La diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) presentó un proyecto de ley para modificar la ley de drogas y despenalizar el consumo personal de estupefacientes. El texto, redactado y trabajado en detalle con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, estipula una serie de modificaciones en el articulado de la Ley 23.737.

En este sentido, la diputada propone despenalizar la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en línea con numerosos países que despenalizaron el consumo personal de todas las sustancias, tales como México, Portugal, España, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Bélgica, Holanda y el estado de Oregon, en EE.UU.

“Es urgente una reforma de la ley de estupefacientes para lograr armonizarla con la protección de la salud pública y en particular con nuestra ley de Salud Mental. Esto va a permitir, además, implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños. Para lograrlo, el proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y no a conductas privadas de usuarios y usuarias que no significan un daño a la salud pública y cuya persecución, en cambio, significan sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, remarcó Gaillard.

Y agregó: “Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de los usuarios y usuarias, no su penalización, porque ese paradigma ya demostró su fracaso en todo el mundo: los consumos aumentan y también los riesgos asociados a la clandestinidad -con el problema de salud pública que eso implica, como vimos estos días en nuestro país-, obstaculizando el acceso al sistema de salud por temor a ser criminalizado. El proceso penal contra personas que consumen y pequeños eslabones de la cadena de comercialización no es efectivo para erradicar el narcotráfico y sí para castigar grupos sociales vulnerables como mujeres y personas trans en situación de extrema vulnerabilidad que, ni se llevan las principales ganancias, ni son quienes producen el daño en la salud pública a gran escala”.

La modificación de la ley de estupefacientes presentada por Gaillard también propone ajustar la política de drogas en relación al cannabis, otorgándole un estatus jurídico que comprenda su dimensión medicinal, terapéutica y paliativa, reconocida por Ley 27.350, de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta De Cannabis y sus Derivados, y garantice que usuarios y usuarias medicinales y quienes cultiven en forma solidaria, no sean perseguidos ni confiscados los cultivos destinados al uso para la salud. Además, el proyecto de Gaillard propone la despenalización de la siembra y cultivo de cannabis para uso personal, indicando que siempre se entenderá con ese destino, cuando la persona posea hasta 40 gramos de flores y/o semillas y la cosecha o cultivo de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo.

Según Gaillard, “el actual abordaje del modelo prohibicionista abstencionista, que criminaliza a usuarios y usuarias por consumo y posesión de drogas para uso personal, obstaculiza la efectividad de las políticas de salud. La ley 23.737 no comprende el universo real de la problemática e instala la prohibición y la abstinencia desde un abordaje represivo y compulsivo que ha demostrado su ineficacia en todo el mundo”.

El proyecto 5167-D-2021 de Gaillard fue acompañado por la firma de las diputadas y diputados Mara Brawer, Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itatí Hagman, Mabel Caparrós y Lucila Masin.


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