El presidente de la entidad, Leonardo Herlein, confirmó a diario Uno que desde el lunes no se reconocerá a ningún pasajero beneficios de descuentos especiales o de gratuidad en ningunos de los servicios que prestan las más de 40 empresas provinciales. Afectará los pases sociales, de discapacidad, de policías, estudiantes primarios y de pacientes en espera o trasplantados del Incucai.

Y progresivamente, agregó, se implementará un plan de reducción de frecuencias y horarios. La magnitud de la restricción de los servicios se conocerá recién la semana próxima, cuando se reúnan los afiliados de AETA. Según explicó, aquellas empresas de mayor tamaño comercial, con más personal y más servicios a cargo, serán las que más profundamente comenzarán un plan de reestructuración que afectará a los usuarios, pero que también pone en riesgo decenas de fuentes de trabajo en la región.

El Ministerio de Planeamiento adelantó que en base a lo que dispone el “decreto Nº 810 del año 2013”, habrá “sanciones” para las empresas que decidan instrumentar desde el lunes 12 de mayo el corte de beneficios específicos para usuarios del transporte interurbano de pasajeros, tal como trascendió periodísticamente.

La acción que llevarían adelante las firmas agrupadas en AETA estaría dirigida a exigir una respuesta del Gobierno provincial para que se les otorguen más fondos, ya que según explican, están siendo afectadas por el desequilibrio financiero al que las llevó el nuevo esquema de subsidios determinado por Nación, más lo que consideraron un “congelamiento de tarifas”.

Como ya se informó oportunamente, fue el Ejecutivo Nacional quien decidió “unilateralmente” desde enero de este año, recortar sensiblemente el total de los fondos para este servicios.

En detalle, del 100 por ciento que enviaba a las empresas del transporte público de Entre Ríos, hoy sólo se envían remesas que representan un “16 por ciento” del total, lo que determinó que la Provincia tuviera que hacerse cargo con fondos propios por un total de “350 millones de pesos anuales”, lo que equivale a un “50 por ciento” de lo que antes se destinaba desde el Gobierno nacional.

En otro orden, fuentes de Planeamiento indicaron a la Agencia APF, que la Provincia viene “corrigiendo” con fondos propios “los errores en la liquidación” que cometió la Secretaría de Transporte de la Nación y que terminó evidenciando “disparidades” en la rendición de aportes.

Por todo esto, calificaron de “desproporcionada” y “fuera de lugar” la intención de las concesionarias del servicio público de “afectar a los usuarios con los recortes de beneficios y gratuidades que no son tales – se precisó – porque por cada pasaje sin costo para el usuario, a la empresa se le hace una exención de un porcentaje del impuesto automotor”.

Se añadió asimismo, que la “ampliación” del fondo de compensación al transporte para las provincias y la necesidad de que Nación establezca “una nueva estructura de distribución de fondos” que sea más ordenada y transparente, forman parte de una reciente resolución emanada del Consejo de Ministros del área de todo el país, dirigida al Ejecutivo Nacional.

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