Este lunes 22 de julio, el Grupo de Lima, conformado por gobiernos, principalmente latinoamericanos, que se oponen a la administración de Nicolás Maduro, acordó enviar el informe de la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, Michelle Bachelet, a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bom Bensouda.

El objetivo, según dice la Declaración del Grupo de Lima, emitido tras la XV reunión de los cancilleres de la agrupación, realizada en Buenos Aires, es que el documento “sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos que lleva adelante (la fiscal)”.

En septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú presentaron ante la fiscal de la CPI una solicitud para que abrir una investigación contra Maduro por su presunta violación a los derechos humanos en Venezuela.

A la petición, luego se sumaron Costa Rica, Francia y Alemania. Los solicitantes apelaron al artículo 14 del Estatuto de Roma de la CPI, que establece que un Estado Parte puede demandar la investigación de otro de los adherentes de este tribunal de lesa humanidad.

Informe a otras instancias

Además, proponen que el informe sea discutido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y organismos internacionales.

El documento de Bachelet fue publicado a principios de julio, entre otras cosas, asegura que, “durante el último decenio y especialmente desde 2016”, la Administración del mandatario y sus instituciones pusieron en marcha una supuesta estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

El informe ha sido criticado por Caracas, por estar “cargado de mentiras”; por ello, presentó 70 observaciones al documento.

Investigación a venezolanos

Los cancilleres del Grupo de Lima también decidieron apoyar, a través de sus órganos competentes, “las investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros” del presidente Maduro, que los vincule con “actividades ilícitas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional”.

Además, indagarán sobre el presunto amparo que otorga Venezuela “a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el impacto en la región de dichas actividades”.

También buscarán promover “una amplia investigación del apoyo que se ha brindado al régimen de Nicolás Maduro, a lo largo de los años, por parte de gobiernos y agrupaciones políticas de la región”.

Estas decisiones se incluyeron a pedido de Julio Borges, el representantes del diputado opositor venezolano Juan Guaidó ante esta instancia.

En la cita en Buenos Aires estuvieron, además del canciller argentino, los representantes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Perú, Canadá, Honduras, Panamá, Paraguay y Santa Lucía. Como observadores acudieron Ecuador y El Salvador.

También, hubo participación de una representación de la Unión Europea (UE), liderada por Enrique Iglesias, asesor especial del organismo para Venezuela.

Los participantes, además, dieron nuevamente su espaldarazo a Guaidó y manifestaron “su preocupación por el agravamiento del éxodo migratorio venezolano”.

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