Argentina (Por Hernán Cappiello-Medio Ambiente).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó por unanimidad a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos y a los municipios de Rosario y Victoria que formen un Comité de Emergencia Ambiental para enfrentar los incendios irregulares que se vienen produciendo en el cordón de islas que están frente a la costa de la ciudad de Rosario. Además, el tribunal pidió que le informen en 15 días los avances que realizaron.

La decisión de la Corte, que se da en un momento de máxima tensión con el Gobierno nacional que quiere reformarla y modificar su funcionamiento, pone el dedo en un área sensible al ministerio de Medio Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, y señala el territorio gobernado de Axel Kicillof como parte del conflicto.

De hecho, la reacción de Cabandié ante los focos de incendio fue culpar a los productores agropecuarios por el «ecocidio». Aseguró que los responsables son «los productores de la zona que están quemando los pastizales para mejorar el forraje» y se mostró convencido de que, para resolver el problema, la justicia debe detenerlos y apresarlos.

La Corte encuadró el asunto como un caso de emergencia ambiental que exige que «los incendios deban detenerse y controlarse de inmediato» y que la justicia fiscalizará que el Estado cumpla con el poder de policía. Sostuvo la Corte que la actividad de quema de pastizales, y los incendios, no ha desaparecido sino que parecen haber aumentado.

Por lo que estimó que hay una «afectación severa de un recurso ambiental o ecológico»; que hay una «efectiva degradación ambiental o afectación del Delta del Río Paraná, que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad» y que su conservación es prioritaria.

Por eso, emplazó al Ministerio de Medio Ambiente que dirige Cabanbié y a Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las municipalidades de Rosario y Victoria, a que en 30 días le envíen un informe sobre el asunto.

El máximo tribunal se declaró competente para conocer en una acción de amparo colectivo ambiental contra el Estado Nacional, promovida por la asociación civil Equística Defensa del Medio Ambiente, que abarca también a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria.

La Corte ordenó que ese Comité adopte medidas para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares, en la región del Delta del Paraná y que para ello utilice las bases del Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná de 2009.

Dispuso que en 15 días corridos, presenten al tribunal un informe sobre el cumplimiento de la medida, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas.

La Corte consideró que existen suficientes elementos para tener por acreditado que los incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población.

Señaló además que no se trata de una quema aislada de pastizales, sino del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.

Destacó que el Delta del Paraná es un inmenso humedal y, como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, es un ecosistema vulnerable que necesita protección. Expresó que el peligro concreto sobre el ambiente se configura porque, con estos incendios, se causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná, además de resultar también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como la ciudad de Rosario.

Concluyó en que existe prueba suficiente, y de carácter público y notorio, de que los incendios irregulares, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente.

Recordó que esta situación no es novedosa, ya que en 2008 el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, se habían comprometido formalmente a la elaboración de un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná.

Allí se previó «encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática vinculada a los incendios» que afectaron diferentes zonas del Delta del Paraná, así como la promoción de procesos para armonizar la conservación y el desarrollo sostenible de ese territorio.

En ese plan se creaban un comité entre todas las jusrisdiciones para coordinar las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos enunciados entre las provincias y municipios con competencia territorial en el área del Delta del Paraná.

Sin embargo, puntualizó la Corte que resulta evidente que estas medidas no han logrado una solución perdurable en la zona.

Respecto de encuadramiento legal, la Corte afirmó que la cuestión planteada está contemplada en diversas normas de control de actividades de la quema, en la ley de protección de bosques nativos, en las leyes de protección ambiental en materia de incendios; la ley de Protección de los Humedales y los tratados internacionales sobre el cambio climático.

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