Política y economía
Intervención en el Iosper: Marina Alegre defiende la medida para sanear el déficit y las irregularidades administrativas
La subinterventora del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Marina Mariana Alegre, respaldó la intervención dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio mediante el decreto N° 3675. La medida, según explicó, responde a la detección de graves irregularidades administrativas y a un déficit financiero mensual de 2.000 millones de pesos, que actualmente es cubierto con fondos del tesoro provincial.
En declaraciones al programa La Mañana de La Red (88.7) de Paraná, Alegre explicó que la intervención busca resolver problemas financieros y mejorar las prestaciones para los afiliados. "El déficit y la deuda acumulada se van a modificar en base a la auditoría que estamos realizando. Los montos totales serán comunicados por el gobernador", afirmó.
Déficit, irregularidades y medidas correctivas
Marina Alegre señaló que al asumir encontraron procesos administrativos ineficientes que generaban mayores costos para la obra social. "No necesariamente hablamos de ilícitos, pero sí de gestiones que terminan encareciendo los servicios, como los amparos judiciales que surgen por falta de respuesta oportuna a los afiliados", detalló.
Además, mencionó casos específicos de irregularidades en compras a proveedores que evidenciaron problemas en los circuitos administrativos. "Por ejemplo, si el agua se compraba a 1.000 pesos cuando al lado costaba 800, está claro que había un impacto negativo en las finanzas", explicó sin brindar mayores detalles.
Alegre enfatizó que no habrá denuncias judiciales contra el directorio obrero que cesó sus funciones, ya que el foco de la intervención es el saneamiento financiero y prestacional. "Nos ocuparemos de actualizar el nomenclador profesional, revisar gastos y buscar formas de optimizar recursos", agregó.
Reacciones gremiales
La intervención del Iosper generó un fuerte rechazo de diversos gremios, entre ellos Agmer, ATE, CTA, APLER y FESTRAM. Estas organizaciones calificaron la medida como arbitraria y llamaron a restablecer la normalidad institucional. Por su parte, UPCN expresó su desacuerdo pero instó al gobierno a abrir canales de diálogo.
Consultada sobre estas críticas, Alegre aseguró que la intervención tiene un plazo definido de seis meses, prorrogable si fuera necesario, y subrayó que la Ley obliga a convocar a elecciones una vez finalizado este período. "No venimos a quedarnos. Estamos aquí para tomar medidas que permitan restablecer el equilibrio financiero y mejorar las prestaciones", afirmó.
Entre las prioridades de la intervención, Alegre destacó la auditoría en curso, las medidas administrativas internas y el abordaje del déficit financiero. "Desde el primer momento se están tomando decisiones para solucionar los problemas de los afiliados y prestadores", concluyó.
