontológico y geriátrica para los usuarios y/o residentes”. Sobre esto, Ruda comentó que la ordenanza nunca fue reglamentada, por lo tanto, nunca tuvo una aplicación estricta y su texto “no resulta totalmente operativo”.

Luego, en 2007, la provincia sancionó la ley 9283, mediante la cual se creó el “sistema de tipificación, normatización y reglamentación de prestaciones y servicios gerontológico y geriátricos de la provincia de Entre Ríos, los cuales se regirán por las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación”. Recién en 2010 se reglamentó esta ley mediante el Decreto Nº 3090/10.

“El artículo 7 de la ley 9283 establece claramente que: «La habilitación para el funcionamiento de las Instituciones y/o servicios gerontológicos y/o geriátricos deberá realizarse mediante un acto administrativo expreso producido por la autoridad competente (…)»”, remarcaron desde la asesoría letrada. En añadidura, hay que tener en cuenta que el decreto reglamentario Nº 3090/10, en su artículo 4, define cuál es el área competente del Ministerio: “Para las Instituciones y/o Servicios Gerontológicos, la autoridad competente es el Ministerio de Desarrollo social, Empleo, Ciencia y Tecnología de la Provincia, a través de la Dirección de Interacción Comunitaria, quien será  responsable de la habilitación, control y supervisión de los mismos, así como de velar por la observancia de la presente ley. Respecto de las Instituciones y/o Servicios geriátricos, la misma función estará a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Dirección de Atención Medica”.

Con base en lo anterior, el asesor letrado concluyó: “Es decir que las disposiciones de la ley 9283 y su decreto Reglamentario No. 3090/10, derogaron en los hechos el dispositivo local de la Ordenanza No. 2400, puesto que ambos tienen por objeto regular la misma situación, y la aplicación de ambas a la vez resultaría incompatible. O habilita, controla y supervisa la provincia, o lo hace la municipalidad. No pueden hacerlo ambas jurisdicciones a un mismo tiempo. La derogación es una figura jurídica a través de la cual una norma posterior deja sin efectos una anterior. Y esto es lo que, efectivamente, ha ocurrido con la Ordenanza 2400. No podía regular cuestiones relacionadas con los geriátricos de Victoria, porque con posterioridad a esa regulación la impuso una Ley (norma de jerarquía mayor) de la provincia”.

Área del Adulto Mayor

La ordenanza que creó el Área del Adulto Mayor (Nº 3855/19) en Victoria fue aprobada por unanimidad en octubre de 2019. Respecto de la ordenanza, que se impulsó a través del pedido de la banca ciudadana por parte de la psicóloga Stella Cístola y la enfermera Diana Broin, Ruda dijo: “Esta ordenanza se sancionó con un claro error conceptual y de estudios previos, los cuales hubieran advertido a sus autores, que la aplicación de la ley 9823 derogaba las atribuciones municipales que contenía la Ordenanza No. 2400. Por lo tanto, el objeto de la Ordenanza Nº 3855 resulta inaplicable, puesto que la competencia sobre las cuestiones relativas a los geriátricos es de la esfera provincial”.

Además, agregó: “Más llamativo resulta aún que las atribuciones descriptas en los incisos de la Ordenanza Nº 3855/19 [ordenanza que creó el Área del Adulto Mayor] exceden largamente el tema del control de los geriátricos (que se indica como el propósito de la creación del área), para adentrarse en lo que podemos indicar como la verdadera función que debe tener el Área del Adulto Mayor, que es ocuparse en general de todos los adultos mayores de la ciudad (en general en condición ambulatoria) y no exclusivamente de aquellos que se encuentran institucionalizados en los geriátricos”.

Incluso, desde la asesoría letrada se informó que un equipo interdisciplinario de la Municipalidad de Victoria se encuentra estudiando el texto de una nueva norma legal, “que resulte clara y reglamentaria de los temas de competencia municipal, relacionados con los adultos mayores”.

Seguidamente, Ruda sostuvo que los temas relacionados con la habilitación, control y supervisión de geriátricos en Victoria “no son de competencia del Área del Adulto Mayor de la Municipalidad de Victoria”.

“Los servicios que presta el geriátrico La Edad de Plata, son controlados y supervisados por organismos provinciales. La relación entre dicho instituto y los familiares de los internos es de carácter particular y entre privados. Tal es así que, a este instituto, no pueden ingresar funcionarios municipales, sino que sólo pueden hacerlo los familiares”, puntualizó.

“No existen actos administrativos por los cuales la Municipalidad de Victoria haya asignado personal que se desempeñe en el geriátrico en cuestión. Aparentemente, hace algunos años y en una administración anterior, el Intendente «de palabra» mandó a dos agentes municipales a desempeñarse en ese lugar, situación que no es regular y va a ser revisada. De todos modos, tal circunstancia no compromete al municipio por los actos del geriátrico”, narró. Por último, finalizó: “El equipo interdisciplinario que se encuentra analizando la situación ha sugerido que, en caso de que se produzca la clausura del geriátrico, la Municipalidad de Victoria declare la emergencia en ese sector y tome todas las medidas que considere necesarias, entre las que no se encuentra la de hacerse cargo de esa institución para darle continuidad. En tal sentido, ya se tiene detectado algunos casos en los cuales los familiares no retirarían a los ancianos para reubicarlos en otro geriátrico local o de otra localidad. Para tales casos, la municipalidad de Victoria se ocupará de llevar a estos ancianos a un lugar adecuado, abonando los costos de traslado e internación por el tiempo que resulte necesario”.

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