La homofobia y la transfobia cobra vidas: 1.292 en cinco años y medio en América Latina, según el informe ‘El prejuicio no conoce fronteras’ publicado por Sin Violencias LGBT. Eso significa que 20 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas cada mes entre 2014 y 2020.

Esta es la cara más oscura de la discriminación contra las personas LGBT+ en la región latinoamericana, una región muy dispar en cuanto a la protección de los derechos de las diversidades sexuales y de género. Y es que los asesinatos son solo la punta del iceberg de una discriminación mucho más estructural.

Las relaciones homosexuales siguen estando penadas en nueve países de América Latina y el Caribe, entre los cuales destaca Jamaica y Guayana. Solo en cuatro países (Bolivia, Ecuador, Cuba y México) se protege de manera explícita en la Constitución a las personas LGBT, mientras que el matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo solo se reconocen en siete.

Por otra parte, hay 11 estados latinoamericanos y caribeños que reconocen las agresiones contra las personas diversas como crímenes de odio, y 14 que incluyen legislación para protegerlas de la discriminación laboral.

Sin embargo, las leyes todavía no logran proteger de manera efectiva a la población LGBT+ en América Latina, como demuestran los casi 1.300 asesinatos registrados en cinco años. La mayoría de homicidios sucedieron en Colombia, el país con más ataques registrados (542) y México, que fue escenario de 402 asesinatos. Honduras, por su parte, presenta la proporción de homicidios más alta, 164, respecto a su población.

El informe de Sin Violencias LGBT recuerda que, para las personas diversas, «el espacio público muchas veces es un lugar vetado». «La visibilidad de su identidad y expresión de género es interpelada frecuentemente con insultos y burlas que hacen difícil el uso cotidiano del espacio abierto», agrega.

Y es que la opinión pública sobre la población LGBT+ sigue siendo mayoritariamente negativa. Según los datos de la Vanderbilt University, recopilados entre 2016 y 2017, más del 62% de la población de América Latina y el Caribe «desaprueba con fuerza» el matrimonio igualitario. De hecho, hay solo cinco países donde los que se oponen a este derecho no superan el 50% de la población: México, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

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La pandemia de Covid-19 endurece la vida a las personas LGBT+

Ante una situación ya compleja para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus llegó este año para profundizar en las discriminaciones contra estos sectores de la población.

En medio de una pandemia como la actual, el acceso a la salud puede salvar vidas. Sin embargo, las personas LGBT+ suelen tener dificultades a la hora de acudir a los servicios de salud, donde muchas veces son discriminadas. Sin ir más lejos, hace unas semanas murió una mujer trans en Colombia, Bogotá, con síntomas compatibles con el Covid-19, después de que los operarios de una ambulancia se negaran a atenderla.

Pero no es la única arista de esta crisis que afecta más profundamente a las personas LGBT+. El impacto económico de la pandemia las golpea especialmente: «reconocemos que la mayoría de las personas LGBTI+ laboran en el sector informal y sin cobertura médica, y ante esto es indispensable adoptar medidas, públicas y privadas», recomendaba la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés).

De hecho, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció al respecto: «preocupa a la CIDH que algunas de las disposiciones adoptadas en los Estados de la región puedan conllevar riesgos para los derechos de las personas LGBTI (…) y derivar en actos de discriminación y violencia basados en el prejuicio».

Eso no significa que en este mismo periodo no se hayan alcanzado algunos logros: sin ir más lejos, el 25 de mayo Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en permitir el matrimonio igualitario gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el matrimonio entre personas del mismo sexo solo es un indicador de la situación de discriminación o tolerancia en un país, pero no garantiza los derechos de todas las siglas LGBT+, ya que no implica necesariamente una mejora para las personas trans y no cubre otros tipos de violencias, como las agresiones o la discriminación laboral. Discriminaciones que todavía están extendidas por toda América Latina y el mundo.

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