Victoria.- El ex Ingenio Azucarero La Victoria, que perteneció a la firma Soler SA de Tucumán, volvió a ser noticia pero no por el lanzamiento de un proyecto de inversión urbanístico o turístico sino porque quedó pendiente el cobro de honorarios de los síndicos de la quiebra. Los profesionales reclamaban 35 millones de pesos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de 10 años, estimó estos montos en algo más de 700 mil pesos.
Pasada esta etapa, el 9 de diciembre del 2007, un día antes de expirar el mandato del ex gobernador Jorge Busti, se aprobó la transferencia de la planta a la empresa Ketzal SA, con domicilio en Mendoza.
Mediante Decreto N° Nº 7781/07 del 8 de diciembre del 2007, el gobierno aprobó la propuesta económica presentada por la firma mendocina por un monto total de 3.054.156 pesos, que corresponde al 80 % del valor de tasación del inmueble y sus accesorios. El adquirente depositó un 50 % y el resto lo efectivizó en tres cuotas semestrales, la última se efectivizo el 7 de junio del 2009.
En el 2009 la empresa presentó una nota al gobierno municipal de Victoria porque el decreto por el cual se había autorizado la compra establecía que se debía montar una planta para la fabricación de aceite y biodiesel. Esto generó muchos problemas, hubo reclamos de organizaciones no gubernamentales y también de un sector del arco político, todo en el transcurso de la gestión de Cesar Garcilazo. El uso de suelo en ese sector, según la ordenanza (aún vigente), solo permite como destino el uso residencial, recreativo, y turístico. Por otra parte, el Concejo Deliberante en esa oportunidad reforzó el planteo aprobando una norma por la cual no se permitiría una nueva industria en ese sector. Cabe aclarar que estaba en pleno desarrollo el Plan Maestro de la Costa, que incluía a este predio.
Esto generó un impase porque Ketsal no podía cumplir con el destino para el cual adquirió el predio (agroindustria). Se siguió debatiendo y se presentó en la legislatura de la provincia un nuevo proyecto firmado por los directivos de la empresa, modificando el objeto inicial y proponiendo montar un complejo urbanístico y turístico, lo que finalmente fue aprobado por el gobierno entrerriano.
Futuro
Esto generó una marcada expectativa, porque esas 12 hectáreas frente al río (120.000 m2), potencialmente configuran un negocio inmobiliario excepcional. A valores de mercado, en función de consultas realizadas a corredores inmobiliarios de nuestra ciudad, en ese lugar el metro cuadrado ronda los 600 pesos, lo que podría representar para esa superficie unos 70 millones de pesos.
El intendente Domingo Maiocco mantuvo sobre el particular una charla informal el año pasado, en el hotel 5 estrellas de nuestra ciudad, con los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano (Grupo América – Uno Multimedios). Fue en oportunidad en que el gobernador Gustavo Bordet estuvo en Victoria. Al respecto el presidente municipal comentó a Paralelo 32 que los directivos antes mencionados le transmitieron la intención de invertir en el ex ingenio azucarero para desarrollar un complejo urbanístico con sectores para el turismo. Hasta el momento, según expresó, no ha tenido novedades al respecto, ya que no ha sido presentado ningún proyecto en ese sentido, para su evaluación.
Si bien la firma Ketzal no está a nombre de los mencionados empresarios, en una consulta realizada por nuestro Semanario a Miguel Angel Flores, responsable de la Sección Económica del Diario Los Andes (Mendoza), éste confirmó que Vila y Manzano son los operadores. La charla que mantuvo el Intendente también lo corrobora. En esa oportunidad, en función de lo que informó Paralelo 32, el diario Los Andes publicó una nota sobre la inversión de Ketzal en nuestra ciudad, dato que se desconocía en la zona cuyana.
Un poco de historia
La provincia logró resolver un largo proceso judicial que se tramitaba en los tribunales de Tucumán, que comprometía el Estado en un pago de honorarios por 35 millones de pesos aproximadamente, para los abogados que intervinieron en el proceso judicial de la fallida Compañía Azucarera y Alcoholera Soler SA, que inauguró la planta de procesamiento de azúcar de remolacha en 1986 durante la gestión del extinto gobernador Sergio Montiel. El objetivo era producir azúcar a partir de la remolacha y también alcohol. Siempre se sospechó que Soler nunca tuvo la intención sería de producir azúcar sino más bien la de usufructuar de los jugosos créditos promocionales y enterrar ese proyecto para que no compitiera con la principal industria tucumana.
En 1988 la empresa quebró y el Estado provincial era uno de los principales acreedores. Ante esta situación, esta última formalizó la estatización de la planta y la venta en remate público, pero esta fue declarada nula por los tribunales tucumanos. Mediante apelaciones, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia que declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la fiscalía de Estado y tuvo que volver a subastarse diez años después.
Siguiendo el mandamiento de la CSJN, al remate público otra vez lo tomó la provincia y en 2007 el predio fue adquirido por la empresa Ketzal SA, con domicilio en Mendoza. Pero en la Justicia de Tucumán siguió tramitándose un juicio derivado de la causa principal, a través del cual se reclamó el pago de honorarios a los síndicos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo sus propios cálculos para establecer el valor sobre el cual tendrían que calcularse estos montos, llegando a la conclusión de que al abogado Marcos Aníbal Rougés le corresponden 457.684,65 y el contador José Miguel del Carmen 244.098,47 pesos, lo que suma un total de 701.747,12 pesos, para los demandantes que actuaron como síndicos de la quiebra. Esto último es lo que deberá depositar el gobierno provincial ante la justicia.
Mientras esto sucede, sea quien fuera Ketzal, o quienes sean sus mentores, se cree que tarde o temprano concretarán su propósito de una urbanización que representará un negocio multimillonario.
