Imputan a siete empresas entrerrianas por cobrar tasas municipales en las facturas de servicios públicos

Entre Ríos – La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación imputó a siete empresas entrerrianas por incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos, una práctica que fue prohibida por la resolución 267/2024, que entró en vigencia el 11 de octubre de este año. Las empresas imputadas son Enersa, Redengas, Gasnea, la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, la Cooperativa de Concordia, la Cooperativa de Servicios Públicos General San Martín de Seguí y la Cooperativa de Servicios Públicos Quebracho de Viale.

Esta imputación forma parte de un total de 95 empresas en todo el país que fueron denunciadas por incluir cargos ajenos al contrato entre el proveedor de servicios y el consumidor. En Entre Ríos, las empresas mencionadas recibieron el reproche por incluir tasas como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas, un concepto que la nueva normativa prohíbe explícitamente. En total, la Secretaría abrió 244 expedientes, uno por cada localidad en la que las empresas cometieron la infracción.

La resolución 267/2024 establece que las facturas emitidas por los proveedores de servicios públicos deben contener exclusivamente los conceptos relacionados con el bien o servicio contratado por el consumidor, sin incluir tasas adicionales como las mencionadas anteriormente. La ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240) señala que el incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones, que van desde advertencias hasta multas millonarias.

Según informaron desde la Secretaría de Industria y Comercio, las empresas imputadas tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo. De no hacerlo, las empresas podrían enfrentarse a sanciones económicas de hasta 2130 millones de pesos, conforme al régimen de penalidades establecido por la Ley N° 24.240.

Reacción de los intendentes

El cobro de tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos ha sido una práctica habitual en varios municipios, particularmente en áreas de seguridad, alumbrado público y mantenimiento de espacios verdes. Los intendentes de diferentes localidades han defendido esta práctica, argumentando que es una necesidad de financiamiento para sostener estos servicios esenciales. Sin embargo, la nueva resolución busca evitar la carga de tasas adicionales sobre los consumidores, considerando que estos cobros son ilegales según el artículo 42 de la Constitución Nacional.

En algunos municipios, especialmente en el Conurbano bonaerense, los intendentes lograron amparos judiciales que les permiten seguir cobrando estas tasas a través de las facturas. No obstante, el gobierno nacional ha señalado que avanzará en la implementación de la resolución y en sancionar a las empresas que no cumplan con la normativa.

Canal de denuncias y seguimiento

Para permitir que los ciudadanos puedan denunciar el cobro indebido de tasas, la Secretaría de Industria y Comercio habilitó el correo electrónico [email protected], a través del cual ya se han recibido 2705 reclamos desde la entrada en vigencia de la resolución. Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, ha subrayado que el cobro de tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos "violaba derechos fundamentales" de los consumidores.

Por su parte, el Gobierno también implementó medidas adicionales, como la obligación de las estaciones de servicio de informar sobre las tasas viales y municipales que se aplican al precio de los combustibles, para evitar mayores costos para los consumidores. Las empresas tendrán 120 días para adecuarse a esta normativa, y aquellas que no lo hagan podrían enfrentar sanciones económicas.