El gobierno entrerriano “está cometiendo uno de los errores más garrafales con la privatización del Sistema de Crédito de Entre Ríos Sociedad Anónima (Sidecreer), porque la está entregando a los usureros, quienes, muchos, están incrustados en el propio gobierno desde la gestión anterior”, como el ex titular de la tarjeta, Juan José Canosa; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri; y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, entre otros.
En ese sentido, apuntó que “Bordet es cómplice de toda esta situación”, e indicó que “con la privatización está encubriendo la gestión anterior”, que fundió una compañía rentable: “Se entregará una tarjeta que tiene un movimiento total en el orden de los 80 millones de pesos mensuales, que tiene un saldo a favor, una comisión, de la tarjeta de 12 millones de pesos, de los que 3,5 millones cubre sueldos y cargas sociales y un millón es para gastos de funcionamiento, por lo que le quedaría un saldo de más de 7 millones de pesos de ganancia por mes”.
Para el abogado, “quieren el poder para hacer negocios; se quieren quedar con la tarjeta y también con el hospital de La Baxada, que esperemos que el Pami no lo afloje”.
Lo que ocurre en Entre Ríos “es corrupción fidedigna que se juntó y obtuvo, por distintas vías, lo que es un acto lesivo a los intereses del Estado, por lo que el Estado debería plantear una acción de lesividad y parar de forma urgente la privatización, pero acá están todos ‘entogados’ (los de la gestión anterior, los de la actual, el Fiscal del Estado y el presidente de la Cámara de Diputados)”.
En ese marco, denunció que el pliego de licitación está preparado para que la empresa se la quede un socio clave del urribarrismo y su delfín, Gustavo Bordet: “Está muy bien diseccionado para que se pueda presentar (Walter) Grenón a través de uno de sus bancos, mutuales u organizaciones financieras que tiene”.
