La Comisión de Agricultura y Ganadería busca avanzar en el debate sobre la nueva Ley de Biocombustibles

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados está en proceso de definir una nueva fecha para retomar el análisis del proyecto de ley sobre biocombustibles, una normativa que ha generado gran expectativa y debate en distintos sectores productivos del país. La necesidad de una nueva legislación cobró mayor relevancia tras los recientes reclamos del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien insistió en la importancia de impulsar cambios en esta área.

La próxima reunión, que se espera se realice en los primeros días de octubre, contará con la participación de sectores que hasta ahora han manifestado disconformidad con el proyecto en discusión. Entre ellos, se destaca la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), cuyos representantes argumentan que la actual propuesta pone en riesgo las inversiones realizadas por pequeños y medianos productores de biodiésel.

Intereses en conflicto

En el encuentro anterior, que tuvo lugar el 20 de agosto en el Congreso, participaron los miembros de la Liga Bioenergética, una agrupación que reúne a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy, todas alineadas en favor de un marco legal que incremente el porcentaje de corte de biocombustibles. En ese evento, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto al ministro de Servicios Públicos, Fabián López, defendieron una mayor inclusión de biocombustibles en la matriz energética. Llaryora destacó que “el país necesita encender nuevos motores de la economía” y que el sector agroindustrial no debe ser el único generador de divisas. Córdoba ya aplica cortes más altos, con un 17% de etanol y un 20% de biodiésel, por encima de los estándares nacionales.

Sin embargo, Cepreb ha expresado serias preocupaciones. El principal argumento de este sector es que el proyecto, en su forma actual, favorece a grandes aceiteras y empresas de Santa Fe, que cuentan con ventajas logísticas al estar cerca de los puertos, lo que les da una posición más competitiva frente a las pequeñas y medianas empresas del interior profundo, como las de Buenos Aires, San Luis y La Pampa. Además, se teme que las grandes compañías, originalmente orientadas a la exportación, aprovechen la normativa para volcar su producción al mercado interno, lo que afectaría gravemente a las PYMEs.

El desafío de consensuar

Ante estos reclamos, la comisión presidida por el diputado entrerriano Atilio Benedetti ha decidido convocar a un nuevo encuentro, con el objetivo de escuchar las objeciones y trabajar en un proyecto que contemple los intereses de todos los sectores involucrados. El desafío es llegar a una propuesta que sea viable en el Congreso y que tenga el apoyo tanto de los grandes productores como de los pequeños y medianos.

Contexto político y futuro del sector

Además de las tensiones entre los distintos actores del sector, el futuro de la ley de biocombustibles está condicionado por el panorama político nacional. Existen preocupaciones respecto a la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei implemente una desregulación total del sector, lo que podría implicar que las petroleras dejen de estar obligadas a comprar biocombustibles. Este escenario, según advierten desde la industria, sería el peor de los desenlaces posibles, ya que pondría en riesgo la supervivencia de muchas empresas vinculadas a la producción de biodiésel y etanol.

En este contexto, la búsqueda de un acuerdo que permita impulsar una nueva ley resulta crucial para garantizar un marco regulatorio que fomente la inversión y el crecimiento del sector de los biocombustibles, clave para la diversificación energética en el país.