Entre Ríos (APFDigital).- El fallo del STJ dejó sin efecto el decreto que fijaba en 100 metros (terrestre) y 500 (aéreas) las distancias de las fumigaciones en las zonas aledañas a las escuelas rurales y ratificó el fallo del juez Benedetto que lo estableció en 1.000 y 3.000 metros para las aéreas.

Tras ello, el presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía, Gabriel Guiano, reconoció la necesidad de “buscar un nuevo acuerdo porque la realidad es que hoy el sector productivo se encuentra en una situación casi desamparo desde el punto de vista legal”.

“Una cosa es hablar de soja, de cultivos extensivos, pero también hay que pensar en otras economías regionales, principalmente la citrícola y la arrocera, donde la superficie promedio de los productores es muy baja”, precisó.

Como ejemplo citó el caso de la citricultura, donde cada productor tiene entre 15 y 20 hectáreas y con el amparo, se ven afectadas entre 15 mil y 20 mil hectáreas. “El cítrico es un producto perenne. Si tengo una plaga y no puedo aplicar, por ejemplo en estos días que hay mucha humedad y hay muchos ataques de hongos, en una semana pierdo toda la producción del año”, detalló.

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“Hay que pensar un poco más allá de esta batalla sobre la soja y el glifosato, porque estos fallos son tan abarcativos que hablan de prohibición de todo tipo de aplicaciones, engloban mucho más allá de lo que algunos sectores plantean sobre lo más grave de discutir sobre la salud y el ambiente”, agregó.

Para el dirigente la salida al conflicto se puede dar a través de “la modificación de la ley vigente o por un nuevo decreto del gobernador”, pero advirtió sobre la “generación del amparo” en el caso de los decretos. “No todo se debe manejar por amparo, para eso existen los legisladores y las cámaras, para generar legislación regulatoria pertinente”, opinó.

“Hay que ser muy cauto en esto, primero analizar si la herramienta de un nuevo decreto desde el punto de vista legal es viable o si se puede hablar directamente de una nueva normativa o modificación dentro de la ley vigente. Creo que son dos caminos posibles, pero todo en el marco de un consenso amplio”, insistió.

Finalmente evaluó que el conflicto se originó por “un mal diagnóstico”. “La situación venía desde hace un tiempo planteada, y el Estado no tomó parte como corresponde, primero porque no llevó adelante las tareas de fiscalización y control que le están delegadas por la ley, y posteriormente no supo resolver en tiempo y forma el avance de una nueva ley, que terminó caducando en Diputados. Todo esto terminó en este amparo, y cuando salimos de la discusión del legislativo y lo llevamos al plano judicial terminamos complejizando el problema, porque hoy se propone solucionar desde lo judicial, lo que por incapacidad no pudo hacer el Ejecutivo y Legislativo”, razonó.

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