Jubilados y empleados públicos esmerilados por la inflación

Hay algunas paradojas en la administración pública nacional, en las que sin dudas el ministro no cae por falta de conocimiento o capacidad sino por desesperación. Por ejemplo, la forma de licuar el gasto público que tiene el ministerio de Sergio Massa es aumentando los salarios públicos y las jubilaciones por debajo del índice de inflación, y de yapa demorándolos tres meses. La paradoja, entonces, es que, con este esquema, necesita la inflación que esperamos controle y detenga.

Los empleados tienen sus sindicatos y mesas paritarias donde defender lo suyo, pero no los jubilados, de manera que a ellos nos referiremos.

Según datos oficiales, la movilidad, es decir el aumento acumulado de este año para jubilados y pensionados de mínima, se habrá inflado un 72,5% al cerrar diciembre, cuando se le sume el 15,62% del trimestre julio-agosto-setiembre, a la sombra de un costo de vida que superará ampliamente el 90% (variación interanual). Y los bonos ocasionales son dádivas que pretenden sustituir derechos.

Para cotejar con números propios hemos tomado recibos de dos jubilaciones superiores al valor de dos mínimas (que no reciben bonos extra). Cuando se compara octubre 2021 contra igual mes de 2022, arroja un aumento de 67,23%, mientras que la inflación acumulada en igual periodo es del 76,6%. Se observa una pérdida del 9,7% en ese segmento de ingresos más altos (son los que de verdad aportaron) y por ende más castigados.

A esa pérdida se suman los retrasos por reajustes trimestrales en medio de alta inflación mensual, porque el patrón Estado siempre va retrasado con los aumentos. Recién en diciembre los pasivos percibirán el aumento calculado sobre el tercer trimestre del año (15,62%), mientras tanto habrá transcurrido el cuarto trimestre (en curso) donde la inflación se aceleró y será muy superior a ese 15,62%. Y el reajuste por la variación salarial desde setiembre a diciembre se pagará al finalizar marzo del 23.

En cambio para las arcas del Estado, todos los bienes de consumo que aumentan hoy significarán a fin de mes una mayor recaudación en IVA, impuesto al cheque, ganancias y otros. Mientras tanto, el que pagó más caro esos productos, si es empleado público o jubilado, deberá esperar tres meses a recibir su parte en forma de reajuste o actualización.

Por supuesto que, desde la última reforma del sistema previsional, realizada por el actual gobierno, los haberes de los pasivos no se actualizan por inflación sino por un cálculo distinto; 50% en base a los mayores ingresos en Anses y 50% por promedio de variación de los salarios del país. Si ocurriera una caída del empleo en blanco, que bajaría la recaudación de Anses, los jubilados quedarían colgados del pincel, retrasándose aún más con respecto a la inflación.

Así es como se va deteriorando progresivamente la situación de los jubilados nacionales, sumando presión a la gran caldera del diablo. A los de mínima se les aumenta más pero siguen siendo montos miserables, y a los que perciben mas de dos mínimas se los castiga “por ricos”. Esto hará crecer la litigiosidad, situación que a ningún gobierno puede preocupar a corto plazo porque los fallos pueden tardar hasta veinte años, pero deberían preocuparse por la tremenda crisis humanitaria que ya está aquí, y la reacción social podría ser más rápida.